Habitantes de la comunidad de
Salazar, zona boscosa del municipio de Lerma, solicitaron al gobernador Alfredo
del Mazo una mesa de diálogo para liberar a ocho de sus habitantes detenidos en
agosto pasado por defender sus tierras de la venta ilegal para grandes
proyectos inmobiliarios encabezados por diversos complejos transnacionales del
corredor Santa Fe.
A la fecha,
indicaron, amparados en conflictos
limítrofes con la comunidad de San Mateo Atarasquillo, diversos terrenos de
Salazar han sido vendidos de forma irregular a empresarios como Carlos Slim,
Emilio Azcárraga, Arturo Elías Ayub y al cantante Vicente Fernández.
Fabiola
Vilchis, habitante de la localidad,
recordó a Del Mazo Maza que durante su campaña por la gubernatura visitó la
comunidad para pedir el voto de sus habitantes. “Estrechó las manos de Cutberto
Vilchis, Daneyra Becerril, Fermín Esquivel y Miguel Ángel Vilchis, hoy presos”,
agregó.
“Vuelva a mi pueblo y mire a los ojos
a las niñas, niños, esposas e hijos que tenemos el dolor de ver a nuestros
familiares presos injustamente. Observe el hostigamiento con maquinaria y gente
de choque para intentar posesionarse de nuestros terrenos. Le pido una mesa de
diálogo para resolver el conflicto. Regrese a explicar por qué el Ejército
estuvo involucrado en los acontecimientos”, apeló.
Vilchis recordó que la madrugada del
31 de agosto de 2017, tres días después de que se emitió un fallo en favor de
la comunidad para reconocer sus tierras, un convoy armado de mil 500 policías
federales, estatales, ministeriales y fuerzas armadas irrumpió con lujo de
violencia en los domicilios de los vecinos y se llevaron a ocho de ellos,
algunos desnudos, descalzos y en ropa interior.
Los sometidos con brutalidad fueron
Beatriz Pérez Flores, comerciante de 46 años; Daneyra Kikey Becerril
Villavicencio, ama de casa de 30 años; Yuriko Becerril Villavicencio, madre
soltera de 29 años; Cutberto Vilchis García, representante de bienes comunales
de 71 años; Miguel Ángel Vilchis García, campesino y bibliotecario de 56 años;
Fermín Esquivel Rojas, campesino de 34 años; Francisco Miguel Ceballos Vargas,
campesino, albañil y comerciante; y Miguel Ángel Vilchis Zarza, campesino y
obrero de 24 años.
Los elementos que allanaron los
domicilios sin orden de aprehensión iban encapuchados, vestidos de negro, sin
insignias. Además, recurrieron a las agresiones verbales y físicas y a la
detonación de armas de fuego dentro de los hogares.
“Sitiaron Salazar, bloquearon entradas y
salidas e incluso la señal de celulares para hacer llamadas de emergencia.
Estuvimos en completa indefensión”, recordó Fabiola Vilchis.
Según la
denuncia de los solicitantes, los
menores de edad que presenciaron los hechos presentan secuelas psicológicas,
perdieron el control de esfínteres, experimentan retroceso en su rendimiento
escolar y a diario preguntan por sus madres y padres detenidos.
Las
acusaciones y detenciones.
La mañana de la aprehensión José Manzur,
secretario general de Gobierno, declaró que los detenidos eran delincuentes y
opositores a la obra pública, a pesar de que en Salazar para entonces no había
una sola obra pública en proceso. Dijo que eran fraccionadores clandestinos,
“cuando somos poseedores históricos y legales de la tierra”, aclaró la habitante Fabiola Vilchis.
Alejandro Gómez, entonces procurador,
acusó a los detenidos de despojo, invasión de tierra, obstaculización de obra
pública “y otras carpetas que se están integrando”.
La denunciante
agregó: “Estuvimos cinco horas sin saber
de ellos… hasta las ocho de la mañana supimos que estaban en el penal de Lerma,
acusados por hechos ocurridos el 30 de septiembre de 2016 (un año antes)”.
Aquel día, un grupo liderado por Mario Alberto de León
Venegas intentó despojar a Miguel Ángel Vilchis de su milpa, acompañado por
Natalia Miguel Marín -actual policía de Temoaya-, quien dio un arma a Marcos
Hernández Cruz para que la detonara al menos en tres ocasiones, sin importarle
la presencia de mujeres y niños. Como se tropezó, salió huyendo y en ese
intento tiró la acreditación que lo identificaba como policía de Lerma.
Juan Carlos Ríos Soto -actual policía
de San Mateo Atenco-, llevaba otra arma, pero los pobladores lograron
quitársela, igual que los cartuchos. Los tres policías son quienes señalan a
los detenidos.
Aquellos hechos fueron presenciados
por dos policías de Lerma que no actuaron. Después llegaron más elementos
policiacos y funcionarios estatales como Fernando de Jesús Segura Tapia, Edgar
Díaz Álvarez, el ministerio público Juan Carlos Monroy Vidal, y el secretario
del ayuntamiento, Raúl Bustamante.
Aunque el dueño de la milpa denunció
los hechos, hasta ahora no hay una sola actuación.
La verdadera razón de las detenciones
insistió Fabiola Vilchis, “es que nos resistimos a la venta ilegal de nuestra
tierra”.
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