Por Ezequiel
Flores Contreras.
Luego que en el pasado ha asegurado
que los jóvenes desaparecidos en la entidad, “participaban en acciones
delincuenciales” y crear una comisión estatal de búsqueda de personas
desaparecidas que se encuentra acéfala, el gobernador Héctor Astudillo Flores
consideró que los familiares de las víctimas requieren ser atendidas por las
autoridades.
“Hoy se
reinstala el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, una acción necesaria con
la que estamos comprometidos y que @Gob_Guerrero respaldará y apoyará en lo que
sea necesario”, expresó el mandatario en su cuenta personal de Twiter y remató:
“Acudo a este evento convencido de que las
familias que buscan a un familiar requieren de toda la atención y actuar del
Estado mexicano y de nuestra cooperación como autoridad estatal”, indicó en
referencia al acto oficial que se realizó esta mañana en la sede de Palacio Nacional
en la Ciudad de México.
Durante el
acto oficial, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas anunció que ahora el Sistema Nacional de Búsqueda
deberá garantizar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas; el Banco
Nacional de Datos Forenses; el Registro Nacional de personas fallecidas, no
identificadas y no reclamadas y el Registro Nacional de Fosas.
En
contraste, durante los tres años de la
administración estatal, la actitud de Astudillo ha sido indiferente ante el
problema de los desaparecidos en esta entidad que ocupa los primeros lugares en
impunidad, violencia y nulo acceso de justicia a víctimas.
En octubre
de 2016, el gobierno estatal destinó
seis millones de pesos para la construcción de un panteón forense de la
Fiscalía estatal, al interior de en un cementerio privado, propiedad del actual
diputado local priísta Heriberto Huicochea Vázquez, quien es compadre del
gobernador Astudillo.
Al respecto, integrantes de
colectivos de familiares de personas desaparecidas calificaron este hecho como
“un negocio entre Astudillo y Huicochea”, además reprocharon la construcción de
la fosa común en lugar de invertir en la elaboración de perfiles genéticos de
los 750 cuerpos que permanecen acumulados sin identificar en las unidades del
Servicio Médico Forense (Semefo), de la entidad.
Luego, en junio pasado fue creada la Comisión
estatal de búsqueda de personas desaparecidas sin etiquetarle recursos
públicos, designó como titular al investigador universitario Caritino Santiago
Morales y este año fue destituido dejando el órgano acéfalo.
En agosto pasado, miembros de ocho
colectivos de familiares de personas desaparecidas denunciaron que fueron
excluidos de una reunión donde Astudillo Flores anunció una inversión de 20
millones para la adquisición de equipo forense del proyecto de búsqueda e
identificación de cuerpos.
En ese
entonces (agosto pasado), Astudillo
Flores aseguró públicamente que los jóvenes desaparecidos en la entidad, entre
ellos los 43 normalistas de Ayotzinapa, “participaban en acciones
delincuenciales” y atribuyó la imparable ola de inseguridad y violencia a “la
pérdida de valores” en las familias guerrerenses.
De esta forma el mandatario se
deslindó de su responsabilidad de garantizar seguridad a la sociedad y el
acceso a la justicia de las víctimas que buscan a sus desaparecidos.
En
respuesta, integrantes de colectivos de
familiares de personas desaparecidas exigieron al mandatario que presente
pruebas de sus dichos o de lo contrario que ofrezca una disculpa pública a las
víctimas de la violencia.
Hasta la fecha, Astudillo no ha
ofrecido una explicación a las víctimas sobre su declaración que criminalizó a
los desaparecidos.
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