De los nueve estados que renovarán
Gobernador en julio, dos registraron un alza en su deuda pública y otros dos la
dejan en semáforo rojo, todos presentan irregularidades en el uso de recursos
públicos para infraestructura, y tres tienen deficiencias en la implementación
de su Sistema Local Anticorrupción, de acuerdo con datos de la Secretaría de
Hacienda, la Auditoría Superior de la Federación y el Semáforo Anticorrupción
de organizaciones civiles.
Los gobiernos que han gestionado con
más opacidad son, el de Manuel Velasco Coello en Chiapas (PVEM); el de Graco
Ramírez Abreu en Morelos (PRD) y el de Miguel Ángel Yunes Linares en Veracruz
(PRD-PAN), con base en las tres variables revisadas.
Tanto Morelos como Chiapas fueron de las zonas más golpeadas
por el terremoto del 7 de septiembre, por lo que sus sucesores deberán
continuar el proceso de reconstrucción en medio de ese ambiente de opacidad.
En diciembre las organizaciones Impunidad Cero y
Transparencia Mexicana presentaron el Coeficiente TAI para analizar en conjunto
la transparencia, anticorrupción e impunidad de las entidades. En ese estudio, Morelos y Puebla
reportaron el peor desempeño en los tres ámbitos.
El Frente Amplio Morelense de la
Universidad Autónoma de Morelos ha comparado al Gobernador Graco Ramírez con el
ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, encarcelado por
enriquecimiento ilícito.
“Lo que ha hecho es montar su propia
red de corrupción e impunidad, con la creación de empresas fantasmas,
prestanombres, compra de casas y departamentos en el extranjero, compra de
obras de arte, al igual que lo hiciera en su momento Javier Duarte. Hoy reiteramos, cada minuto que te
quedes Graco en el poder, es un minuto más en el que se confirma que eres el
Duarte de Morelos”, expuso en un comunicado.
LOS ESTADOS MÁS ENDEUDADOS.
Los gobernadores de Morelos y Yucatán
elevaron la deuda pública respecto a cuando iniciaron la administración,
revelan cifras de la Secretaría de Hacienda. Además, los mandatarios de Chiapas
y Veracruz la dejarán en semáforo rojo, de acuerdo con México, ¿Cómo Vamos?
Esta organización civil expone que la deuda es un mecanismo
para generar obra pública e inversión que no debe ser abusado. Puede ser
positiva si se utiliza para financiar proyectos que beneficie a los ciudadanos,
pero una deuda demasiado alta genera desconfianza por parte de inversionistas
privados.
El perredista Graco Ramírez Abreu
recibió una deuda pública morelense en octubre de 2012 equivalente al 1.6 por
ciento del PIB (mil 500 millones de pesos) y la elevó 500 por ciento hasta
dejarla en 2.4 por ciento al tercer trimestre de 2017 (9 mil millones de
pesos).
“Su gobierno no lucha contra la
corrupción y la impunidad, las promueve, alienta y hace de ellas política
principal de la administración. Prueba de ello son las acusaciones documentadas
que advierten que la familia de Ramírez desvió más de mil millones de pesos del
crédito aprobado en 2013 por el Congreso local y que ha elevado a 9 mil
millones de pesos la deuda pública de Morelos, empeñando por 30 o 40 años el
futuro de la entidad”,
denunció el Frente Amplio Morelense de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM).
Además, se irá del
cargo sin haber combatido la inseguridad en la entidad, donde se hallaron fosas
clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, pues sigue en los primeros lugares de
incidencia delictiva del país, añadió.
YUCATÁN, MÁS DEUDA.
En octubre de hace cinco años, el priista Rolando Zapata Bello recibió una deuda en Yucatán del 1.1
por ciento del PIB y la entregará en 1.4 por ciento más, esto es casi 4 mil
millones de pesos.
El Congreso de Yucatán aprobó por
mayoría el ejercicio de 580 millones de pesos por parte del Gobierno local para
el 2018 por un plazo de hasta 20 años sin que especificará en qué se invertirá, denunció la Diputada local de
Morena, Jazmín Villanueva Moo. Sólo
indica que serán utilizados para “inversiones público-productivas en el Centro
Internacional de Congresos, por lo que, dijo Villanueva, “se deja en estado de
incertidumbre el destino de los recursos, situación que podría ser muy oportuna
para quien lo pretende ejercer, en un año tan complejo y con un proceso
electoral en puerta”.
CHIAPAS, SEMÁFORO ROJO.
Respecto a las entidades en semáforo
rojo por rebasar el promedio nacional de 2.9 por ciento del PIB, Manuel Velasco
Coello, del partido del tucán, tomó en diciembre de 2012 una deuda pública de
Chiapas equivalente al 6 por ciento del PIB, subió en 2013 a 7.6 por ciento, y
al tercer trimestre de 2017 quedó en 5.7 por ciento del PIB, alrededor de 20
mil millones de pesos.
“El Secretario de Hacienda estatal, Humberto Pedrero Moreno,
ha advertido que muy seguramente el problema sobre el monto general de la deuda
y las tasas de intereses (al 3.4 por ciento) serán heredados a la siguiente
administración estatal, al menos para los dos primeros años de gestión”
YUNES, PROBLEMAS FINANCIEROS.
El ex Gobernador preso, Javier Duarte de Ochoa, dejó a
Veracruz endeudado en 2016 en 5.2 por ciento del PIB. Para septiembre de 2017, diez meses después de asumir el cargo, el
mandatario Miguel Ángel Yunes Linares la tiene en 4.5 por ciento del PIB (46
mil millones de pesos), aún en rojo.
En agosto, Yunes Linares anunció la reestructuración de la
deuda para reducir la tasa de interés ubicada en casi 11 por ciento.
“Se trata de renegociar las cantidades enormes que dejaron de
deuda a Veracruz para lograr mejores condiciones y que de esta manera podamos
ir resolviendo poco a poco el gravísimo problema financiero que enfrenta el
Gobierno del estado”, afirmó el mandatario saliente.
Las otras entidades cuyos habitantes
saldrán a votar este verano mantienen la deuda en semáforo amarillo. Guanajuato
de Miguel Márquez Márquez (PAN) está en 1 por ciento del PIB; Jalisco de
Aristóteles Sandoval Díaz (PRI) en 2.2 por ciento del PIB; Puebla de José
Antonio Fayad (PAN) en 1.3 por ciento del PIB; Tabasco de Arturo Núñez Jiménez
(PRD) en 0.9 por ciento del PIB; y la Ciudad de México de Miguel Ángel Mancera
Espinosa (PRD) en 2.3 por ciento del PIB.
LAS IRREGULARIDADES EN OBRAS PÚBLICAS.
Las nueve entidades a elecciones
registran señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante
la implementación de infraestructura carretera principalmente por “pagos
indebidos”. Sin embargo, Morelos vuelve a destacar luego de que en la autopista
de Paso Express dos personas murieron el año pasado al abrirse un socavón.
Desde la Cuenta Pública 2014 la ASF
alertó que en el Libramiento de Cuernavaca (Paso Express) y el Distribuidor
Vial Palmira hubo pagos indebidos por 25 millones 241 mil 600 pesos y
diferencias en los registros internos de la entidad con respecto a los importes
autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación por 23 millones 411
mil 500 pesos.
En la Cuenta Pública de 2015 volvió a decir que para el Paso Express se autorizaron pagos por 257
millones 698 mil 400 miles de pesos sin que se justificaran los rendimientos de
la mano de obra, materiales y equipos considerados en la integración de los
precios unitarios extraordinarios.
Además, la
inauguración se retrasó cuatro meses y el precio se duplicó al pasar de mil 045
millones de pesos a 2 mil 200 millones de pesos. Pese a todas las
irregularidades y los señalamientos de la sociedad civil y la oposición, el
Secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, rechazó
renunciar. El único funcionario cesado fue el delegado de la SCT de Morelos,
José Luis Alarcón.
En el caso de Chiapas, el Gobernador verde, Manuel Velasco
Coello, ha declarado que con mejores carreteras la entidad “se transforma”, ya
que se acercan los servicios públicos a más habitantes y se facilita el ingreso
y la transportación de productos a todas las regiones.
Sin embargo, para la
modernización de los Libramientos Norte y Sur de Tuxtla Gutiérrez, la Cuenta
Pública 2014 de la ASF observó un pago de 703 mil 800 pesos de volúmenes
mayores y pagos indebidos por 2 millones 256 mil pesos. Para la modernización
de la Carretera Palenque San Cristóbal de las Casas y de la Autopista a la
Frontera desde Comitán, en la Cuenta Pública 2016 no se acreditó que la
contratista realizara el video editado del desarrollo de las obras por un monto
de 82 mil 800 pesos y se detectaron diferencias entre los volúmenes autorizados
y pagados en las estimaciones por el Centro SCT Chiapas por 9 millones 592 mil
400 pesos.
En Guanajuato, entidad gestionada por el panista Miguel
Márquez Márquez, el órgano fiscalizador
halló fallas en la construcción del Libramiento Ferroviario de Celaya y la Vía
Rápida Bicentenario en la Cuenta Pública 2014, 2015 y 2016.
En la Cuenta Pública 2014, detectó que el Centro SCT Guanajuato efectuó pagos indebidos, entre
ellos, de 34 millones 630 mil 100 pesos por la duplicidad de volúmenes en
terraplenes y de 73 millones 898 mil 600 pesos en la fabricación, transporte y montaje
de trabes pretensadas de concreto armado sin el soporte documental de
rendimientos y costo de materiales.
Durante la construcción de la Vía Rápida Bicentenario y
Modernización Doctor Mora, también hubo
pagos indebidos, entre los que destacan, de un millón de pesos por la
diferencia detectada entre los volúmenes pagados por la SCT y los cuantificados
en el proyecto, y de 4 millones 59 mil 400 pesos por falta de soporte
documental en la instalación de alumbrado público y el retiro de árboles.
En la Cuenta Pública 2015, la ASF volvió a detectar fallas en el Libramiento Ferroviario de Celaya
y en la Vía Rápida Bicentenario, ya que se autorizó y pagó 12 millones 749 mil
700 pesos en el concepto de pilotes colados sin justificar el rendimiento y se
pagaron 17 millones 523 mil 600 pesos en la ejecución de un puente inferior
ferroviario inconcluso debido a deficiencias en la planeación y problemas
sociales. Para la Cuenta Pública 2016 siguieron con irregularidades, pues la
SCT Guanajuato no comprobó que la contratista reintegró 35 millones 619 mil 900
pesos, por concepto del anticipo no amortizado. Además, hubo varios pagos de
más, entre ellos, 5 millones 834 mil 200 peso de más a la contratista.
Jalisco, gobernado por
el priista Aristóteles Sandoval, también arrastra fallas desde la cuenta de
2014. Para la vía el Tuito-Melaque, hubo pagos improcedentes por un monto de 7
millones 494 mil 900 pesos. Pero la obra pública que más observaciones ha
tenido en 2014, 2015 y 2016 es la ampliación del Sistema del Tren Eléctrico
Urbano en la Zona Metropolitana de Guadalajara: en total, pagos improcedentes
por 210 millones 376 mil 600 pesos.
En Tabasco, gestionado
por el perredista Arturo Núñez Jiménez, se señalaron irregularidades en la
carretera Villahermosa-Cd. Del Carme en la parte La Pigua-Reclusorio, pues se
determinaron pagos improcedentes por 3 millones 868 mil 400 pesos. En la
carretera Coatzacoalcos-Villahermosa, tramo Reforma-Villahermosa, se pagó una
obra no ejecutada por un monto de un millón 548 mil 300 pesos.
Bajo la gestión de Rolando Zapata Bello en Yucatán, se detectaron fallas en la construcción del Viaducto
Alterno y Obras de Infraestructura en Puerto Progreso en la Cuenta Pública
2014, 2015 y 2016. En total, hubo pagos indebidos por 14 millones 9 mil pesos.
En Puebla, durante el
corto mandato de José Antonio Gali Ayad (arrancó en febrero 2017), la ASF
señaló la obra de mantenimiento del Periférico Ecológico de la Ciudad de
Puebla. Se pagó un monto de un millón 685 mil 300 pesos sin detectar la
existencia de diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en
proyecto., y se pagó una obra no ejecutada por 3 millones 945 mil 800 pesos.
En otra gestión de solo dos años, la de Miguel Ángel Yunes
Linares en Veracruz, el órgano señaló
que en la carretera Boulevard Boca del Río-Antón Lizardo faltó documentación por
un importe global de 8 millones 344 mil 800 pesos de los cuales se acreditaron
recuperaciones por un millón 436 mil 600 pesos.
IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA LOCAL ANTICORRUPCIÓN.
Para la implementación del Sistema Local Anticorrupción los
estados tenían hasta el 18 de julio de 2017. Las organizaciones IMCO,
Transparencia Mexicana y la Coparmex lanzaron el Semáforo Anticorrupción para
mostrar los avances en esta estructura que busca la rendición de cuentas.
Veracruz, manchado por la deuda heredada de Javier Duarte,
aunque tiene la reforma constitucional “satisfactoria”, no tiene la Ley de
Sistema Anticorrupción.
Los estados que han llevado a cabo el proceso de una manera
“regular” son Guanajuato y la Ciudad de México. Una serie de organizaciones
civiles como Fundar, México Evalúa, Borde Político y México Infórmate exigieron
este miércoles designaciones transparentes en el Sistema Anticorrupción de la
capital del país para que se hagan conforme a la selección de los mejores
perfiles y no con base en cuotas o afinidades políticas.
Se renovarán comisionados del InfoCdMx y magistrados
anticorrupción del Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Contralor,
el Secretario Técnico del SACdMx y de los miembros del Comité de Participación
Ciudadana.
Los estados en verde, por tener una reforma constitucional y
Ley de Sistema Local Anticorrupción satisfactoria, son Chiapas, Morelos, Puebla
y Yucatán. Jalisco tiene una reforma constitucional satisfactoria, pero una ley
regular y Tabasco, una reforma regular, pero una ley satisfactoria.
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