miércoles, 19 de diciembre de 2018

Presupuesto 2019, mentiras y medias verdades.


Dolores Padierna.

El Paquete Económico entregado por el gobierno a la Cámara de Diputados mantiene principios como las finanzas públicas sanas y la autonomía del Banco de México, al tiempo que se sostiene en la austeridad republicana.

La clave está en el cambio de prioridades para invertir el dinero público, que pone el acento en lo social, así como en la reducción salarial que, para el caso de los diputados es de 19 por ciento y de 22 por ciento para los senadores. Dada la resistencia del Poder Judicial, los magistrados seguirán recibiendo ingresos de hasta 578 mil pesos mensuales.

Ciertamente, la expectativa de crecimiento es conservadora. Pero en este rubro debemos recordar que la costumbre durante el sexenio anterior fue ajustar a la baja una y otra vez. La meta de cuatro por ciento sigue estando en el horizonte de la transformación que comienza con pasos firmes en materia de infraestructura y de programas sociales redistributivos.

En el debate legislativo y en la arena pública han abundado las mentiras, las verdades a medias y las exageraciones, aunque tampoco han faltado críticas atendibles sobre los criterios presupuestales.

En reacciones de bote pronto, por ejemplo, se dijo que una prueba del talante autoritario del nuevo gobierno era la reducción presupuestal de los órganos autónomos. El titular de Hacienda, Carlos Urzúa, tuvo que salir a aclarar que el presupuesto en esos casos fue elaborado por los mismos organismos referidos.

Por supuesto que hay temas muy polémicos, como la reducción del presupuesto a universidades públicas –que no a la educación en su conjunto–. La polémica ha servido, por lo pronto, para que vuelvan a la luz las condiciones de precariedad laboral de la mayoría de los docentes de esas instituciones, mismas que contrastan, según denuncias que circulan profusamente en las redes, con los privilegios que rodean a los directivos universitarios.

Los críticos conceden escasa importancia al hecho de que la educación será una prioridad, como prueban el alrededor de 10 mil millones de pesos que se destinarán a becas de estudiantes de nivel superior, así como los mil millones de pesos destinados a 100 nuevas universidades públicas.

La Secretaría de Bienestar (antes Sedesol) y la Secretaría del Trabajo, dependencias relacionadas con la mejoría de la calidad de vida de la mayor parte de la población, recibirán sustanciales incrementos en sus presupuestos.

La discusión del Presupuesto no puede darse separada de otros anuncios del gobierno que anticipan una mejoría en las condiciones de vida de la mayoría de los mexicanos. En esa ruta podemos anotar, por supuesto, el rescate de Petróleos Mexicanos, que permitirá, en el mediano plazo, disminuir la importación de gasolinas y disminuir sus precios.

Mención aparte merece el anuncio de un aumento de 16 por ciento al salario mínimo, acordado con los sectores productivos (dicho incremento será de 100 por ciento en una franja de la frontera norte). Se trata de un paso importante que, por un lado, no acarrea el peligro de inflación y, por otro, nos hace caminar en la dirección correcta si queremos dejar de ser una de las naciones más desiguales del planeta. Se trata de un incremento que coloca al minisalario por encima de la línea de bienestar del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), y que sin duda contribuirá al fortalecimiento del mercado interno.

En el debate también se ha dicho que el gobierno actual gastará 65 por ciento más en publicidad. El “truco”, como bien dijo el secretario de Hacienda, es que gobiernos anteriores presentaban un presupuesto bajo y luego gastaban muchos más de lo aprobado por el Congreso.

Póngase el caso de la publicidad: se calcula que Enrique Peña Nieto gastó, en su último año, 12 mil millones de pesos en ese rubro. La propuesta del gobierno actual es de tres mil 579 millones.

A la oposición que hoy dice defender lo que nunca antes le interesó, habría que recordarle que una pesada carga en el Presupuesto, que acompañará a este gobierno todo el sexenio, será la herencia de la deuda (los intereses, sólo este 2019, sumarán 750 mil millones de pesos).

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