Por primera vez en la historia del
Estado de México el Congreso estatal está dominado por la oposición: el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cuenta con 38 diputados y la LX
Legislatura es presidida por la Diputada Azucena Cisneros Coss, quien ha
encabezado una lucha desde el legislativo para esclarecer los casos de
corrupción y opacidad en la entidad gobernada desde hace 93 años por el PRI.
En los poco más de tres meses que
lleva en operación la LX Legislatura se han observado cambios nunca antes
vistos en el Congreso estatal: tres exhortos al Gobernador Alfredo del Mazo
Maza para que esclarezca una serie de irregularidades detectadas en las
concesiones otorgadas a la empresa Aleatica (antes OHL) en el Estado de México;
una iniciativa que busca retirar pensiones y personal de seguridad a ex
gobernadores; un Punto de Acuerdo para echar abajo la llamada Ley Eruviel (que
perpetúa las concesiones) y, por primera vez en la historia de la entidad, la
Cuenta Pública de un Gobernador no fue aprobada.
Azucena Cisneros, presidenta de la Mesa Directiva de
la LX Legislatura, es la mujer que ha
encabezado esta lucha apoyada de su bancada. Sabe que los mexiquenses le dieron
a Morena la mayoría el 1 de julio para ser un contrapeso y mermar la corrupción
del Gobierno estatal; también para llamar a cuentas al Gobernador por su
ausencia en los temas de violencia, feminicidios y pobreza.
“Estamos obligados a responderle a la
gente, queremos lograr que la vida pública en el Estado de México sea una vida
mucho más equilibrada, que la gente se sienta representada y que sientan que
las leyes respondan a un beneficio directo. Nunca más un Congreso del estado
separado de los intereses de la gente”, dice la Diputada de Morena en entrevista con SinEmbargo.
Una de las iniciativas más relevantes
de su bancada es para retirarles algunos privilegios a seis ex mandatarios
mexiquenses, entre los que se encuentra Enrique Peña Nieto. Un decreto de 1945,
implementado en la administración de Alfredo del Mazo Vélez –abuelo del actual
Gobernador Alfredo del Mazo Maza–, y reglamentado en 1993 por José Ignacio
Pichardo Pagaza, permitió que los ex gobernadores del Estado de México contaran
con un chofer ayudante con rango cinco, tres ayudantes con categoría de Oficial
de Seguridad Pública, una secretaria, y una posible pensión.
“Lo que queremos en el Congreso es
abrogar este decreto para que se acaben con estos privilegios porque la gente
está harta de que los políticos abusen del poder”, asegura Cisneros Coss.
La
presidenta de la Mesa Directiva de la LX Legislatura también habla acerca de la ruta que se le sigue a las concesiones de
Aleatica, dice que no es una persecución hacia la empresa sino un intento por
esclarecer una posible corrupción en el Circuito Exterior Mexiquense y el
Viaducto Bicentenario, ambas vías concesionadas durante los sexenios de los
priistas Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto, respectivamente.
En
entrevista para SinEmbargo aborda
algunos problemas que se viven en el Estado de México como la pobreza y
feminicidios. En este último tema señala la falta de voluntad por parte del
Gobierno estatal para reconocer el fenómeno y adelanta que el Congreso está
trabajando junto con organizaciones para emitir una nueva Alerta de Género,
ahora por las desapariciones de niñas entre 14 y 17 años. “El fenómeno se está
dando en siete municipios como Chimalhuacán, Toluca, Chalco, Cuautitlán”,
detalla la Diputada.
–El grupo parlamentario de Morena en el
Congreso del Estado de México ya ha subido tres puntos de acuerdo para
esclarecer algunas irregularidades en las concesiones de OHL. ¿Hasta dónde
piensan llegar en este tema?
–Yo creo que la legislatura por
primera vez en su historia tiene una mayoría de oposición y eso da la
oportunidad de trabajar sobre varios temas. La legislatura del Estado de México
era prácticamente una ventanilla de recepción de las iniciativas del Gobernador
y funcionaba para que sirviera a los intereses del Poder Ejecutivo. Nosotros
como Morena nos hemos planeado una serie de rutas legislativas que tiene que
ver justamente con la rendición de cuentas, trasparencia, combate a la
corrupción y procuración de justicia, es una transformación del mismo congreso
para establecer un marco de mayor parlamentarismo, diálogo y debate.
La ruta de OHL, por ejemplo, responde a una ruta de combate a la corrupción. Nosotros desde las
trincheras dónde venimos estamos muy relacionados con este tema y se han
planteado tres exhortos, ahora viene también un tema de la derogación de la Ley
Eruviel que tiene que ver con temas de concesiones. Este será el trabajo
permanente del Congreso en el combate a la corrupción. El objetivo es ir
armando un aparato jurídico más eficaz en el tema de la transparencia y
rendición de cuentas que permita que los recursos públicos se sepan en qué se
gastan y por qué en esos montos. El tema de OHL da para mucho, no es un tema
que sea estatal, tiene connotaciones nacionales e internacionales porque en
otros países ya cayeron algunos (por corrupción) y aquí nadie. Nosotros como
grupo parlamentario no tenemos más que seguir en ese camino del combate a la
corrupción porque no sólo es OHL, está también el Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), que está involucrado en todo lo
que es la “Estafa Maestra”.
–La primera concesión de OHL en el estado
(Circuito Exterior) se otorgó en el año 2003 cuando el Gobernador era Arturo
Montiel y la segunda fue el Viaducto Bicentenario (2008) cuando estaba Enrique
Peña. En este proceso de esclarecer las irregularidades en las concesiones con
la empresa, ¿han pensado en llamar a cuentas a los ex gobernadores?
–Nosotros lo que estamos revisando es
el tema de la Ley de Fiscalización, nuestro marco jurídico nos impide llamar a
comparecer a los ex gobernadores y las rutas jurídicas no te llevan a nada. Por
ejemplo, la Cuenta Pública 2017 del Estado de México nosotros la desaprobamos,
pero esta cuenta no está jurídicamente reglamentada para que se califique, le
quitaron esa connotación, la dejaron sólo como un trámite. Lo que se hacía en
anteriores legislaturas era recibirla y aprobarla, lo dejaron como un trámite.
No podemos pedir que comparezcan los ex gobernadores, pero estamos en la ruta
de una recuperación jurídica para ir a una verdadera rendición de cuentas.
–¿En qué consiste la Ley Eruviel de
concesiones?
–Es una Ley, la cual buscamos
derogar, que establece que las concesiones pueden perpetuarse si el Secretario
de Comunicaciones estatal lo cree conveniente, lo que quiere decir que con un
sólo trámite del funcionario se les puede seguir extendiendo concesiones a las
empresas, como se hizo con Eruviel Ávila, un día antes de irse le extendió la
concesión del Circuito Exterior Mexiquense a OHL por 30 años más.
–El pasado
11 de diciembre Morena informó que
buscaría que se retiren las pensiones y el personal de seguridad a ex
gobernadores. ¿Me puede hablar un poco de esta propuesta?
–Los ex gobernadores del Estado de
México cuentan con un chofer ayudante con rango cinco, y con tres ayudantes con
categoría de Oficial de Seguridad Pública, nivel catorce, rango cuatro. Además,
tienen una secretaria, con categoría de Secretario Particular de Secretario,
nivel 27, rango 9 del Gobierno del Estatal. Es una serie de privilegios que se
vuelven inherentes y que responden a una cultura política que la gente ya no
está dispuesta a soportar. Estos privilegios vienen de un decreto de 1945, con
el Gobernador Alfredo del Mazo Vélez, y en 1993 el mandatario José Ignacio
Pichardo Pagaza lo reglamenta. De 1945 para acá se han venido asignando algunos
privilegios a los ex gobernadores y ha habido discrecionalidad e la aplicación
de estos privilegios. Nosotros hicimos hace algunos años una solicitud de
transparencia y ellos nos contestaron que esa información estaba reservada por
más de nueve años, entonces no nos la dieron y no se sabe si esos privilegios
implican también una pensión. Lo que queremos en el Congreso es abrogar este
decreto de 1945 y por ende el de 1993 para que se acaben con estos privilegios,
que si los ex gobernadores sienten que tienen algún riesgo, pues hay un
protocolo en la fiscalía para que puedan tener una seguridad, pero no como un
privilegio porque la gente está harta de que los políticos abusen del poder.
–En noviembre
pasado, el Congreso rechazó el dictamen
de la Cuenta Pública de 2017 debido a inconsistencias detectadas en al menos 38
programas sociales y otras áreas del gobierno, ¿qué ha pasado en este tema?
–Sigue la revisión de la Cuenta
Pública porque además de estas irregularidades en 38 programas también
detectamos la parte de los municipios. Hay una deuda en diez y vamos a
establecer una serie de mecanismos para establecer auditorías en ellos. La
Cuenta Pública 2017 fue la que sirvió para el fraude más escandaloso en los
últimos años en el Estado de México porque sirvió para favorecer a Alfredo del
Mazo, se utilizaron recursos públicos para que ganara la elección.
–Con Eruviel
Ávila la entidad se volvió la más
insegura para las mujeres y a pesar de que se decretó la Alerta de Género el
número de asesinatos no ha bajado. ¿Qué pasa en este tema, ustedes como
Congreso han hecho presión con el actual gobierno para que se trabaje en este
problema?
–Es un tema que nos lastima mucho, es
una deuda que se tiene con las mujeres en el Estado de México. La primera
sesión que tuvimos en la Legislatura LX presentamos la iniciativa de una
comisión especial de feminicidios, la cual no existía. El gran problema de la
entidad es que nunca ha querido reconocer el fenómeno, Eruviel tuvo que esperar
al fallo de un juez que determinó que era urgente la Alerta de Género en los
municipios. Se quiere emitir una nueva Alerta de Género, pero ahora por
desaparición, es decir, el fenómeno ha ido teniendo variantes mucho más
dolorosas. El fenómeno se está dando en siete municipios como Chimalhuacán,
Toluca, Chalco, Cuautitlán, es un tema de desapariciones de niñas entre 14 y 17
años. La organización Litigio Estratégico metió una solicitud de alerta, están
en la etapa de las recomendaciones. La Legislatura LX viene trabajando en el
tema a través de la Comisión de Feminicidios que encabeza mi compañera Karina
Labastida, hay una mesa de trabajo con la Fiscalía, a la cual creemos que deja
mucho que desear en temas de trato con las personas. Sigue faltando disposición
y una responsabilidad clara por parte del Gobierno en casos tan dolorosos como
son los feminicidios. Esa es una de nuestras rutas legislativas, estamos
evaluando la situación del Fiscal porque consideramos que el tiempo se agota y
necesitamos dar respuesta en el Estado de México, frenar el peligro que viven
las mujeres.
–El tema de la pobreza también es
preocupante en el estado. ¿Ustedes en el Congreso le da seguimiento al tema de
la pobreza y del padrón de beneficiarios de los programas sociales?
–La Tarjeta Rosa es una ilustración
clara de lo que es lucrar con la pobreza. Hay políticas que no responden a las
necesidades de la población.
–Por primera vez en el Estado de
México el Congreso ya no tiene mayoría del PRI, pasó a ser la segunda fuerza y
Morena la primera, ¿considera que con este contrapeso el gobierno estatal se
sienta vigilado y bajen los niveles de opacidad que se venían manejando en
sexenios pasados?
–Tiene que bajar los niveles de
opacidad, si Morena es mayoría en el Congreso porque la gente así lo decidió
pues tenemos que cumplir como contrapeso en el Estado de México.
–¿Cuál ha sido la respuesta del
Gobierno estatal a este contrapeso?
–Alfredo del Mazo ha mandado señales
de que quiere una relación de coordinación con el Congreso, se tiene que abrir
una nueva etapa en donde ellos deben entender que la gente ya no acepta que los
recursos públicos no sean transparentes.
–¿Ha ayudado ser mayoría en el
Congreso para llevar a cabo estas iniciativas para esclarecer irregularidades
en la entidad o todavía el PRI y sus aliados les han podido frenar algunas?
–Hay una resistencia porque hemos
roto con el estatus quo de la Legislatura, antes no se permitía la discusión.
El PRI actúa con sus aliados, que es el PAN y PRD, y han votado en contra de
algunas iniciativas, pero en ninguno de los casos les ha dado mayoría.
–¿Cuál es el objetivo de la LX
Legislatura mexiquense?
– Estamos obligados a responderle a
la gente, queremos lograr que la vida pública en el Estado de México sea una
vida mucho más equilibrada, que la gente se sienta representada y que sientan
que las leyes respondan a un beneficio directo. Nunca más un Congreso del estado
separado de los intereses de la gente porque eso nos tiene en una situación de
sufrimiento, no tenemos derecho a fallarle a la gente.
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