El gobierno de Hidalgo investigará a
quien fue subsecretario estatal de Obras Públicas, Marco Antonio Rico Moreno,
señalado por un presunto conflicto de interés.
El pasado 24
de julio, se informó que las
constructoras de Rico Moreno habían obtenido más de 270 licencias de
construcción en la entidad, y que la dependencia en que era subsecretario
autorizó las obras, emitiendo los permisos y cambios de uso de suelo.
El caso de presunto conflicto de interés
fue denunciado ante medios locales por Leonardo, quien el pasado lunes fue
vinculado a proceso, luego de que la constructora SYLMA -de la que es
propietaria la hermana de Rico Moreno- lo acusara por difamación.
Enfrentará
su proceso en libertad, aunque debe acudir a firmar y se estableció como medida
cautelar que no pueda salir de los estados de Hidalgo, Estado de México y
Ciudad de México.
De acuerdo
con el diario local El Independiente de Hidalgo, Simón Vargas Aguilar, actual secretario de Gobierno estatal, dijo que
se hará una investigación sobre el desempeño de Rico Moreno, aunque de antemano
defendió que los servidores públicos pueden desempeñar otra actividad o
función, además de su trabajo como funcionarios.
“Mientras se mantengan dentro del cauce
de la ley, no hay ningún conflicto de interés”, dijo Vargas Aguilar, de acuerdo con
el medio de Hidalgo.
“Sólo hay un señalamiento y no hay
una acusación al respecto. Lo que se va a ver es si ha habido alguna acción
para favorecer desde su puesto, pero si no hay esto, no hay ningún problema”, agregó.
Este martes, la firma jurídica Díaz,
encargada de la defensa de SYLMA, señaló en un comunicado respecto a su
acusación contra el ciudadano Leonardo García Vázquez que “los hechos motivo
del presente proceso no tienen relación alguna con servidores y/o funcionarios
públicos, contrario a lo que la defensa del hoy imputado -sin sustento
probatorio idóneo- trató de hacer valer en la etapa procesal”.
Y agregó: “la jueza de control indicó
que hasta el momento no se advierten indicios de que se haya coartado el derecho
a la libertad de expresión del imputado”.
Artículo 19 emitió un comunicado
sobre el caso de Leonardo, señalando que “cualquier ataque mediante el uso
desviado del derecho penal ya sea contra fuentes o medios, constituye una grave
forma de frenar el flujo de información”.
La organización que defiende la
libertad de expresión agregó que “ve con preocupación el uso del derecho penal
mediante la figura de calumnia para coartar la expresión y flujos de
información que son de evidente interés público”.
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