“Para el Estado mexicano son más
importantes las elecciones que ayudar a las víctimas para encontrar la verdad’’, reclamó Mario César González
Contreras, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos, durante la
Audiencia Pública del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso
Ayotzinapa.
Durante la
reunión de hoy entre familiares de los jóvenes desaparecidos en Iguala de la
Independencia, Guerrero, y representantes del Gobierno mexicano, en la cual se
evaluaron los avances en el cumplimiento de las medidas cautelares en la
búsqueda de los 43, los reclamos a las
autoridades mexicanas, esos que nunca se fueron, se hicieron presentes. Y es
que, aseguran, no hay respuestas a más de tres años de los hechos.
“Venimos nuevamente sin resultados de
justicia y verdad en el caso que estrujó la conciencia mundial”, dijo Mario Ernesto Patrón Sánchez,
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
“En los últimos meses hay nuevos
agravios contra las víctimas; doña Minerva falleció en los meses recientes por
la tortura que significa no conocer el paradero de sus hijos”, aseguró Patrón.
De acuerdo
con el experto en derechos humanos, la
investigación del caso Ayotzinapa no ha arrojado resultados objetivos y
materiales. Además, apuntó, el cronograma implementado por el propio Gobierno
frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se incumple
recurrentemente.
El fiscal
Alfredo Higuera, responsable de la
investigación del caso Ayotzinapa, dijo tener pruebas que aclaran las razones
del crimen de 43 estudiantes que desaparecieron la noche del 26 de septiembre
de 2014, pero aclaró que no puede hacerlas públicas todavía.
Higuera
indicó que “en las últimas semanas a la
investigación fue a llegar información que consideramos por demás importante en
la medida en que es posible para esclarecer aspectos fundamentales del caso”.
“Uno de ellos es el tener por
identificado el móvil por el que fueron agredidos los estudiantes. Ello es sin
duda la raíz del problema y lo que puede aportar los elementos para establecer
quiénes intervinieron y justamente, tras haber elaborado diversas hipótesis, se
cuenta con datos específicos que pueden dar certidumbre para saber por qué los
jóvenes fueron acometidos”, dijo Higuera.
En este sentido, aseguró que los
detalles todavía “no pueden ser revelados en audiencia pública”, si bien han
sido comentado “de alguna manera en las reuniones previas”.
Los datos
con que cuentan gracias a esa información “dan
cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal” que opera en
la zona y “la indudable intervención en los hechos de elementos de diversas
organizaciones, especialmente municipales en colusión” con los criminales,
agregó.
Mario
González, padre de César González, le
preguntó a Higuera si la finalidad de la investigación era encontrar a su hijo
y a los otros 42 desaparecidos.
Ante ello, el fiscal le respondió que “la meta es
saber todo lo que ocurrió”, lo que incluye también encontrar a los
desaparecidos.
“El objetivo común de víctimas, CIDH
y Estado es el de encontrar la verdad completa en el caso. Han sido numerosos
encuentros, reuniones y audiencias donde se ha procurado brindar información
sobre el tema, hoy el Estado acude a su audiencia para seguir cumpliendo con
responsabilidad de informar sobre el caso”, sostuvo Higuera.
Tres años después de la tragedia, y
en el ecuador de este mecanismo que dura un año, la CIDH lamentó que no haya
habido consignaciones nuevas desde finales de 2015 ni una acusación formal
contra la Policía municipal de Huitzuco, posiblemente implicada en la
desaparición de un grupo de los 43 jóvenes.
Lo único verdadero es que aquella noche del 26 de
septiembre de 2014, México perdió a 48 aspirantes a maestros, cuyo destino era
enseñar en las comunidades más pobres de Guerrero y de otros puntos del país: a
tres los asesinaron arteramente, otro más está en estado de coma, uno más con
lesiones perpetuas y, desde entonces, y 43
se encuentran desaparecidos.
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