El juez
segundo de Distrito, Arturo Alberto González Ferreiro, otorgó un amparo al comisionado del Instituto Chihuahuense para la
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), Rodolfo Leyva
Martínez, porque éste fue destituido de la presidencia con una serie de
irregularidades.
El juez
federal determinó que hubo violación al
debido proceso porque el consejo general del Ichitaip carece de facultades para
destituir al presidente, ya que sólo puede nombrarlo y reelegirlo.
Leyva
Martínez denunció además presiones del
gobernador Javier Corral Jurado para nombrar personal en determinados cargos
del organismo autónomo y al no ceder, ordenó destituirlo de su cargo hace casi
un año.
El juzgador
determinó que el consejo del Ichitaip violó de manera grave el procedimiento de
destitución, según el expediente 1194/2017.
“La sentencia señala (…) que
definitivamente sí tenía yo interés en el proceso porque se me impuso una
sanción sin siquiera permitirme defenderme, sin que hubiera una ley que
definiera el proceso, sin que estuviese demostrada una causa justificada”, explicó Leyva en entrevista.
El consejero deberá ser restituido
como presidente del Ichitaip, siempre y cuando el organismo no impugne la
resolución del juez federal.
Asimismo, señala que el Ichitaip no puede volver a
emitir una resolución sobre la misma materia porque no tiene facultades para
hacerlo.
“El argumento que estamos planteando
es que ya se deben someter a la sentencia y no buscar impugnarla, porque eso no
va a generar ningún cambio en la situación. Está muy contundente porque quedó
demostrado que las alegaciones que hicieron eran infundadas, que actuaron sin
competencia, sin poder específico y que definitivamente no se trataba de un
asunto laboral porque ese fue lo que alegó el Ichitaip a través del Ernesto
Alejandro de la Rocha Montiel”, agregó Leyva Martínez.
El comisionado dijo que, si se prolonga
el litigio, significaría que “un usurpador” continuaría desempeñando una
función de forma contraria a la Constitución.
“Lo que yo estoy pidiendo es que el
gobernador deje de entrometerse en los asuntos de autonomía del Ichitaip y que
se concentre a lo que le corresponde, que es la seguridad pública, la
educación, el financiamiento de las instituciones y que haga su trabajo, yo voy
a hacer el mío con respeto a la Constitución, como ya se lo dije”, añadió.
Después de
conocer el fallo, los consejeros sesionaron esta tarde y Rodolfo Leyva llamó al Pleno del Ichitaip a analizar la
sentencia del amparo para no desgastarse más, “porque el fallo del juez fue
contundente”
“Sé que mis compañeros actuaron por
presión del gobernador Javier Corral Jurado, no le tengamos miedo”, dijo y explicó que aguantó el
proceso del amparo porque no tiene un interés no es personal sino un fin que
favorece a todos los chihuahuenses.
Luego de llamar cacique al gobernador
Javier Corral, dijo que esa resolución debe servir para que ningún gobernador
de Chihuahua, “sea del partido que sea, quiera volver a decirnos quién a quien
contratamos”.
Y es que Leyva Martínez denunció
desde hace un año que como presidente del Ichitaip recibió presiones de Corral
para imponer personal técnico y administrativo en puestos clave del organismo
autónomo.
“Fue muy difícil, muy estresante.
Tuvo muchas consecuencias a nivel individual. No desistí porque había un fin”, indicó en la sesión.
El
comisionado explicó que una vez que asuma de nuevo el cargo, tiene posibilidad
de reelección, si no la obtiene, no habrá problema porque se estarían
respetando las reglas, lo que no sucedió con su destitución porque el Pleno del
Ichitaip no tiene esa facultad que le corresponde al Congreso del Estado.
Leyva opinó frente al actual
presidente del Ichitaip, Alejandro de la Rocha, que de continuar el litigio con
una impugnación no servirá de nada, porque la resolución será la misma y no le
gustaría al actual presidente, pasar a la historia como un usurpador.
De acuerdo
con la sentencia del juez federal, los
consejeros Alejandro de la Rocha, Alma Rosa Armendáriz, Amelia Martínez y María
Nancy Martínez, actuaron de manera indebida al destituir al presidente que
apenas llevaba tres meses en el cargo, porque no existe ordenamiento legal para
hacerlo.
Los mismos consejeros habían nombrado
a Leyva como presidente por un periodo de tres años y el 9 de marzo de 2017 lo
destituyeron.
Además de
restituirlo en la presidencia, el juez
ordenó el pago de su sueldo correspondiente al año que quedó fuera.
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