Ernesto
Villanueva.
Coincido en la decisión del
presidente electo Andrés Manuel López Obrador de que el Estado Mayor
Presidencial (EMP) –que empezó como una modesta ayudantía hasta convertirse
casi en un ejército paralelo– pase a retiro como cuerpo orgánico de la
Presidencia de la República, y sus integrantes se incorporen a la Secretaría de
la Defensa Nacional (Sedena) o la de Marina (Semar). No hay ningún lugar en el
mundo donde se haya dejado crecer un cuerpo de seguridad, logística e
inteligencia de esas magnitudes para custodiar la seguridad de un jefe de
Estado o de gobierno.
Vamos, en Estados Unidos, la primera
potencia mundial, no hay ni por asomo algo similar al EMP mexicano. Hay un
servicio secreto con alcances y fines mucho más modestos: custodiar la
seguridad del presidente y su familia.
En México el EMP es –ha sido– al
mismo tiempo un cuerpo de seguridad presidencial, un equipo de inteligencia
militar y un grupo con destrezas de logística y estrategia bien preparado y,
especialmente, muy bien remunerado, si se le compara con los miembros regulares
de las fuerzas armadas del país. El qué está fuera de duda. El cómo es todavía un
interrogante por los retos que ese proceso de reinserción conlleva, para que
cumpla los propósitos que serían deseables para el interés de la nación.
Con una nómina formal de más de 6 mil
elementos, así como más de 2 mil contratados por honorarios, el EMP es incluso
mucho más grande que el ejército regular con el que cuentan varios países de
América Latina.
A diferencia de lo que sucede en la
burocracia, donde la salida de los “expertos” –que se ha vendido como un
espantapájaros para justificar los sueldos de privilegio que no tienen relación
alguna en la experiencia comparada– puede fácilmente ser suplida con creces por
muchísimos doctores mexicanos que estudiaron con becas pagadas por el pueblo de
México en las mejores universidades del mundo, en el caso del EMP el asunto es muy
distinto.
En el caso
de los burócratas se tiene contemplado que haya un estado anímico de depresión
y enojo. Esa circunstancia, empero, no representa ningún peligro para la
estabilidad y la seguridad nacional de México. Pero. ¿qué decir de cientos de expertos en explosivos, de maestros en
artillería, de especialistas en guerra de guerrillas, de doctos en el manejo de
equipos de intercepción de comunicaciones, de elementos de élite formados en
Estados Unidos e Israel con las mejores técnicas para abatir al enemigo?
¿Alguien cree que estos hombres y mujeres, que por circunstancias del destino
hoy tienen sueldos elevados y con labores especializadas, van a aceptar con
franciscana resignación llegar a la Sedena o a la Semar con ingresos menores y destinados
a tareas operativas, sin el estatus psicológico y real que significa ser parte
del EMP?
De entrada, sería una locura tener en la Sedena y en la
Semar a elementos de primera y elementos de segunda, no sólo porque no hay –o
por lo menos no están pensados para ese propósito– recursos públicos, sino
porque hacer esa distinción generaría una caída pertinaz en el estado de ánimo
de la mayor parte de las fuerzas armadas.
De cara a
este contexto, es previsible la salida en las mejores condiciones que puedan negociar y eventualmente con el
grado superior de una porción significativa de los elementos asignados a las
distintas secciones del EMP para su inserción a la vida civil. Las opciones
que pueden encontrar en el mercado no son muchas ni tampoco atractivas:
a) las empresas de protección y seguridad
privada que proveen servicios de escolta a empresarios y personas de interés
público es una alternativa que va a generar, por lo menos al principio, una
contracción en ese mercado, al subir de un día para otro la oferta más que la
demanda, abaratando con ello los sueldos que se perciben en ese sector y un
aumento en la competitividad por alcanzar un buen espacio; y b) la incursión en actividades empresariales
en su campo de conocimiento, que no se ve fácil porque una cosa es ser el mejor
experto en explosivos y otra ser un estratega empresarial. Algunos, por
supuesto, podrán tener futuro si deciden emprender ese incierto camino.
Si no se lleva con el cuidado y la
sensibilidad adecuada, un porcentaje de esos elementos se va a enfrentar a la
necesidad-conveniencia de engrosar las filas del crimen organizado en
cualquiera de sus modalidades, aprovechando sus ventajas competitivas en ese
siempre redituable negocio: equipo, información privilegiada y formación especializada
que, es evidente, será debidamente aprovechada y reconocida económicamente por
los empresarios de este giro. No debemos olvidar que los “gafes” (los
integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales) se convirtieron luego en
Los Zetas.
Y en ese
escenario, que es más probable que posible, sí se tendría un problema de
seguridad nacional de efectos imprevisibles. Hasta ahora se prevé en el equipo
de transición del nuevo gobierno-régimen este hecho, pero no estoy seguro de si
el porcentaje de lo que tiene previsto que transite hacia esos negocios sea el
real y se le pueda dar seguimiento. Es
de esperar, por el bien de todos, que la transición en esta singular agrupación
se haga minimizando, en verdad, el número de efectivos que fortalezcan el
crimen organizado, por omisión, desconocimiento o fallas de estrategia. Para
bien o para mal, en los próximos meses-años se habrá de ver qué tan bien se
está manejando este proceso.
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