La Procuraduría General de la
República (PGR) dijo que le preocupa “de manera especial” el informe que
publicó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos en México (ONU-DH), donde señala que al menos 34 de las personas
procesadas por el caso Ayotzinapa fueron torturadas y víctimas de otras
violaciones a sus garantías fundamentales durante y después de su detención por
parte de agentes del gobierno federal.
Tras la
difusión del documento, la PGR circuló
un boletín donde hace algunas aclaraciones –a nombre del “Gobierno Mexicano”–
“sobre supuestas violaciones de derechos humanos durante la investigación del
caso Iguala”, y precisa que las torturas referidas fueron “excepcionales”.
Puntualiza: “Preocupa de manera especial que el informe
de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones que son actualmente objeto
de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial”.
Como lo
reconoce el órgano de la ONU, añade, este
informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente
por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas
recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes.
En este
sentido, afirma, el informe no aporta
elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso.
En su texto,
la PGR recuerda que el caso Iguala “es objeto de un trabajo intenso con el
Mecanismo de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión”.
Y destaca
que, como se informó a la CIDH en su último período de sesiones celebrado en
Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, “la investigación de
este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado Mexicano, que ha
registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de
la OACNUDH”.
Como la PGR
informó a la CIDH, sostiene, en las
últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación
de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y
atención a víctimas.
“Como en su momento se hizo notar a
la OACNUDH, su informe omitió información relevante que consta en los
expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos
estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las
investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que
no sustentan las conclusiones a las que arriba el informe”.
Al respecto
–y como también se informó a la CIDH–, de los casos analizados y sometidos a
dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no
se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos
excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente, agrega.
Y resalta que se continúan realizando
las diligencias correspondientes, aunado al hecho de que existen otras pruebas
en los expedientes, más allá de las confesiones que los detenidos pudieran
haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales.
La víspera de la difusión del informe
de la ONU-DH, la PGR y el mismo secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida, se adelantaron y presumieron que elementos de la Policía Federal (PF)
detuvieron el lunes 12 a Erick Uriel Sandoval Rodríguez, “La Rana”, presunto
integrante de la organización criminal Guerreros Unidos.
El encargado
de la política interna del país hizo el anuncio a través de su cuenta de
Twitter, y minutos después, en conferencia de prensa, el titular de la Oficina
de Investigación del caso Iguala, Alfredo Higuera Bernal, indicó que la captura
de Sandoval Rodríguez derivó del seguimiento a las líneas de investigación
sobre los hechos ocurridos los días 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala,
Guerrero, cuando los alumnos fueron interceptados por policías municipales y
supuestamente entregados a integrantes de ese grupo delincuencial.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.