En sólo diez
auditorías realizadas a fondos federales que el Gobierno del Estado de Baja California
recibió en 2016, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 1, 432 millones 351 mil 698 pesos
en daños al erario público.
Se trata de dinero que la
administración de Francisco Vega de Lamadrid recibió y gastó, pero no en los
programas para lo que estaban destinados y no pudo comprobar en qué lo utilizó.
Estos desvíos se realizaron
principalmente desde la Secretaría de Planeación y Finanzas, entonces
encabezada por Antonio Valladolid, quien hoy se encuentra en la lista de
diputados plurinominales del Partido Acción Nacional (PAN) y desde la
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), cuando
Manuel Guevara la dirigía.
Además, la
ASF detectó subejercicios por 204
millones 883 mil 839 pesos, dinero desperdiciado por el gobierno estatal, al no
ejercerlo en los rubros de seguridad pública, asistencia social, proyectos de
desarrollo regional e infraestructura social.
El Gobierno
de Baja California quitó dinero programado para Issstecali, Seguridad Pública, asistencia social,
DIF, Conalep, docentes y obra pública para gastarlo en aviadores, servidores
públicos no capacitados para sus puestos, en aumentos no autorizados de
salarios, sobrepagos y otros destinos no conocidos.
Todo esto
forma parte de los hallazgos que el órgano fiscalizador publicó el 20 de
febrero de 2018, en su tercera entrega de la revisión a la cuenta pública 2016.
OBRA PÚBLICA
Y SANEAMIENTO FINANCIERO.
El principal
daño a la Hacienda Pública federal se ubica en la aplicación de los programas
Fortafin (Fortalecimiento Financiero), Fonmetro (Fondos Metropolitanos) y
Fortalece (Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal) para llevar
a cabo 256 proyectos de infraestructura y apoyar el fortalecimiento financiero
del Estado e impulsar la inversión en entidades federativas.
Por estos tres fondos, en 2016, el
gobierno de Baja California recibió mil 443 millones 623 mil 600 pesos, de los
cuales 1, 020 millones 623 mil 600 pesos estaban destinados exclusivamente a
obra pública.
Del monto total, la ASF determinó
recuperaciones probables por 760 millones 373 mil 300 pesos, dinero que fue
depositado a las cuentas de la administración estatal, pero no invertido en los
proyectos designados ni pudo ser localizado.
Gran parte de esa cantidad se
encuentra en los 446 millones 414 mil 077 pesos que formaban parte de Fortafin,
recurso destinado al saneamiento financiero “que no fueron erogados o
vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago”.
Del mismo
programa, tampoco pudieron ser
localizados otros 233 millones 769 mil 649 pesos que no se reintegraron a la
tesorería federal.
En los 256 proyectos de
infraestructura que se aprobaron con estos recursos, destaca la rehabilitación
de la vía férrea Tijuana-Tecate con más de 107 millones de pesos de inversión y
el suministro de infraestructura en interconexión para los municipios por 99
millones 999 mil pesos.
“Los proyectos ejecutivos no estaban
totalmente definidos, existen retrasos en la ejecución de las obras, y en razón
de ello no se proporcionaron los beneficios previstos a la población”, explica el ente fiscalizador en su
documento final.
Entre las
anomalías respecto a infraestructura detectada por los auditores, está la desaparición de 14 millones 863 mil
200 pesos del Fondo Metropolitano, los cuales no fueron transferidos desde el
gobierno estatal a las cuentas de Tijuana y Mexicali.
El Gobierno
de “Kiko” Vega tampoco demostró haber
realizado la apertura de las cuentas bancarias y las transferencias de los
recursos para el pago de las empresas contratadas, señala el documento.
Además, de 24 millones 302 mil 200 pesos para
proyectos del mismo fondo, “únicamente se había pagado un monto de 6 millones
166 mil 200 pesos, por lo que existen recursos no ejercidos por 18 millones 136
mil 45 pesos que no se reintegraron a la Tesorería de la Federación”, se
especifica en una de las solicitudes de aclaración.
En otro
rubro para obra pública, Baja California recibió
110 millones 880 mil pesos dentro del programa de Proyectos de Desarrollo
Regional, del cual se detectaron 3 millones 879 mil 600 pesos en probables
recuperaciones y un subejercicio (recursos no ejercidos) por un millón 478 mil
276 pesos.
Al
fiscalizar seis obras ya concluidas, la
ASF determinó que la rehabilitación de vialidades en la colonia Fraccionamiento
San Pedro en Mexicali, constituye un probable daño al erario público por 2
millones 863 mil pesos, dado que ese proyecto “no atendió las necesidades de la
población objetivo”.
Además, al
revisar las cuentas bancarias en las que la Federación transfirió los recursos
correspondientes a ese programa, el ente
fiscalizador detectó rendimientos financieros por un millón 15 mil 700 pesos
que no fueron utilizados.
304 MILLONES
PARA ISSSTECALI SIN LOCALIZAR.
En 2016,
Baja California recibió 19 mil 777
millones 616 mil 700 pesos en participaciones federales, de los cuales 15 mil
986 millones 178 mil pesos consistieron en recursos líquidos para ser
administrados y ejercidos de manera directa.
La ASF
revisó el 60 por ciento de estos recursos transferidos a la administración de
Vega de Lamadrid. Como resultado, el primer daño a la Hacienda Pública consiste
en 304 millones 187 mil 005 pesos que debieron depositarse al Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del
Estado de Baja California (Issstecali) por concepto de beneficio de seguridad
social a los empleados de gobierno.
“Sin embargo [el Gobierno de Baja
California], no presentó la documentación comprobatoria que acredite el pago
del beneficio, ni la autorización correspondiente”, explica el documento.
Otros 4 millones 475 mil 859 pesos se
destinaron a pagos de aviadores, 395 plazas que no se encontraron autorizadas
por el Congreso de Baja California, pero que recibieron un pago.
Además, se pagaron 13 millones 853 mil 800 pesos a
70 servidores públicos del gobierno estatal que “no contaron con la
documentación que acreditara el perfil requerido para cubrir la plaza bajo la
cual cobraron”.
De igual
forma, la ASF halló pagos superiores a
los establecidos en el tabulador para 504 servidores públicos, quienes en
conjunto devengaron 4 millones 877 mil 100 pesos por encima de lo autorizado.
Las
irregularidades en pagos a trabajadores continúan. Se destinaron 827 mil 037
pesos a ocho servidores públicos que ya se encontraban dados de baja de sus
puestos de trabajo, mientras que la Secretaría de Planeación y Finanzas no proporcionó evidencia del pago de un
millón 657 mil 916 pesos en beneficios a empleados.
PAGOS
INCOMPLETOS A PROFESORES.
De los 11
mil 75 millones 884 mil 100 pesos que el gobierno de Baja California recibió
para el pago de nómina educativa y gasto operativo en 2016, la ASF revisó una muestra del 94.2 por
ciento, esto es 10 mil 435 millones 843 mil 900 pesos.
En los pliegos de observaciones a
esta cuenta, el organismo fiscalizador determinó un probable daño a la Hacienda
Pública federal por 322 millones 866 mil 028 pesos, monto que el Instituto de Servicios
Educativos y Pedagógicos (ISEP) utilizó para pagos de nóminas complementaria y
de honorarios, cuotas y aportaciones de seguridad social, conceptos no
autorizados para derogar de este fondo federal.
También en
materia de educación, la ASF halló aviadores. “Con la visita física de una muestra aleatoria de 309 centros de
trabajo se identificó que el ISEP realizó pagos a 10 personas por un millón 90
mil pesos que no se acreditó que laboraron efectivamente en los centros de
trabajo”.
De manera
adicional, el gobierno estatal recibió
311 millones 695 mil 400 pesos para el Programa de Escuelas de Tiempo Completo,
el cual en 2016 operó 488 planteles con una matrícula de 79 mil 177 alumnos.
En este
caso, la Auditoría localizó un daño a la
Hacienda Pública por 6 millones 767 mil 700 pesos, correspondiente a las
retenciones del
Impuesto
Sobre la Renta a personal directivo, docente y de honorarios como parte de un
programa de apoyo económico.
“El ISEP no acreditó haber retenido
ni enterado el Impuesto Sobre la Renta (ISR) por los salarios de los
trabajadores del personal o contar con la autorización otorgada a la ampliación
de la jornada laboral pagada con recursos del Programa de Escuelas de Tiempo
Completo”, determinó
la ASF.
ENTES
EJECUTORES.
Para la
realización de 35 programas, en 2016 el Gobierno Federal destinó 2 millones 354
mil 529 pesos al gobierno de Baja California dentro del Programa Entes
Ejecutores.
Entre ellos,
el Programa Nacional de Prevención del Delito (Pronapred), subsidios para la
implementación de la reforma al sistema de justicia penal, programas de salud y
educativos.
La anomalía más grave entre estos
programas corresponde al Programa de Prevención y Control de Sobrepeso,
Obesidad y Diabetes, ya que en los estados de cuenta bancarios no se identificó
la transferencia del recurso por 6 millones 723 mil 200 pesos.
No solo eso,
sino que el gobierno estatal presentó
tres cuentas liquidadas como presunta evidencia de los pagos con fechas del 4 y
15 de marzo, así como del 23 de mayo.
De igual
forma, la ASF detectó que Planeación y Finanzas transfirió los recursos destinados
a programas de salud materna, sexual y reproductiva; vigilancia epidemiológica;
prevención y control de enfermedades y programa de vacunación, hasta dos meses
después de lo establecido.
MÁS DAÑOS EN
SEGURIDAD PÚBLICA.
De los 307 millones 792 mil 200 pesos
que la administración estatal recibió para ejercer en seguridad pública, la ASF
detectó recuperaciones probables por 2 millones 442 mil 100 pesos y 69 millones
55 mil 821 pesos en recursos no ejercidos, lo cual representa el 22 por ciento
de los fondos disponibles en 2016.
Por ejemplo,
se determinaron 2 millones 84 mil 900 pesos en daños a la Hacienda Pública
federal “por pago de servicios profesionales no contemplados por la Ley de
Coordinación Fiscal, por no cobrar penas convencionales y por no amortizar los
anticipos otorgados”.
A esto, la ASF sumó el incremento de índices
delictivos de 2016 a 2015: 6.8 por ciento en robo a negocios; 6.7 por ciento en
robo de vehículos; 5.3 por ciento en homicidios; 4.6 por ciento en secuestro y
3.5 por ciento en robo a transeúntes.
Esto sumó
una incidencia delictiva del 27.6 por ciento, mientras que la Auditoría también observó una sobrepoblación del 31.6 por ciento en
centros penitenciarios.
135 MDP PARA
DIF, CONALEP Y ASISTENCIA SOCIAL DESPERDICIADOS.
Además de
los más de 69 millones de pesos no ejercidos en Seguridad Pública, la ASF detectó otros 131 millones 296 mil
188 pesos no utilizados dentro del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) del
total de 485 millones 766 mil 300 pesos que el gobierno estatal recibió en
2016.
El FAM se
encarga de dotar de recursos al Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF), a la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y para
infraestructura educativa.
Este
subejercicio equivale al 28.4 por ciento de los recursos transferidos y
persistió hasta el 31 de agosto de 2017, más de medio año después de lo
estipulado para su aplicación. Este desperdicio de recursos se torna aún más
grave al considerar que los recursos del FAM 2016 representaron el 98.5 por
ciento del financiamiento de las acciones de asistencia social, que se
canalizan a través del DIF.
Además de
ello, la ASF encontró una anomalía en el
contrato para el suministro de insumos alimenticios para los paquetes de
desayunos escolares y despensas que entrega el DIF, firmado por un monto de 135
millones 83 mil pesos.
Lo anterior debido a que se entregó
por medio de adjudicación directa en la que “no se aportaron los elementos
suficientes, así como la documentación que acredite los criterios en los que se
sustentó la excepción a la licitación pública”.
El contrato,
en poder de ZETA, se firmó el 25 de
abril de 2016 con el proveedor Express Fruit, representado legalmente por José
Luis Martínez Montalván y propiedad de José de Jesús González Valencia y Carlos
Alberto Barcena Coqui.
Por esta
adjudicación directa, la ASF emitió una promoción de responsabilidad
administrativa sancionatoria para que Contraloría realice investigaciones
pertinentes y en su caso, inicie el procedimiento administrativo
correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos
responsables.
Asimismo, la ASF detectó un subejercicio por un
millón 805 mil 868 pesos en el Fondo de Aportaciones para la Educación
Tecnológica y de Adultos (FAETA). Como parte de este programa, en 2016 se
destinaron 130 millones 855 mil 800 pesos a Baja California y representaron el
presupuesto total del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
(Conalep) del Gobierno del Estado de Baja California.
“Al 31 de diciembre de 2016 y 31 de
mayo de 2017, existían recursos no devengados por 13 millones 304 mil pesos y
un millón 751 mil pesos, respectivamente, así como rendimientos financieros no
devengados por 54 mil pesos, que totalizan un millón 805 mil pesos pendientes
de devengar al 31 de mayo de 2017”, se detalla en el documento.
Además del
daño al erario público federal, la ASF concluye que “el gobierno del Estado de
Baja California no ejerció con oportunidad los recursos del fondo”, aseveración
que contrasta con el 30.4 por ciento de deserción en los alumnos y el 57.3 por
ciento de estudiantes que no obtuvieron su certificación como profesionales
técnicos en el Conalep.
Por último, existe un subejercicio de un millón 247 mil
868 pesos en los recursos del Fondo de Infraestructura Social para las
Entidades (FISE).
En este
rubro, la Secretaría de Desarrollo
Social del Estado recibió 41 millones 139 mil 800 pesos en 2016 para destinar a
59 obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, letrinas, urbanización,
electrificación rural y de colonias pobres, así como para infraestructura
básica del sector salud y educativo.
Desperdiciar más de un millón de
pesos, según lo detectado por la ASF al cierre de su auditoría el 31 de julio
de 2017, “originó que la población objetivo no recibiera los beneficios
programados”.
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