La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública por
casi 107 millones de pesos cometido en 2016 por la Secretaría de Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano mediante un convenio con la Universidad Autónoma
Indígena de México, ahora llamada Universidad Autónoma Intercultural de
Sinaloa.
En un informe de 92 páginas, la ASF presentó los resultados de la auditoría forense 1792- realizada
a la Sedatu, que encabeza Rosario Robles, sobre convenios de coordinación,
colaboración y acuerdos específicos suscritos con universidades públicas y
entes públicos estatales para el desarrollo de diversos proyectos,
adquisiciones y otros servicios.
Uno de los 19 convenios observados en dicha auditoría
corresponde a la UAIM. Se trata del convenio SEDATU/DGAEGUAIM/33901.06/2016,
con un monto de 106 millones 838 mil 857.55 pesos, por el concepto de “Servicio
profesional y tecnológico para el desarrollo y aplicación de modelos y métodos
de las acciones para la equidad de género para el empoderamiento de la mujer”.
En 10 pagos realizados
entre el 18 de febrero y el 21 de octubre de 2016, la Sedatu entregó a la UAIM
85.2 millones de pesos con recursos del Programa de Infraestructura, 6.8
millones del programa Política de Desarrollo Urbano y Ordenamiento del
Territorio, 1.1 millones del programa Actividades de Apoyo Administrativo, y
13.7 millones mediante la figura de Comisionado Habilitado.
Para acreditar la ejecución de los servicios pagados a la
UAIM, la Sedatu presentó un diagnóstico de las necesidades de las mujeres en
Tlapa de Comonfort, Guerrero, y un manual del sistema de gestión y operación de
los servicios del Centro Ciudad de las Mujeres, ubicado en esa misma ciudad.
Para la prestación de
los servicios convenidos, la universidad requirió de la contratación de las
empresas: Factores y Servicios Humanos, Contabilidad y Soluciones INNER,
Asesores contables administrativos Vicma, Conseil Best, y Fuerza Neutra; aunque
de las dos últimas no se proporcionaron los contratos y/o convenios.
Sin embargo, estas
empresas no presentaron evidencia documentada de los servicios prestados, y
Conseil Best no fue localizada en su domicilio fiscal.
Según el informe de la ASF, el convenio y el acta de aceptación y cierre del servicio fueron
firmados por el entonces Rector de la UAIM y la directora general adjunta para
la Igualdad de Género de la Sedatu, aun cuando ésta carecía de atribuciones
para contraer obligaciones a nombre de la dependencia.
También se constató que el diagnóstico y el manual fueron
elaborados un par de años antes con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo, con la participación de la misma directora general adjunta para la
Igualdad de Género, entonces por parte de la Secretaría de Desarrollo Social.
Además, hubo
duplicidad de operaciones, pues el diagnóstico le fue pagado también al
Instituto Tecnológico Superior de Comacalco en 2015 y el manual también se le
pagó a la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero en 2016.
HAY TRES INVOLUCRADOS.
La Rectora de la UAIS,
María Guadalupe Ibarra Ceceña, reveló que tres trabajadores de la institución
estuvieron involucrados en el presunto fraude de la Sedatu.
“Había tres
trabajadores, en ese momento aquí, que fueron los que acordaron con Sedatu y
que fueron nombrados, no sé por quién, como coordinadores de esos trabajos, y
que cobraron comisiones de los ingresos que aportó el proyecto”, comentó.
“En aquel diciembre
negro de 2016, que nosotros no tuvimos aguinaldo, no tuvimos bono navideño, ni
nada, estas personas, en la segunda quincena de noviembre, cobraron 100 mil
pesos cada uno de comisión, uno de tantos, porque fueron varios pagos los que
recibieron”, agregó.
La Auditoría Superior de la Federación informó de las
irregularidades a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del
Gobierno del Estado, mediante el oficio DGAF/0165/2018, para que realice la
investigación correspondiente y finque responsabilidades.
Ibarra Ceceña indicó que, además, la propia ASF presentó denuncias ante la Procuraduría General de la
República contra los involucrados.
Señaló que uno de los
involucrados, que tenía alrededor de 15 años de servicio en la institución, ya
renunció, y los otros dos serán suspendidos mientras se realiza la averiguación.
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