Javier y Goliat.

Francisco Ortiz Pinchetti.

El enfrentamiento entre Javier Corral Jurado y el gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene precedentes. Ningún Gobernador como ahora el chihuahuense se había atrevido a denunciar de manera pública y documentada los abusos, la corrupción y sobre todo los mecanismos ilícitos del suministro de recursos del erario al PRI para financiar sus actividades electorales.

Tampoco –nunca desde que el panista Ernesto Ruffo Appel se convirtió en 1989 en el primer mandatario estatal de oposición–, se había visto una reacción tan virulenta por parte de la cúpula priista, encabezada por el mismísimo presidente de la República, contra un Gobernador de otro partido. No ocurrió ni con el propio bajacaliforniano Ruffo Appel ni con el aguerrido chihuahuense Francisco Barrio Terrazas o el bravucón e irreverente guanajuatense Vicente Fox Quesada, cuyos mandatos transcurrieron con algunas tensiones pasajeras, pero sin rompimientos con los gobiernos federales presididos por el PRI.

Corral Jurado ha emprendido, en cumplimiento cabal de una promesa de campaña, una investigación legal contra su antecesor priista César Duarte Jáquez, virtualmente refugiado en El Paso, Texas, contra el que ya hay 10 órdenes de aprehensión por ilícitos diversos que pueden resumirse en el saqueo de las arcas chihuahuenses, al grado de dejar al gobierno del Estado en estado de bancarrota. El desfalco documentado supera ya los mil 200 millones de pesos. El gobierno federal ha resistido los exhortos del Gobernador chihuahuense para que solicite al de Estados Unidos la extradición del inculpado. Es intocable.

Nada sin embargo ha resultado más preocupante para Peña Nieto y su equipo que las indagaciones de Corral Jurado sobre la transferencia de recursos públicos de cuando menos 250 millones de pesos al PRI a través de empresas fantasmas, para financiar actividades partidistas durante la campaña electoral estatal de 2016. Ese es el meollo: la investigación, que pone al descubierto una práctica histórica del aparato priista en todo el país, ha involucrado irremediablemente a personajes claves de la jerarquía priista.

Me parece que esa, más que las acusaciones contra Duarte Jáquez por sus desfalcos, es en realidad la causa de fondo del insólito encono contra el Gobernador de Chihuahua, que ha sido torpemente descalificado por el Peña Nieto, por el actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya; por el precandidato del PRI a la primera magistratura, José Antonio Meade Kuribreña; por su coordinador de campaña, Aurelio Nuño Mayer, y por el dirigente nacional del partidazo, Enrique Ochoa Reza. Enardecidos, le han echado montón.

Según Corral Jurado, el propio secretario González Anaya le confió en la reunión que sostuvieron el pasado 4 de enero, cuando acudió a reclamar la retención de una partida de 700 millones de pesos, que en el gobierno de Peña Nieto están preocupados por saber precisamente el alcance de esa investigación, que ha llevado a la detención del ex secretario general adjunto del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el coahuilense Alejandro Gutiérrez Gutiérrez.

Ocurre que Gutiérrez Gutiérrez ocupó ese alto cargo partidario durante la gestión de Manlio Fabio Beltrones Rivera como presidente nacional del PRI. La investigación que tanto preocupa a la elite del gobierno federal podría tocar al capo sonorense, uno de los hombres más poderosos del sistema político mexicano. Difícilmente podría ser ajeno a la maniobra de transferencia de recursos públicos para fines electorales. Y, ojo, no solamente en el caso de Chihuahua.

De ahí, obvio, la decisión de Beltrones Rivera –contra el que no hay hasta ahora acusación formal alguna por ese tema– de obtener de inmediato un amparo que lo proteja de cualquier orden de aprehensión, comparecencia o citatorio por ese caso. Justificó que buscó ampararse para “poder acceder al expediente y así enterarme de los hechos que aparentemente se investigan”. Vaya.

Y es que fuera del descubrimiento del llamado Pamexgate en 2001, según el cual el Sindicado Nacional de Trabajadores Petroleros habría transferido mil 500 millones de pesos a la campaña del candidato presidencial del PRI Francisco Labastida Ochoa, nunca se había documentado como ahora en Chihuahua un caso de peculado de esta naturaleza, que describe los mecanismos secretos de financiamiento del partidazo.

Corral Jurado desafía con sus denuncias al gigante, que reacciona con represalias económicas, descalificaciones y difamaciones ante la eventualidad de que alguno de sus jefes políticos, los verdaderos mandones, sea alcanzado por la Ley. Es más posible, como hemos visto, que el sistema acepte el enjuiciamiento de uno o varios gobernadores estatales, a quienes ahora cínicamente se acusa de traicionar al partido, que permitir el enjuiciamiento de Beltrones Rivera.

Al joven Gobernador de Chihuahua lo avalan su probada honestidad y la coherencia que han marcado su trayectoria política a lo largo de 30 años. Por eso sus acusaciones adquieren un peso notable en la opinión pública.

 No he visto hasta ahora que reciba el respaldo de su partido, el PAN, con la contundencia que el caso amerita. La coalición Por México al Frente expidió un comunicado un tanto tibio en el que le expresa su “apoyo total”, pero no he conocido hasta ahora ninguna declaración específica del precandidato presidencial y ex dirigente nacional panista, Ricardo Anaya Cortés. Ni siquiera se ha pronunciado sobre el tema.

Será en el admirable pueblo de Chihuahua, otra vez, donde Javier Corral Jurado encuentre su verdadero respaldo. Finalmente, son los ciudadanos de ese estado norteño los directamente agraviados por la corrupción priista.

Una primera prueba ocurrirá este domingo, cuando tenga lugar una concentración informativa en la Plaza del Ángel de la capital chihuahuense. Es la honda de este nuevo David.