Guadalupe
Correa-Cabrera.
La guerra
contra las drogas en Tamaulipas.
Tamaulipas ha sido uno de los estados
que más ha sufrido por la violencia relacionada con el crimen organizado y por
la llamada guerra contra las drogas o la militarización de la estrategia de
seguridad en México. La historia de esta entidad ha estado vinculada de manera
muy cercana primero al contrabando, después al narcotráfico y ahora al crimen
organizado en general (incluyendo el robo de hidrocarburos, el tráfico de
migrantes, secuestro, extorsión, entre otras actividades ilegales). Tamaulipas
fue cuna del Cartel del Golfo y de los Zetas, agrupaciones que en su desarrollo
reconfiguraron radicalmente la estructura y la operación de la delincuencia
organizada en el país—y probablemente en todo el continente.
A principios de 2010, los dos grupos
criminales entraron en una violentísima confrontación que incendió una parte
importante del territorio nacional, incluyendo el noreste mexicano y la región
del Golfo de México. La respuesta del Estado a esta brutal lucha trajo como
consecuencia un crecimiento exponencial en los niveles de violencia y el número
de homicidios. Entre los miles de asesinatos y masacres realizadas por ambos
grupos y las fuerzas del Estado se encuentran: el homicidio de quien fuera
candidato a gobernador de la entidad en el año de 2010, Rodolfo Torre Cantú; la
masacre de los 72 migrantes en San Fernando en el mismo año; el descubrimiento
de fosas con restos de cerca de 200 personas también en San Fernando; el éxodo
de Ciudad Mier (desplazamiento forzado de más de la mitad de los pobladores del
municipio); así como una multiplicidad de eventos sangrientos de gran
envergadura que sólo podrían concebirse en condiciones de guerra.
Los Zetas
Inc.
En el año 2017, y después de casi
seis años de investigación de campo en diversas regiones del país (y por
supuesto en Tamaulipas), publiqué un libro titulado Los Zetas Inc.:
Corporaciones Criminales, Energía y Guerra Civil en México (University of Texas
Press y traducido al español hace un par de meses por Planeta en su colección
Temas de Hoy, quien cambia el subtítulo a La Corporación Delictiva que Funciona
como Empresa Transnacional). En muy pocas palabras, el argumento principal del
libro es que el modelo criminal de los Zetas—que ha inspirado a otros
mal-denominados “carteles de la droga”—y la respuesta del Estado mexicano,
ambos fenómenos de naturaleza militar generan una especie de guerra moderna o
guerra económica que desplaza a comunidades de territorios ricos en
hidrocarburos y recursos naturales básicos para la producción de energía.
Concluyo en
este libro que los ganadores (actuales y
potenciales) de la mal-llamada guerra contra las drogas en México son las
compañías productoras de armas, el sector financiero internacional, el complejo
fronterizo militar-industrial estadounidense, las compañías de seguridad
privada y sobre todo las compañías petroleras y de servicios a estas empresas
(Halliburton, por ejemplo) que operan en México oligopolizando a nivel
internacional las cadenas de suministro (supply chains) en la producción de
energía. El argumento es complejo y para su comprensión se requiere de una
lectura cuidadosa del texto. Hay evidencia que muestra las relaciones
planteadas, pero existe trabajo adicional por realizar para verificar las
hipótesis propuestas en este trabajo.
San
Fernando, la Cuenca de Burgos y la guerra por los hidrocarburos en Tamaulipas.
Los Zetas
Inc. hace un análisis a nivel nacional,
pero se detiene a estudiar tres casos particulares: Coahuila, Michoacán y
Tamaulipas. Es al estudio de este último caso al que le dediqué varios años de
mi vida, el que conozco mejor y al que asigné todo un capítulo del libro. El
caso de San Fernando es emblemático para ilustrar el argumento básico de Los
Zetas Inc., considerando su ubicación geográfica y las grandes masacres como
parte de la guerra por los hidrocarburos en México. San Fernando es un
municipio localizado en una región estratégica de la Cuenca de Burgos, una de
las reservas de gas natural más importantes del continente. Estamos hablando de
la reserva de gas natural—no asociada directamente al petróleo—más importante de
todo el país. Aquí han ocurrido también algunas de las masacres más serias de
los últimos tiempos. A nadie se le olvidan la tragedia de los 72 migrantes o
los 200 cuerpos enterrados después de la desaparición de varios camiones de
pasajeros en las carreteras del estado de Tamaulipas.
Los testimonios de los habitantes de
San Fernando son desgarradores y nos apuntan, primero, a la llegada del
ejército, después a la llegada de los Zetas y finalmente a la entrada del
ejército de nuevo. Hoy en día se observa el abandono de un gran número de
predios en esta región y la gente continúan teniendo miedo. Paradójicamente, en
los últimos años también se puede apreciar la presencia de empresas de energía
transnacionales (algunas de ellas que fueran contratistas de Pemex), las cuales
han estado operando a la espera de la definición de la ronda para entregar
contratos de explotación de hidrocarburos en esa zona.
Protección a
las empresas transnacionales de energía.
Llama la atención el gran apoyo a
estas empresas por parte del gobierno del estado de Tamaulipas, quien pareciera
haber establecido como prioridad la inversión y los intereses de dichos
negocios, y no el bienestar y seguridad de la población tamaulipeca. Como es
bien conocido, Tamaulipas continúa teniendo serios problemas de narcotráfico,
delincuencia organizada e inseguridad en general. Solo basta curar las redes
sociales que reportan situaciones de riesgo en la entidad y platicar con los
ciudadanos para confirmar esta dolorosa realidad. En Tamaulipas todas las
decisiones para llevar una vida normal giran alrededor de la violencia.
Es importante destacar que el actual
gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tiene excelentes relaciones
con inversionistas extranjeros interesados en el sector de los hidrocarburos.
De hecho, su campaña electoral se centró en las promesas de facilitar la
inversión extranjera para desarrollar al estado. Es también conocido que sus
allegados del otro lado de la frontera y dentro de Tamaulipas mantienen fuertes
intereses en el sector de la energía, particularmente en la industria de gas
natural y energía eólica. La cobertura de este tema en ambos lados de la
frontera confirma la amplísima cooperación del gobierno del estado con las
compañías transnacionales de hidrocarburos y productoras de energía en lo
general.
En mayo de
este año, pude constatar personalmente
la existencia de esta estrecha relación y enorme protección que brida el
gobierno de Tamaulipas a empresas extranjeras. A través de una conexión
indirecta con Nelson Balido—empresario, consultor y enlace entre las empresas
tejanas y el gobierno tamaulipeco—pude verificar lo que se comenta en la región
y en las redes sociales. La seguridad que brinda el gobierno estatal a las
petroleras y empresas de servicios de energía transnacionales es extraordinaria
(¡Ya quisiéramos que se brindara la misma protección a los tamaulipecos!).
Desafortunadamente, no se me permitió a mí acompañar al gobierno del estado en
su misión de proveer de seguridad a las empresas extranjeras que operan en San
Fernando Tamaulipas, donde es bastante notable su presencia. Las visitas de ese
tipo parecían estar reservadas para la prensa internacional con el objeto de
continuar con la promoción de la inversión extranjera en Tamaulipas.
La “Campaña
de Seguridad y Prosperidad”
En esa misma
ocasión, se me informó sobre el anuncio
de una nueva estrategia de seguridad. Y en efecto, el 7 de junio del presente
año, García Cabeza de Vaca anunció—con bombo y platillos—el lanzamiento de la
llamada “Campaña de Seguridad y Prosperidad” a través de la cual cooperaría el
gobierno tamaulipeco “junto con autoridades de siete agencias federales de
seguridad de los Estados Unidos,” en “una estrategia binacional sin precedentes
en contra de organizaciones criminales”. Me parece preciso analizar a
profundidad esta Campaña, todos sus detalles de operación y objetivos, los
aspectos legales de la misma, y sus posibles repercusiones. Por su complejidad
y la importancia de abrir esta discusión tan delicada, dedicaré todo un espacio
por separado a este tema.
Sin embargo,
pareciera ser que la Campaña de
Seguridad y Prosperidad, como su nombre lo indica, tiene más que ver con
asegurar las inversiones extranjeras en el estado de Tamaulipas añadiendo un
elemento de cooperación con autoridades estadounidenses para darles aún más
certidumbre a las grandes corporaciones transnacionales que se encuentran y que
potencialmente llegarían a esta entidad mexicana después de la asignación de
contratos para explotar hidrocarburos en las cuencas de Burgos y
Tampico-Misantla. Es desafortunado apreciar el contraste entre la protección
que se da al sector transnacional de la energía y la inseguridad atroz que
viven los pobladores de Tamaulipas. En el contexto actual, el gobierno del
estado parece tener muy claras sus agendas y prioridades: la inversión
extranjera y el bienestar de las transnacionales.
La
cancelación de las rondas 3.2 y 3.3: Una oportunidad para Tamaulipas.
La reciente cancelación de
importantes licitaciones para la asignación de contratos de explotación de
hidrocarburos que afectarían en gran medida a Tamaulipas llega en un momento
clave y podría promover acciones concretas y mejores investigaciones sobre esta
paradoja y los intereses que se encuentran detrás de las estrategias del
gobierno estatal. Asimismo, podría ser una oportunidad para redirigir los esfuerzos
hacia las comunidades golpeadas por la extrema violencia, la extorsión y el
crimen organizado en sus diferentes facetas. Los ciudadanos tamaulipecos
también cuentan; recordemos que su situación continúa siendo desesperada.
Se debe hacer una investigación
exhaustiva de lo que ha sucedido en Tamaulipas en los años más recientes. Es
evidente la falta de capacidad y de voluntad de las autoridades estatales para
luchar contra la delincuencia organizada efectivamente. La tragedia de
seguridad que vive Tamaulipas no se puede vincular exclusivamente a
administraciones prisitas, sino también al gobierno estatal actual. Me complace
la decisión por parte del gobierno federal de cancelar las Rondas 3.2 y 3.3.
Esto podría ayudar a que el gobierno tamaulipeco redirija sus prioridades y
comience a mirar a sus ciudadanos.
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