El gobierno de Héctor Astudillo
Flores refutó la postura de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), al afirmar que en el operativo
policiaco militar para desarmar a la policía comunitaria en la zona rural de
Acapulco -que dejó 11 muertos y 38 detenidos-, “no hubo ejecuciones
extrajudiciales” y tampoco “se cometieron delitos de lesa humanidad”.
Además, minimizó la agresión de policías estatales
contra periodistas, al señalar que las lesiones que presentó el fotorreportero
Bernardino Hernández, “no son graves, como lo demuestran los dictámenes
médicos”.
En un
comunicado oficial, el secretario de
Gobierno, Florencio Salazar Adame, omitió hacer referencia al robo de su equipo
de trabajo que sufrió el fotoperiodista para impedir que documentara el hecho,
situación que vulneró el ejercicio periodístico de la víctima y representa un
atentado a la libertad de expresión, como señaló la ONU-DH.
“No es admisible aplicar el protocolo
de Minnesota porque no se trató de delitos de lesa humanidad, ni de ejecuciones
extrajudiciales. En todo caso, las investigaciones correspondientes
establecerán las responsabilidades a que haya lugar”, sentenció el gobierno de Guerrero.
Según el
comunicado, las autoridades estatales acudieron a la zona de conflicto porque
recibieron llamadas al número de emergencia 911, “derivado de enfrentamientos
ocurridos en la comisaría municipal entre pobladores y civiles armados del
Cecop”.
Además,
insistió en señalar que, en el caso de La Concepción, “han sido analizados y
atendidos a través de diversas instancias de gobierno, como se informó no solo a
la opinión pública, sino también al representante en México de la ONU-DH y a
los titulares de la Comisión Nacional y Estatal de los Derechos Humanos”.
La postura
oficial remató al decir que la administración de Héctor Astudillo está “en
absoluta disponibilidad para atender las preocupaciones expresadas por la
ONU-DH, así como a las medidas cautelares obsequiadas por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos, con el propósito indeclinable de que los hechos en La
Concepción sean investigados con estricto apego a la ley y el pleno respeto de
los derechos humanos”.
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