En
publicidad oficial y sólo para difundir la etapa 3 de la Reforma Educativa que
concierne al fortalecimiento del desarrollo profesional docente (o la
evaluación de los maestros mexicanos),
la Secretaría de Educación Pública (SEP), bajo la gestión de Aurelio Nuño
Mayer, gastó 83.6 millones de pesos durante 2016.
Lo anterior,
de acuerdo con una revisión de esta
Unidad de Datos en el Portal de Obligaciones y Transparencia (POT) y la página
CompraSEP. Se identificaron 79 contratos dados en su totalidad por adjudicación
directa a diferentes empresas informativas; es decir, sin que mediara
licitación o concurso por “servicios de difusión relativos a la campaña Reforma
Educativa, versión Fortalecimiento al Desarrollo Profesional Docente”. En la
misma muestra se encontró un contrato más a través del cual, la dependencia
pidió una evaluación de la campaña.
El mayor contrato, de 17 millones 241
mil 379 con 31 centavos, lo obtuvo Televisa. El segundo más grande fue dado a
Estudios Azteca y fue de 12 millones 931 mil 34 pesos con 48 centavos. El
tercero más abultado fue de ocho millones 620 mil 689 pesos con 66 centavos y
lo recibió GRC Comunicaciones.
Para conocer
la efectividad de la difusión de la campaña, la SEP se gastó otros 460 mil
pesos con la empresa Seymur Espinoza y Asociados S.A de C.V.
Pero los resultados de esta investigación
no pueden ser conocidos. La Secretaría de Gobernación los clasificó bajo
reserva justo un semestre antes de que Miguel Ángel Osorio Chong renunciara a
la Secretaría de Gobernación y Aurelio Nuño Mayer a la de Educación Pública.
El candado para no conocer si el
gasto oficial tuvo buenos resultados fue puesto del 5 de junio de 2017 y durará
hasta el 5 de junio de 2019, según el Índice de Expedientes Reservados de la
Segob. Cuando los
ciudadanos puedan conocer los resultados del estudio, el presidente Enrique
Peña Nieto –el impulsor de la Reforma Educativa- tendrá nueve meses de haber
entregado la banda presidencial. Su sucesor cumplirá nueve meses en la Primera
Magistratura del país.
Promulgada
por el presidente Enrique Peña Nieto, en febrero de 2013, la Reforma Educativa
fue la primera de un andamiaje legal que en el cobijo del Pacto por México, se
impulsó al iniciarse el presente Gobierno. Además del educativo, cambiaron de
manera estructural los ámbitos de las telecomunicaciones, los energéticos, el
ámbito financiero, el hacendario y el político-electoral. La Educativa estuvo
lista en septiembre de 2013, apenas nueve meses después de que el nuevo
Mandatario había asumido. En esa fecha se establecieron modificaciones a la Ley
General de Educación, y se expidieron la Ley del Instituto Nacional para la
Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional
Docente.
Entonces, el presupuesto para el INEE –es decir, el
dinero para evaluar a los profesores mexicanos- creció de manera exponencial.
Ese es el presupuesto acumulado del INEE. Se trata de dinero que fue en
incremento. En 2014, el instituto recibió 613 millones 350 mil 881 pesos y para
2015 –bajo el argumento de que tendría una atribución nueva y estructural–
incrementó su presupuesto a mil 020 millones de pesos. En 2016 tuvo mil 60
millones de pesos y para 2017, mil 153 millones 895 78 pesos, según el
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En total, desde la reforma, este
organismo ha recibido tres mil 847 millones de pesos 245 mil 959 pesos.
A la par del
dinero invertido, la Reforma Educativa cobró costos sociales y de seguridad
nacional. Más de 40 mil maestros de todas las regiones del país se plantaron en
el Zócalo de la Ciudad de México en septiembre de 2013 con una petición única:
la suspensión de la evaluación o exámenes diferentes para cada región del país.
Han pasado cinco años y no hay un
diagnóstico accesible para los ciudadanos que muestre a qué grado llegó la
evaluación de los maestros, parte primordial de la enmienda constitucional. La
Auditoría Superior de la Federación (ASF) expuso en su “Informe individual del
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2016” que el INEE
no dispuso de “una metodología para articular y analizar, de forma integral,
las evaluaciones de los componentes del Sistema Educativo Nacional”.
En el
apartado “Rendición de Cuentas”, la ASF
refiere que la información reportada en la Cuenta Pública 2016 sobre el
Programa para el Desarrollo Profesional Docente, en el nivel básico, no
permitió evaluar en qué medida la oferta académica impartida por medio de este
programa contribuyó en el fortalecimiento de los conocimientos, capacidades,
competencias y habilidades del personal”.
Ese mismo año, 2016, fue cuando la
SEP se gastó 83.6 millones de pesos en publicidad en medios para difundir cómo, desde la Reforma
Educativa, se fortaleció el Servicio Profesional Docente, parte medular de los
cambios estructurales impulsados por la presente Administración.
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