La Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
manifestó que ve con preocupación que el eje de la política de Estado que busca
crear condiciones mínimas de seguridad en el país y abatir la violencia, se
centre en el replanteamiento de la Guardia Nacional.
Dicha Guardia, al estar
mayoritariamente conformada por elementos de las Fuerzas Armadas y quedar
adscrita administrativamente a las mismas, “contraviene lo previsto por los
principios que hasta esta fecha ha sustentado nuestra Constitución, en el
sentido de garantizar la primacía y división de las autoridades civiles sobre
las militares”,
puntualizó en un comunicado.
Además,
abundó, es contraria a recomendaciones y
criterios formulados por instancias internacionales, en el sentido de que las
tareas de seguridad pública deben quedar en manos de instituciones de carácter
civil y reducirse al mínimo indispensable la participación militar en dicho
ámbito.
“El replanteamiento de la Guardia
Nacional representa una respuesta parcial e incompleta a la problemática de
violencia e inseguridad que enfrentamos”, subrayó.
De igual
manera, destacó que la utilización de las
Fuerzas Armadas no es la solución para los problemas de violencia e inseguridad
que enfrentamos, tan sólo es una parte de la misma.
La Guardia
Nacional, recalcó, “generaría el riesgo
de que se vulneraran derechos humanos, no garantizaría en modo alguno o
contribuiría por sí misma de manera sustantiva a que se acabara con la
impunidad, debilitaría nuestra institucionalidad civil y democrática, además de
contravenir principios, recomendaciones y criterios formulados por instancias
internacionales en materia de derechos humanos”.
La CNDH,
subrayó, no se opone a la participación
temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la
seguridad de las personas, y llama la atención sobre la necesidad de que tal
participación se regule objetiva y pertinentemente, partiendo de tales
premisas.
Expresó que,
si bien no considera que tal cuestión
sea deseable, ha sostenido de manera reiterada que ante la situación de
inseguridad, violencia e impunidad que existe en diversas regiones del país, es
necesaria tal presencia a efecto de contrarrestar las actividades del llamado
“crimen organizado”, ante la falta de recursos y capacidades para tal efecto
por parte de las policías civiles y la frecuente penetración y toma de las
mismas por parte de las referidas organizaciones delictivas.
De acuerdo
con el organismo presidido por Raúl González Pérez, la Guardia Nacional como se plantea no garantiza justicia, “en todo
caso una disuasión o contención que tienen efectos limitados y de corto plazo”,
además de que confiar en el uso de la fuerza como recurso principal genera un
gran riesgo de que se presenten o propicien violaciones a los derechos humanos.
“Por mejor capacitado que esté un
cuerpo que asuma funciones policiacas, poco o nada abonará al abatimiento de la
impunidad si no contamos con fiscalías autónomas, eficientes, con recursos y
capacidades suficientes para que los delitos se investiguen y las sanciones a
los responsables sean posibles”.
Según la
CNDH, la propuesta de reforma
constitucional tiene múltiples ambigüedades e imprecisiones que podrían derivar
en violaciones a los derechos humanos. Por ejemplo, la potestad genérica que se
confiere a la Guardia Nacional para actuar, a efecto de “preservar el orden y
la paz pública”, abre la puerta a una utilización discrecional de dicho cuerpo
que podría violentar garantías y libertades tan básicas como las de expresión,
al disenso y a la protesta.
De igual
forma, no se establece cómo se van a desarrollar
a las policías civiles, cuál será el destino y papel de las policías que
actualmente se encuentran operando, ni las bases y términos en que se daría la
coordinación entre instancias de los tres niveles y órdenes de gobierno, y
mucho menos con los Ministerios Públicos (MP).
Este último aspecto, apuntó, es de
especial relevancia en tanto que la investigación de los delitos necesariamente
debe quedar en manos de los agentes del MP y preservar múltiples garantías y
derechos.
De igual
forma, la iniciativa es omisa en
precisar los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y supervisión
externa a los que tendría que estar sujeta la Guardia Nacional en el ejercicio
de sus funciones, los cuales, necesariamente, tendrían que ser de carácter
civil.
Finalmente, insistió en la necesidad de contar con
fiscalías autónomas en todos sus aspectos, con los recursos y capacidades
administrativas y operativas necesarias para desarrollar debida y oportunamente
sus labores.
Remató: “Asumir la atención de las tareas de
seguridad bajo enfoques meramente reactivos, como lo es el replanteamiento de
funciones de la Guardia Nacional, ha demostrado su ineficacia para resolver los
problemas de fondo, llegando en algunos casos a propiciar, inclusive, mayor
violencia”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.