El Sistema Quintanarroense de
Comunicación Social (SQCS) no pudo solventar las irregularidades en los
convenios que recibió de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano (Sedatu) por 806 millones de pesos de acuerdo con una auditoria iniciada
por la Secretaría de la Contraloría de esa entidad.
La
dependencia informó al organismo estatal desde el pasado 22 de marzo el inicio de los procedimientos
administrativos contra exfuncionarios que estuvieron el frente del organismo en
las fechas en las que se firmaron los convenios entre ellos: Jorge Eugenio
Acevedo Marín, exrepresentante legal y titular del organismo en el sexenio de
Roberto Borge.
Los millones que recibió la
televisora estatal de Quintana Roo entre 2015 y 2016 fueron dispersados en al
menos 33 empresas y 49 contratos sin licitación de por medio, con esquema
similar al utilizado en la trama de la Estafa Maestra, un sistema que permitió
un fraude al erario público por más de 5 mil millones de pesos utilizando
convenios con universidades públicas, como documentó Animal Político.
Entregan
contratos antes del convenio.
Entre 2015 y
2016 la Sedatu firmó dos convenios
generales con el sistema de comunicación del gobierno de Quintana Roo,
aprovechando una excepción legal marcada en el párrafo quinto del artículo 1 de
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que
permite contratar servicios con otra instancia pública sin pasar por un proceso
de licitación.
Por la Sedatu firmó como responsable
Luz María Orozco Quiroz en su calidad de titular de la Dirección General de
Comunicación Social y por el SQCS Jorge Eugenio Acevedo Marín, como director
general y representante legal.
Se trataron de convenio irregulares
de origen, de acuerdo con la auditoria de la Contraloría estatal pues no fueron
autorizados por la Junta Directiva.
La
dependencia estatal también encontró que
el SQCS empezó a entregar los contratos con las empresas subcontratadas desde
julio 2015, aunque el convenio general entre Sedatu y el organismo
quintanarroense se firmó dos meses después, el 17 de septiembre de ese año.
También detectó la falta de facturas que comprueben
el gasto de 37 millones de pesos y la entrega de “anticipos” por el 98% del
monto subcontratado.
La actual directiva del SQCS, que
encabeza Martha Silva Martínez, no solventó las irregularidades por 806
millones de pesos ni presentó a la contraloría del estado las “medida
correctivas y preventivas”, por lo que ahora será la Coordinación General de
Investigación y Situación Patrimonial definir las acciones legales.
A las
irregularidades detectadas por la Contraloría quintanarroense se suman los
hallazgos de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), la entidad que
destapó el fraude, pues detectó el desvió de recursos que la Sedatu entregó a
televisoras estatales, entre ellas la quintanarroense.
La ASF detectó que el SQCS subcontrató empresas
para dispersar los recursos federales, estas empresas, varias de ellas
señaladas como fantasma por el Sistema de Administración Tributaria
subcontrataron a otras empresas sin que hubiera pruebas de que los trabajos se
hicieron.
Estos son
tres casos señalados por la ASF de las 33 proveedoras del SQCS:
La ASF acudió
al domicilio señalado en las facturas y en los contratos que firmó Publicidad
Nat Nit sin localizar a la empresa que recibió transferencias por 123 millones
de pesos del SQCS. Por si fuera poco, Nat Nit declaró impuestos en ceros, como
si no hubiera obtenido ningún tipo de ingresos en el 2016.
No fue el
único caso, la televisora de Hermosillo, otra
de las televisoras estatales involucradas en la estafa, le otorgó 3 contratos a
la misma empresa por 143 millones de pesos, esos recursos tampoco fueron
declarados al SAT.
Donetsk, SA de CV obtuvo pagos del
SQCS por 17.4 millones de pesos, la empresa también declaró al SAT ingresos en
cero en 2016; y tampoco atendió las solicitudes de información que le planteó
la ASF.
Las dos
empresas relacionadas: Publicidad Nat
Nit y Donetsk, que en conjunto recibieron el importe de 298.2 millones de
pesos, tiene el mismo apoderado legal: Felipe Román Flores.
La empresa Desarrollo Publicitario ADP, que recibió
110 millones de pesos del SQCS, registró domicilio fiscal en despacho de
abogados que sólo recibe la correspondencia de la empresa. Es otra de las
empresas que declaró en cero ante el SAT a pesar de los millones que recibió, y
ya fue clasificada como “presunta fantasma” en marzo del año pasado.
Esta empresa
fue constituida por dos personas físicas y sus domicilios se ubican en Ciudad
Nezahualcóyotl, y se constató que el primero de ellos estuvo trabajando hasta
el 31 de diciembre de 2015, en el Fondo Nacional para el Fomento de las
Artesanías (FONART) dependiente de la SEDESOL, con un salario mensual de 1.8
miles de pesos, y en su acta de
terminación de la relación de trabajo, manifestó no saber leer ni escribir.
Agatha
Líderes Especializados, igual que las anteriores no fue localizada en el
domicilio fiscal señalado en facturas y contrato, lo que los investigadores de
la ASF encontraron en el lugar fue “una casa habitación en total estado de
abandono, sin evidencia de operación de una empresa”.
La compañía también fue declarada
fantasma por el SAT “hecho que debió de haber sido suficiente para que
cualquier organismo público federal o estatal limitara sus relaciones
comerciales con ella”, y al igual que las anteriores “no presentó la
declaración anual del impuesto sobre la renta, a pesar de haber recibido
recursos del SQCS por 58.9 millones de pesos.
Agatha fue otra de las empresas que
Televisora de Hermosillo también contrató para atender el convenio con la Sedatu
y recibió en pago 105 millones de pesos, nada de eso fue declarado al SAT.
En las 25
empresas proveedoras que el SQCS subcontrató para atender el convenio con la
Sedatu en 2016 presentaron
irregularidades como las ya señaladas: no pagaron impuestos por los contratos,
no fueron localizadas en los domicilios, entregaron información incompleta a
las autoridades y/o ya están señaladas o en proceso de ser señaladas como
“fantasmas”.
Al respecto
la ASF señala: “Se puede concluir que
los convenios suscritos entre la Sedatu y el SQCS, así como entre ésta y los
proveedores, únicamente fueron el mecanismo para justificar los pagos con cargo
al erario federal, debido a que ni el SQCS ni la mayor parte de las empresas y
personas físicas que se vieron beneficiadas con los recursos federales
participaron en la elaboración de producto o servicio alguno en favor de la
SEDATU, por lo cual se presume un desvío en el objeto del recurso federal”.
El pasado
lunes Animal Político dio a conocer que
el SQCS había reservado por cinco años los convenios que firmó con Sedatu y los
contratos derivados.
Tras
publicarse la información el organismo dio marcha atrás a su resolución y mediante
una reunión extraordinaria su Comité de Transparencia decidió hacer pública la
información y entregó la documentación oficial.
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