El gobierno de Graco Ramírez
incumplió con las recomendaciones para atender la Alerta de Violencia de Género
(AVG) en Morelos, emitida en 2015, lo que ha derivado en un incremento de
feminicidios en la entidad, denunció la Comisión Independiente de Derechos
Humanos de Morelos (CIDHM), que tiene un registro de 851 feminicidios desde
2000 a enero pasado, 202 casos ocurridos durante la aplicación del
procedimiento.
En
conferencia de prensa, Paloma Estrada y José Martínez, integrantes de la
organización civil, presentaron este miércoles un informe a dos meses de la
implementación de la AVG, justo a dos
años de su puesta en marcha en ocho municipios de la entidad: Cuautla,
Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y
Yautepec.
Tras reconocer esfuerzos mínimos por
parte de municipios incluidos en la AVG para aplicar las observaciones
formuladas por el grupo de trabajo que analizó el caso de Morelos, Paloma
Estrada señaló que “el gobierno del estado no ha cumplido ninguna de las
recomendaciones”, además
de que actualmente no hay interlocutores
con la CIDHM para dar seguimiento a la AVG por estar inmersa la entidad en un
proceso electoral.
Estrada
detalló que “personas que estaban
encargadas de la AVG ya se fueron y a nosotros no se nos informó por escrito y
no sabemos quién retomará el proceso de la misma; la encargada del tema en el
estado, impuesta por el Ejecutivo estatal (Irais Ortega) también abandonó el
puesto y no nos han dicho quién va a dar seguimiento”, situación que se repite
a nivel federal con la renuncia de Alejandra Negrete, extitular de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
La defensora
destacó que las renuncias de
funcionarios en áreas tan sensibles como el seguimiento de la AVG constituyen
uno de los obstáculos para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por
el grupo de expertos, avalados por la Secretaría de Gobernación para emitir el
mecanismo para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en Morelos.
Igual manifestaron su alarma debido a que en los
últimos dos años y medio de operación de la AVG, se cometieron 202 homicidios
por razones de género, y cinco municipios que no estaban considerados en la
declaratoria de 2015, “en 2017 se integran al mapa del feminicidio:
Tlaltizapan, Atlatlaucan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán”.
La CIDHM ha documentado 851 feminicidios del 2000 al
31 de enero anterior, los cuales ocurrieron en 32 de los 33 municipios de la
entidad, y han impactado a mujeres de entre días de nacidas a 94 años, siendo
el rango más frecuente de mujeres asesinadas el comprendido entre 21 y 30 años.
Estrada reprochó la opacidad de instancias como el
Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General del Estado, que no han
atendido las solicitudes de información de forma desagregada, de manera que se
puedan tener datos certeros de la situación de violencia contra las mujeres.
En el caso
de la Fiscalía, apuntó, ha informado de
mil 445 muertes violentas de mujeres, rango en el que se incluye todo tipo de
fallecimiento por homicidio doloso, homicidio culposo, suicidio, aborto y
feminicidio.
En el caso
del TSJ, explicó que cuando la organización solicitó la AVG en 2015, año en el que había contabilizado
530 feminicidios, el Poder Judicial de Morelos sólo había emitido una sentencia
condenatoria, “por lo que el nivel de impunidad era de más de 98%”.
A dos años y medio de la
implementación, el TSJ dio una cifra que no está desglosada por el tipo de
sentencia en casos de feminicidio, condenatoria o absolutoria, por lo que
Estrada prefirió reservarse los datos hasta que la instancia responda de manera
clara a los cuestionamientos de la organización.
“Por
información periodística, lo que hemos
visto es que las sentencias oscilan entre siete y 12 años de prisión para casos
de feminicidios, lo que significa que el delito no está siendo castigado de
manera ejemplar”, apuntó la defensora.
Entre las
deficiencias de la aplicación de la AVG en Morelos, la CIDHM resaltó la falta de funcionamiento de un
banco de datos sobre hechos de violencia hacia las mujeres, así como la
inexistencia de una unidad de contexto en la Fiscalía General “para investigar
y sancionar el feminicidio”.
Tras
atribuir “a responsabilidades
institucionales las causas de que no se erradique el feminicidio”, el informe
de la organización puntualizó que, “si no hay continuidad en las políticas y
acciones de las instituciones, más lejos quedan los objetivos trazados. Medidas
emergentes, reacciones lentas y discontinuadas, no son la solución”,
sentenció.
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