Por Arturo Ángel.
La Fiscalía
General de la República (FGR) abrió 31
averiguaciones previas y carpetas de investigación por las múltiples denuncias
de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) derivadas del desvío de
recursos federales en el sexenio del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
Hasta la fecha solo cinco de esos casos ya se integraron y mandaron a un juez,
mientras el resto siguen pendientes de resolver.
Como resultado seis exfuncionarios
veracruzanos están bajo proceso, mientras que uno más está prófugo. No hay
todavía personas sentenciadas por estos hechos.
Las denuncias penales interpuestas
que dieron pie a la apertura de estas investigaciones son por un posible
quebranto al erario público superior a los 18 mil millones de pesos. No
obstante, el monto total de recursos cuyo destino y uso está pendiente por
aclarar en Veracruz supera los 62 mil millones de pesos. Era dinero proveniente
de 14 fondos federales, y que estaba destinado a diversos rubros, entre ellos
salud, seguridad y educación.
Esta
información fue obtenida por Animal Político gracias a la interposición de un
recurso de revisión en contra de la FGR – antes PGR – luego de que, en un
primero momento, no proporcionó la información solicitada vía transparencia.
De acuerdo con los datos
proporcionados, la dependencia a través de la Subprocuraduría Especializada de
Investigación en Delitos Federales (SEIDF) ha iniciado 31 averiguaciones
previas y carpetas de investigación relacionadas con el mal manejo de recursos
federales en Veracruz.
Esta cifra contrasta con los datos de
la Auditoría que sostiene que ha presentado 85 distintas denuncias de hechos
contra el gobierno de Veracruz producto de las irregularidades detectadas en
las cuentas públicas de 2011 a 2016, que corresponde al periodo de la
administración de Javier Duarte.
Cuestionada sobre el número de casos
consignados o judicializados ante un juez exitosamente (la diferencia en el
término obedece a lo casos del viejo y nuevo sistema penal), la FGR respondió
que consignó una averiguación previa y judicializó otras cuatro carpetas de
investigación ante jueces penales federales.
Los casos enviados ante el juez ya
derivaron en procesos abiertos en contra de seis exfuncionarios del gobierno de
Veracruz quienes cumplen con dichos juicios en libertad. Además hay una orden
de aprehensión girada en contra de un ex servidor público que no se ha
cumplimentado pues sigue en calidad de prófugo.
La Fiscalía no reveló ni los delitos
imputados a los responsables ni sus nombres. Se le solicitó que proporcionara
los cargos de los exfuncionarios procesados pero no dio detalle alguno de esa
información.
Lo que sí confirmó la FGR es que
hasta la fecha no hay sentencias condenatorias por alguno de estos casos.
El principal
responsable: inmune e impune.
Los dictámenes técnicos que la
Auditoría ha presentado para sustentar las denuncias presentadas ante el
Ministerio Público Federal identifican al extesorero del estado de Veracruz y
exdiputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, como el principal responsable
en el manejo de los recursos federales y, por ende, de las irregularidades
detectadas.
Funcionarios
con conocimiento del caso señalaron a
Animal Político que fue la oficina de Tarek Abdalá la responsable de ejecutar
las transferencias de partidas federales a cuentas concentradoras que no
estaban autorizadas para recibir esos fondos, o hacia otros destinos en algunos
casos desconocidos.
“En el caso específico de Veracruz
era el tesorero Abdalá el que realmente tenía las facultades para operar el
movimiento de los recursos. En varias ocasiones la Auditoría le requirió
directamente aclaraciones sobre las operaciones detectadas sin que hubiera
resultados. Legalmente es el principal involucrado” dijo uno de los funcionarios cuyo
nombre se reserva por no haber autorización para dar declaraciones públicas.
Pese a los
anteriores señalamientos Tarek Abdalá no
ha sido procesado y tampoco se prevé que ocurra por el momento.
Un primer obstáculo para proceder en
su contra fue el fuero federal que Abdalá consiguió por un periodo de tres años
luego de convertirse en diputado federal en 2016, inmediatamente después de
dejar el cargo como tesorero de la entidad.
Y después, a
unos meses de perder dicha protección – el
23 de mayo de 2018 – Tarek Abdalá rindió de manera voluntaria una amplia
declaración ministerial ante la entonces PGR en la que confesó que ejecutó
múltiples transferencias de recursos públicos irregulares, pero dijo lo hizo
siguiendo las órdenes del exgobernador Duarte, y de su esposa Karime Macías.
Este testimonio fue utilizado por los
fiscales en el juicio contra Javier Duarte, quien a la postre terminó
declarándose culpable y fue condenado a 9 años de cárcel. A cambio de esta
declaración Tarek Abdalá consiguió que la Procuraduría no procediera en su
contra por los malos manejos reportados por la Auditoría.
El acuerdo de inmunidad, técnicamente
denominado “criterio de oportunidad”, quedó formalizado el pasado 30 de
noviembre, dos días antes de que concluyera el sexenio del presidente Enrique
Peña Nieto.
Multimillonario
desvío desde 14 fondos federales.
La ASF practicó más de 300 auditorías
de distinta índole al gobierno de Javier Duarte. Como resultado de las mismas
se detectaron posibles malos manejos por 96 mil millones de pesos. De ese total
las autoridades estatales consiguieron esclarecer (o en su defecto reponer) 34
mil millones de pesos. Apenas la tercera parte del monto total observado.
Lo anterior significa que hay 62 mil
38 millones de pesos cuyo destino y correcta utilización se desconoce hasta la
fecha. De ese total 18 mil 314 millones corresponden a la cuenta pública de
2016 (año en que hubo elecciones locales), y 15 mil 682 millones son de 2014.
Se trata de los años con mayores desfalcos reportados.
Como
resultado de las revisiones practicadas,
los auditores identificaron por lo menos 412 movimientos o hechos posiblemente
fraudulentos en la administración de Duarte, desde subejercicios y pagos no
autorizados hasta transferencias ilegales de los recursos federales.
Además de
las denuncias penales también promovieron 212 procedimientos de
responsabilidades administrativas en contra de los funcionarios que resultaran
responsables.
El dinero presuntamente desviado por
la administración de Duarte provenía de 14 distintos fondos, convenios y
subsidios federales. Entre esos fondos se encontraba dinero para
infraestructura social, educación, seguridad, apoyo a los municipios e incluso
para servicios de salud.
Cabe señalar que el estado de
Veracruz es la entidad con el mayor monto de recursos federales desviados o mal
manejados. Incluso triplica el monto observado en el estado de México que es la
entidad con mayor población del país y la que mayor transferencia de recursos
federales recibe cada año.
Animal
Político publicó en julio del año pasado
que la FGR (entonces PGR) tenía casi 500 averiguaciones y carpetas de
investigación abiertas por denuncias de la ASF sin que en ese momento hubiera
una sola persona procesada penalmente ni sentenciada.
En el segundo semestre de 2018 y
principios de este año la Fiscalía consiguió sacar adelante los primeros casos
relacionados con los desvíos en el gobierno de Javier Duarte, así como varias
carpetas de investigación iniciadas por el mecanismo de corrupción conocido
como “La Estafa Maestra”.
Lo anterior fue posible luego de que
la PGR y la ASF integraron un equipo especial compuesto por fiscales, peritos y
auditores para agilizar denuncias relacionadas con los casos de mayor impacto.
Incluso en el caso de Veracruz el equipo se trasladó a la entidad en donde por
varios días llevaron a cabo verificaciones de campo.
¿Por qué los casos no avanzaron? En
una reunión con periodistas realizada en noviembre pasado el subprocurador de
la SEIDF Felipe Muñoz aseguró que los fiscales que trabajaron los casos en años
anteriores integraron de forma deficiente las carpetas e incluso incurrieron en
negligencias premeditadas, como cuando un agente del MP se declaró incompetente
para revisar varios casos los transfirió a la Fiscalía de Veracruz.
Un funcionario que tuvo conocimiento
de estos casos señaló, no obstante, que el avance de varias investigaciones era
complicado debido a que las denuncias de la ASF en la mayoría de los casos
presentaban fallas o deficiencias documentales, por lo que el Ministerio
Público prácticamente tenía que iniciar de cero.
En tanto, la ASF ha señalado en diversos momentos que
coadyuva con las autoridades en las denuncias que presenta y que las
complicaciones obedecen, en parte, a la falta de fiscales y policías para
investigar estos y otros casos, y a las altas cargas de trabajo.
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