Un atardecer
rosado desciende sobre la carretera que conduce al municipio de Jiménez del
Teúl, una localidad que está más cerca de Durango que de la capital de
Zacatecas. Adelante, se descubre un valle que, adornado con un río de aguas de
manantial, luce apacible y frondoso: es el hogar de cientos de ejidatarios y
otros miles de habitantes. Y es también la zona en la que se pretende construir
una presa que lo destruiría todo.
“Nosotros del gobierno nunca
recibimos absolutamente nada. Nunca nos ven. Hasta ahora vienen porque les
gustaron nuestros terrenos. Mejor que no nos vean, no queremos que el gobierno
venga si sólo quiere perjudicarnos”, dice Rubén, ejidatario de El Potrero, y
remata: “Este pueblo es chiquito pero vale mucho para nosotros”.
El proyecto “Presa Milpillas” provocó conflictos de
interés, violencia e irregularidades que amenazan con despojar de la vida y la
historia a más de 3 mil ejidatarios que han emprendido una lucha en contra de
las empresas transnacionales y la fuerza del Estado.
El proyecto promete bonanzas hidráulicas para una
entidad en donde el agua es la principal necesidad y el recurso mayormente
negociable. Activistas y académicos han desempolvado la verdad: la presa
inundaría los poblados y desaparecería el 92 por ciento de las aguas de
manantial que alimentan al Río Atenco, centro de existencia de las comunidades
y ejidos.
El mapa de afectaciones atraviesa 19
comunidades. Dos de Jiménez del Teúl; Atotonilco y El Potrero. Cuatro en
Sombrerete; Estancia de Guadalupe; Corrales; Niño Artillero y Nuevo México.
Once ubicadas en Fresnillo; La Presa; Misericordia y Anexos; Primero de Mayo;
Trujillo y Buenavista; Melchor Ocampo; Tapias; San Cristóbal; El Salto;
Eréndira; México Nuevo y Providencia. También dos ejidos más que están en la
ruta del acueducto planeado para la presa; Hacienda Nueva en Morelos y La
Pimienta en Zacatecas.
La otra cara de la historia está a
más de 228 kilómetros de Jiménez del Teúl, junto al municipio de Calera. Ahí se
encuentra la imponente planta de Grupo Modelo, instalada desde 1997 y adquirida
en 2013 por la compañía belga Anheuser-Busch InBev. Si bien la Manifestación de
Impacto Ambiental del proyecto Presa Milipillas señala que el agua beneficiará
no solo a el sector público urbano, sino también permitirá dinamizar la
producción agrícola, industrial y de servicios, lo cierto es que beneficiará a
Grupo Modelo para mantener a Zacatecas con el mote de la “capital mundial de la
cerveza”, como lo presumió en 2015 el ex Gobernador priista Miguel Alonso
Reyes.
A algunos de los habitantes que viven
en las comunidades que serán afectadas, el título dado a la cervecera les
parece más bien un insulto. Cuando miran el valle y caminan por las calles sin
pavimento, se sienten en casa. Viven de sus cosechas y de sus animales. Se
saben dueños de su territorio.
Los
habitantes dicen que han sobrevivido sin
ayuda del gobierno y sentencian que no quieren al Gobernador Alejandro Tello en
sus tierras. Lo culpan por sus intereses en el proyecto debido a que, entre
2004 y 2010, fungió como gerente y negociador de ese consorcio antes de
integrarse al equipo de Alonso Reyes, entonces Gobernador.
El investigador Darcy Tetreault, de la Unidad Académica de Estudios
del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas, ha realizado diversos estudios sobre la crisis de sobreexplotación y
contaminación del agua en Zacatecas, a manos de empresas mineras y compañías
transnacionales productoras de bebidas embotelladas.
Grupo Modelo es el mayor consumidor
de agua en la región, con un permiso que le autoriza extraer 11.6 miles de
metros cúbicos (Mm3) al año del agua con la mejor calidad en el estado,
encontrada en el acuífero de Calera. Según las investigaciones del académico,
el monto de extracción representa 1.5 veces más, que el volumen extraído del
mismo acuífero para abastecer la zona conurbada de Zacatecas y Guadalupe.
La historia de cómo los hombres de
negocios comenzaron a explotar la tierra de los pobladores se remonta a 1992,
cuando el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari promulgó la Ley de
Aguas Nacionales, en la que por primera vez se permitió a las empresas la
compraventa de derechos de usufructo sobre aguas mexicanas. Desde 1991, Grupo
Modelo ya estudiaba la instalación de su planta más importante en Zacatecas,
aparecía como una de las empresas mayormente beneficiadas. Ahí se producen casi
14 mil botellas de cerveza por minuto, lo correspondiente a 20 millones de
cervezas en un día.
Lo que Grupo Modelo paga por el agua
zacatecana es información reservada por la Conagua.
La extracción añade un grado más a la
desigualdad del estado: las investigaciones académicas concluyen en que el agua
de mejor calidad es entregada a las empresas, y la peor, con contaminantes y
concentraciones peligrosas de metales pesados, se reparte entre los barrios
marginados y la población más vulnerable.
Si en México
la ley sirve de algo, el reparto
desigual de agua viola el Artículo 14 de la Ley de Aguas Nacionales, que
establece que: “El uso doméstico y el uso público urbano tendrán preferencia en
relación con cualesquier otro uso”.
Aunado a las
afectaciones socioambientales que ocasionará el proyecto, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), el Movimiento de
Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos y el Observatorio de
Conflictos Mineros de Zacatecas denunciaron que el Estudio de Factibilidad de
la presa —elaborado por el por el gobierno zacatecano y avalado por la
Semarnat, cuyo costo fue superior a los 16 millones de pesos— contiene
información errónea y presenta deficiencias en los detalles básicos del
proyecto.
Además de las múltiples
irregularidades, la comunicación de las autoridades gubernamentales con quienes
serán afectados si la presa se construye, ha sido casi nula. El problema se ve
además envuelto en una nube de desinformación y cooptación de medios de
comunicación dedicados a publicar sólo los beneficios del proyecto.
En el
estudio de factibilidad de la Presa Milpillas, elaborado en 2015, el costo inicial del proyecto se estimó en
poco más de 3 mil millones de pesos, ahora los promotores aseguran que costará
lo doble. La bolsa combina recursos estatales y federales. Entre sus
principales características, la presa tendría una altura de 89 metros y la
capacidad de retener 60.6 millones de metros cúbicos de agua, lo que crearía un
embalse de 284.4 hectáreas.
RECHAZAN LAS
CONSULTAS.
“Estoy asustada, de repente siento
que los sigo mirando”, dice Doña Chonchi, unas de las ejidatarias de El
Potrero. El mal recuerdo deviene de lo ocurrido el domingo 14 de octubre del
2018. Los pobladores recuerdan esa fecha como el día en el que todo se
resquebrajó.
Mientras los más de 60 ejidatarios de
El Potrero se preparaban para celebrar una sesión en la que votarían a favor o
en contra del proyecto, un convoy de 20 patrullas de la policía estatal —con
cerca de 100 elementos a bordo— aparecían por sorpresa en sus tierras. Los
elementos sitiaron el Salón Ejidal e instalaron un filtro en el que decidían
quiénes podían ingresar al salón.
Ahí se encontraba Alfonso Carlos del Real López,
representante del gobierno de Zacatecas, Luis Fernando Maldonado, titular de la
Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal, Francisco Godoy, procurador
agrario, y Victoriana Esparza, presidenta municipal de Jiménez del Teúl por el
PRI.
Y aunque la votación resultó
favorecedora para el proyecto con 34 votos sobre 28 en contra, el proceso
obscurece el resultado. Entre gritos y jaloneos se utilizaron papeles verdes
para ir en contra y rojos para ir a favor, lo que ocasionó confusión entre los
pobladores. Ese día, algunos ejidatarios y la activista Grecia Rodríguez,
integrante del Observatorio de Conflictos Mineros, fueron golpeados por
policías e intimidados por la fuerza del estatal.
Las denuncias presentadas ante el
Ministerio Público, la Comisión de Derechos Humanos del estado de Zacatecas, la
Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Procuraduría Agraria dan cuenta de
la intromisión del estado en los asuntos ejidales.
Pese a todo,
el avance del proyecto no se ha
detenido. Los afectados señalan que la empresa Materiales y Construcciones
Camino Real ha invadido con maquinaria terrenos de Atotonilco, lugar en donde
se construiría la cortina de la presa. Mientras que otra compañía, Corporativo
Krystal, fue contratada por el gobierno para negociar la compra o renta de
tierras ejidales.
Materiales y Construcciones Camino
Real ha recibido -desde 2009- contratos de obra pública en Zacatecas por 333.5
millones de pesos, muchos de ellos relacionados con obras hidráulicas y uno,
por 140.8 millones, para la construcción de la primera etapa del sistema de la
presa de almacenamiento Milpillas, entregado en junio del 2018.
Los
ejidatarios no vacilan cuando exigen al
presidente Andrés Manuel López Obrador cumplirles lo que prometió en campaña.
Ya se lo gritaron en un evento público, donde el mandatario dijo que el
proyecto se iría a consulta, pero ellos se niegan a tener ese proceso. El no es
no. En esa zona de Zacatecas, Morena tuvo una influencia importante durante el
proceso electoral del 2018. Saben que el partido y el presidente les deben. Se
resisten a pensar que sus votos fueron en vano.
“Que haga valer lo que dijo en
campaña. Él dijo que ningún ejido iba a ser pisoteado. No queremos ser pisoteados”,
dice Javier, ejidatario de El Potrero, y añade, “Yo estoy firme, aunque me
pongan 10 millones enfrente, no estoy de acuerdo”.
EL AGUA, LA
SUBSISTENCIA PARA EL PUEBLO.
Esas tierras y su río significan
todo: “Jugábamos en el río, toda nuestra niñez fue ir al río. A veces salíamos
de la escuela y corríamos al río quitándonos la ropa. Ahí nos enseñamos a
nadar. El agua es a veces fría, pero después a uno se le olvidaba. En la noche
nos quedábamos enterrados en la arena y después la risa con los que quedaban
enterrados”, recuerda con nostalgia Pantaleón, un habitante del Ejido Corrales.
El río
colorea el paisaje, en época de calor, sus bordes se adornan con diversos
frutos: de tuna a chabacano, pasando por membrillos y manzanas. Los jóvenes se
bañan en el río y bailan bajo el techo de los árboles.
Todos
nacieron ahí. Las casas que habitan fueron construidas por sus abuelos y
tatarabuelos. Algunos cuentan cómo sus padres lucharon por la tenencia de la
tierra a caballo y sin dinero. De llevarse a cabo el proyecto, ninguno tendría
a dónde ir, su tierra es todo lo que tienen y el único patrimonio para sus
hijos.
“El Gobernador no se ha dignado en
poner los pies por acá y explicarnos. No estamos de acuerdo porque van a haber
muchas afectaciones. Para mí la lucha no significa mucho, significa todo. Aquí
nacimos, aquí nos criamos, aquí tenemos nuestras tierras y aquí seguimos en la
lucha por mantenernos. Queremos que nuestras tierras sigan vírgenes, como están
ahorita”, exige Manuel Herrera, del Ejido Estancia de Guadalupe.
Toña, una mujer ejidataria de El
Potrero, mira de frente cuando sentencia que no se van a dejar: “Sabemos
defendernos, nomás que nos hable cortito”, dice. Con su esposo, que falleció
hace un par de años, se acercaron en 2015 personas para buscar un acuerdo.
Ellos les dijeron que el proyecto serviría para dotar de agua a Grupo Modelo.
“Los primeros que vinieron a hablar
en 2015 nos dijeron que querían un acuerdo porque querían el agua para la
empresa de la cerveza. Luego vinieron otros y nos dijeron lo mismo, que el agua
era para la cerveza en Calera. Los terceros que vinieron dijeron que nos iban a
sacar como ratas, ahí fue cuando nos pusimos más vivos”, relata.
Efraín,
ejidatario de El Potrero, culpa a las
empresas extranjeras y al gobierno de envenenar las tierras: nos están quitando
lo nuestro en México, en pedacitos nos lo están quitando. El gobierno está
vendiendo al país. Nos están dejando el puro cascarón. Nos están dejando
veneno.
En Atotonilco, uno de los ejidos que
serán más afectados de llevarse a cabo el proyecto -porque ahí se construiría
la cortina de la presa Milpillas-, Lucila y su familia, que viven al pie de la
montaña, en una casa que inició al interior de una cueva natural formada entre
las hendiduras de las rocas, tienen como centro de subsistencia el Río Atenco:
de ahí se proveen de agua limpia, ahí se bañan y con ella alimentan a sus
animales. El río y su tierra es todo lo que tienen, y les podría ser
arrebatado.
Lucila es pieza central en la
oposición que manifestó su ejido cuando la empresa Materiales y Construcciones
Camino Real envió a hombres con maquinaria para comenzar los trabajos para la
construcción de la presa Milpillas. Ella y su amiga María organizaron la
resistencia del Ejido para evitar el inicio de obras en Atotonilco. “Les hemos
demostrado, tanto a la familia como al rancho, que no se necesita ser hombre
para hacer cosas por la comunidad y defender nuestra tierra”, dice.
“El 18 de octubre llegaron dos
máquinas, llegaron a la Crucita y dos ya habían pasado al río. Le pedimos al
comisariado que nos enseñara el permiso y él dijo que no había dado permiso,
que había sido la presidenta municipal y que no nos podíamos meter con las
máquinas porque venían de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente estatal.
Decidimos pararlas, nos fuimos por dos lados diferentes y nos les pusimos
enfrente. El señor que traía la máquina le gritaba a los ejidatarios, muy
agresivo. Nos amenazaba, hay vídeos y fotos de todo eso. Nunca nos quiso
enseñar los permisos. Las pudimos parar y a los cuatro días otra vez intentaron
moverlas para seguir trabajando, pero ese día la gente ya estaba más lista y
tampoco los dejaron pasar. Cuidamos ese espacio noche y día, por ocho días.
Duraron una semana utilizando a la policía estatal para asustarnos. La policía
nos da miedo”,
cuenta María.
La pobreza y la violencia han
originado que la mayoría de los hijos de ejidatarios y habitantes de esa zona
de Zacatecas migre a Estados Unidos. Algunos de ellos tienen hasta 20 años sin
verlos, y son sus hijos quienes proveen de recursos para hacer los trámites
necesarios para detener el proyecto. A inicios de febrero de este año, un grupo
de ejidatarios viajó por primera vez a la Ciudad de México con la intención de
hablar con Andrés Manuel López Obrador. El objetivo no se logró.
“No los va a matar la edad, los van a
matar de la tristeza. Ellos quieren su oxígeno, quieren a sus animales. Ellos
no tienen miedo. Les están quitando su vida, no solo su territorio”, agrega
Pantaleón, mirando a la veintena de ejidatarios que se encuentran en el salón y
cuya edad rebasa los 70 años.
De
permitirse el proyecto, el color del atardecer caerá sobre un cementerio de
historias de lucha. Iluminará un valle inundado y lleno de nostalgia. Será
testigo de la voraz rapiña que alimentan las empresas transnacionales y el
Estado mexicano. Y la cerveza será producida con el dolor de una tierra.
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