El
representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo un
llamado al Poder Judicial a descartar las pruebas obtenidas bajo tortura para
procesar a al menos 34 personas en el caso Ayotzinapa y emplazó a la
Procuraduría General de la República (PGR) a esclarecer efectivamente las
denuncias e identificar a los responsables de los hechos.
En
conferencia de prensa para presentar el reporte “Doble injustica. Informe sobre
violaciones a derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, advirtió que la oficina de la ONU-DH no se
erige como defensora de los procesados en cuyos casos se basa el informe, sino
que “defiende el Estado de Derecho”, bajo la premisa de que “no se obtiene
verdad ni justicia con confesiones bajo tortura”.
Al llamar al Poder Judicial a excluir
las pruebas obtenidas bajo tortura y admitir los resultados de dictámenes del
Protocolo de Estambul realizados por organismos independientes como la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Jan Jarab consideró que en este caso
“si no hay otros elementos probatorios que las confesiones viciadas, (los
procesados) sí deberían salir libres”.
Agregó: “No podemos creer que una persona pueda ser
sentenciada por una confesión bajo tortura. No estamos en ningún sentido
cambiando lo que debería ser el desarrollo del proceso penal en un Estado de
Derecho, estamos instando a que se respete el Estado de Derecho”.
El documento de 65 cuartillas hace
una revisión del caso Ayotzinapa y se centra en 34 casos en los que la ONU-DH
tuvo elementos de convicción de que los procesados fueron sometidos a torturas
para arrancarles confesiones auto-inculpatorias.
Entre los
casos analizados, de los 63 a los que, en total, tuvo acceso el organismo, se
encuentran los implicados supuestamente con la desaparición de los estudiantes
en el basurero de Cocula y el río San Juan, base de la “verdad histórica”.
Prudente en
sus declaraciones, el comisionado señaló
que el documento basado en la revisión de expedientes, entrevistas a inculpados
y testigos de su detención y autoridades, “no establece una teoría del caso, no
valora las teorías del caso existentes, no es una investigación paralela”, ni
expresa opiniones sobre la culpabilidad o inocencia individual de los presuntos
responsables.
Lo que mueve la publicidad del
documento, puntualizó, es “contribuir con la verdad y la justicia, a la lucha
contra la impunidad en las desapariciones y la tortura en México; la tortura
debe ser rechazada cualquiera que sea el delito, no significa estar a favor de
los delincuentes”.
Jan Jarab sostuvo que entre los
principales hallazgos que se cuentan son las coincidencias y un mismo modus
operandi en las torturas, además de que estas fueron cometidas por efectivos de
la PGR, entre ellos, policías adscritos a la Agencia de Investigación Criminal
(AIC) que era dirigida por Tomás Zerón de Lucio, así como de la Policía Federal
(PF) y la Secretaría de Marina (Semar).
Impunidad y
doble injusticia.
Pese a los señalamientos y la
existencia de investigaciones penales, el comisionado de la ONU-DH advirtió que
hasta ahora los casos están impunes, ningún servidor público ha sido castigado,
como tampoco ocurre por la muerte de Emanuel Blas Patiño, quien falleció por la
tortura a la que fue sometido por marinos en octubre de 2014 en Cuernavaca.
Jan Jarab
insistió en que el caso Ayotzinapa reviste una doble injusticia porque los
procesados han sido víctimas de diversos abusos, entre ellos la tortura,
mientras que también lo son los familiares que buscan a sus seres queridos, “pero obteniendo confesiones bajo tortura no
se obtiene verdad ni justicia”.
Desde
Ginebra, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid
Ra’ad Al Hussein, consideró en un
comunicado que “las conclusiones del informe apuntan a un patrón de comisión,
tolerancia y encubrimiento de actos de tortura en la investigación del caso
Ayotzinapa”.
Lo anterior, agregó, “no sólo
constituye una violación de los derechos de las personas detenidas, sino
también del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas de los hechos de
septiembre de 2014, sus familiares y la sociedad en su conjunto”.
Para el
funcionario de la ONU, el “caso
Ayotzinapa pone a prueba la voluntad y capacidad de las autoridades mexicanas
para abordar las violaciones graves de derechos humanos. Durante tres años y
medio las familias de las víctimas han luchado por su derecho a conocer qué les
ocurrió a sus familiares”.
Al Hussein hizo un llamado “a las autoridades
mexicanas a garantizar la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso
Ayotzinapa y a llevar ante los tribunales a los responsables de las torturas y
otras violaciones de derechos humanos perpetradas durante la investigación”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.