Innovación Integrada S. A. de C. V.,
propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantú, el empresario que compró la casa del
presidente Enrique Peña Nieto, fue una de las compañías subcontratadas por la
Universidad Politécnica de Chiapas para hacer servicios a la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en 2016.
Esta forma
de contratación es parte del esquema de desvío de recursos públicos documentado
en la investigación La Estafa Maestra, en la que dependencias del gobierno
federal contratan a universidades para hacer supuestos servicios y éstas a su
vez subcontratan a empresas ilegales.
Juan Armando
Hinojosa Cantú ha recibido contratos de
obra pública con el gobierno federal y es el dueño de Grupo Higa, un consorcio
que incluye a la empresa que compró la casa del presidente Enrique Peña Nieto,
según reveló la investigación periodística La Casa Blanca en 2014, lo que
provocó críticas respecto a un presunto conflicto de interés entre el
mandatario y el empresario.
Pese al escándalo, la empresa
Innovación Integrada recibió casi 10 millones de pesos entre 2015 y 2017 a
través de cuatro contratos por adjudicación directa —es decir, no fue elegida en un
concurso público en el que haya resultado como mejor opción— por el ISSSTE y
Exportadora de Sal S. A. de C. V., empresa dependiente de la Secretaría de
Economía.
Aunque el ISSSTE respondió a Animal
Político que escogió a la empresa tras realizar un estudio de mercado porque
representaba un ahorro de hasta 23%, este argumento no está contemplado en la
Ley de Adquisiciones para optar por la adjudicación directa. La ley establece que la licitación
justamente sirve para que las empresas interesadas participen en un proceso
público en el que las dependencias escojan a aquella que ofrezca las mejores
condiciones.
En tanto, a
través del esquema de La Estafa Maestra, la empresa recibió 5 millones 568 mil
pesos provenientes de la Sedatu, mediante un contrato directo con la
Universidad Politécnica de Chiapas firmado el 21 de abril de 2016 para realizar
una aplicación móvil que diera “una solución tecnológica basada en web, que
asistiera en la automatización de los procesos de consulta dentro del Sistema
Nacional de Inclusión Sedatu”, según documentó la Auditoría Superior de la
Federación(ASF) en la auditoría 195-DS realizada a la institución como parte
del informe de Cuenta Pública 2016.
Dicha contratación fue por asignación
directa apelando a la excepción prevista en el artículo 41 de la Ley de
Adquisiciones que permite contratar sin hacer licitaciones cuando solo existe
en el mercado un proveedor capaz de dar el servicio; que el servicio sea con
fines militares o atiendan casos de fuerza mayor como un desastre natural,
entre otros.
Sin embargo,
en este caso no se cumplen los criterios
para que la Universidad haya optado por la asignación directa, y solo “evadió
la licitación”, según la Auditoría. Por ello, al contratar a Innovación
Integral “no se acreditaron los
principios constitucionales de eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad y
honradez” y, por tanto, “no se obtuvieron las mejores condiciones disponibles
en cuanto precio, calidad financiamiento y oportunidad”.
Al revisar
el cumplimiento del servicio, la empresa proporcionó evidencia de los trabajos
y la Auditoría comprobó que la
aplicación móvil estaba en funcionamiento, pero la compañía “no acreditó los
insumos tanto humanos como materiales que presumiblemente utilizó, ni presentó
evidencia de la integración de los costos para ejecutarlos”.
La
Universidad tampoco pudo comprobar que
hubiese hecho algún cálculo e integración de costo sobre los servicios, lo que
evidencia que la institución cobró “de forma discrecional sin una base de
costos”.
Incluso en
el convenio SEDATU/UPPEI-UPCH/33901-07/2016 realizado entre la Universidad y la
dependencia el 1 de marzo de 2016 (un mes después del contrato con la empresa)
para “servicios profesionales y técnicos del Servicio Tecnológico para el
sistema para el control de la Estrategia de Inclusión Nacional de la Sedatu”,
por 18 millones 860 mil pesos, la
institución sólo pudo comprobar el pago de 5 millones 658 mil pesos a Innovación
Integrada, según el contrato mostrado a la Auditoría. El resto del dinero se
considera como un sobrecosto “en beneficio de la universidad y lo utilizó para
fines distintos a los servicios convenidos con la Sedatu”, dice la Auditoría.
Animal
Político acudió a la sede de Innovación
Integrada, en Santa Fe, Ciudad de México, un lujoso complejo de oficinas, pero
no se permitió la entrada y la mujer que atendió por teléfono informó que la
empresa no daría información adicional a la que entregó a la Auditoría en 2017,
ni nada respecto a Juan Armando Hinojosa Cantú.
Más contratos.
Innovación
Integrada S. A. de C. V. recibió cuatro
contratos más mediante asignación directa, es decir, sin competir con otras
empresas, según información publicada en la plataforma Compranet, donde la
administración pública federal está obligada subir los contratos con empresas.
El contrato
con el ISSSTE es por el mismo objeto que el convenio de Sedatu: hacer un
“sistema de control de la estrategia de inclusión nacional”, por el que la
empresa cobró 5 millones 200 mil pesos
en un contrato con vigencia de julio a diciembre de 2016.
El
funcionario encargado de la contratación fue Raúl Marmolejo Pacheco del
Departamento de control de servicios operativos, según la información de Compranet.
Sin embargo, el ISSSTE no publicó las
razones por la que el contrato fue otorgado por asignación directa. Tampoco se
encuentra el contrato completo sino un documento con “datos relevantes del
contrato”, que sólo incluyen datos del funcionario público y el monto pagado,
pero ningún desglose del servicio ni más datos de la empresa que el nombre.
Animal
Político preguntó al ISSSTE por qué
benefició con una adjudicación directa de más de 5 millones a la compañía
fundada por Juan Armando Hinojosa y la respuesta fue que la empresa fue
beneficiada sin pasar por una licitación porque “acreditó los criterios de
economía, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, y porque
era la mejor opción económica para el Estado, ya que según una “investigación
de mercado” esta sociedad daba los servicios entre un 13 y 23% más barato “que
las empresas competidoras”.
No obstante,
el ISSSTE no precisó en su escrito
cuáles son las empresas que supuestamente compitieron por el contrato, ni
entregó el “estudio de factibilidad” a partir del cual se le otorgaron recursos
públicos a Innovación Integrada.
Además, los
argumentos esgrimidos por el ISSSTE en su escrito tampoco coinciden con la
excepción prevista en el artículo 14 de la Ley de Adquisiciones; el cual, como
ya se expuso líneas arriba, permite las adjudicaciones directas solo cuando hay
un único proveedor capaz de dar un servicio; que el servicio sea con fines
militares; o que se ponga en riesgo la seguridad nacional si la contratación
del proveedor se realiza mediante licitación pública, entre otros.
Cursos
millonarios… de una semana.
Innovación integrada recibió 4
millones 777 mil pesos de tres contratos directos por parte de Exportadora de
Sal, S. A. de C. V., una compañía dependiente de la Secretaría de Economía,
productora y proveedora de sal para la industria del cloro-álcali en la cuenca
del pacífico.
Por un “estudio de evaluación y diagnóstico” cuyo
contrato tuvo vigencia de una semana (del 15 al 22 de diciembre de 2015) la
empresa cobró 2 millones 874 mil pesos y el contrato también fue otorgado por
adjudicación directa.
En 2016, Innovación Integrada ganó 1
millón 300 mil pesos por un “programa de capacitación en SAP” del 2 al 9 de
mayo; al siguiente año cobró 602 mil pesos por el servicio de “capacitación a
usuarios”, del 12 al 31 de octubre de 2017. Las tres contrataciones fueron realizadas por la
funcionaria Victoria Vergara Flores, de la Gerencia de adquisiciones y
almacenes de Exportadora de Sal.
Animal
Político buscó a Exportadora de Sal, pero no hubo respuesta.
Una empresa
de familia.
Innovación
Integrada SA de CV es una de las múltiples compañías del empresario Juan
Armando Hinojosa Cantú y sus familiares más cercanos. De acuerdo con su acta
constitutiva, cuya copia guarda Animal Político, esta sociedad fue creada el 4 de enero de 2013 en Toluca, Estado de
México, y se dedica a múltiples giros relacionados con proveer servicios de
“telecomunicaciones” y “tecnologías de la información”.
Los
fundadores de Innovación Integrada SA de CV son el propio Juan Armando Hinojosa Cantú y su socio Alberto del Moral
González, quien tal y como consta en su perfil de Facebook y en múltiples notas
de revistas de sociedad, es pareja sentimental de María Teresa Hinojosa García;
una de las dos hijas de Juan Armando Hinojosa.
Un mes
después de la fundación Innovación Integrada SA de CV, el 15 de febrero de
2013, tanto Hinojosa Cantú como Alberto
del Moral cedieron sus acciones a otras dos personas. Pero no formalizaron este
cambio ante el Registro Público de Comercio hasta más de cuatro años después,
el dos de junio de 2017.
A pesar de la venta de acciones de
Juan Armando Hinojosa, su familia mantuvo la presencia en la compañía a través
de María Teresa Hinojosa García, quien ocupa el cargo de comisaria en la misma.
‘Maritere’ Hinojosa
es la encargada de vigilar el correcto funcionamiento financiero de esta
sociedad.
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