En el caso
de Bechtel, en 2017 fue vinculada a un caso de corrupción en Abu Dhabi,
Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con el diario The Telegraph, se le acusó de
ser usuario de servicios del Grupo Al Badie para ganar un contrato para la
construcción de una planta de petroquímicos.
Bechtel
admitió en tribunales británicos que pagó sobornos para ganar el proyecto. En
consecuencia se le condenó por delitos estipulados en la Ley de Soborno
(Brubery Act), del Reino Unido.
En el caso
de Worley Parsons, se trata de corrupción en la industria petrolera. En 2016,
de acuerdo con el diario The Sydney Morning Herald, se destapó una “gran estafa
mundial de sobornos”.
En esta
trama, Worley Parsons se alió con Leighton Holdings, otra empresa contratista
también de Australia, para obtener contratos gubernamentales internacionales en
materia petrolera.
En 2008 se
filtraron archivos en los que se evidenció que la campaña para ayudar a ganar a
Worley un contrato multimillonario. Se les ofreció a las empresas el 1 por
ciento del precio total del contrato adjudicado a Parsons o a Parsons ECO.
En 2007 se
le acusó a un gerente de Parsons de obtener información confidencial en
Kazajistán a través de la empresa Borghi, que sobornaba a uno de los gerentes
de los contratos más importantes de ese país. En suma, de acuerdo con el diario
australiano, a esta empresa se le considera como “capaz de pagar a los
intermediarios sumas enormes de dinero para ganar contratos”.
Luego está
el caso de Technit, que fue acusada de montar una red de sociedades offshore
que fueron utilizadas para pagar sobornos. De acuerdo con información del
diario Perfil de Argentina, Technit había movido millones de dólares en el
mundo.
Esta empresa
incluso está relacionada con los casos de corrupción de Petrobras: Technit
habría pagado sobornos a cambio de contratos, calculados en al menos 8.5
millones de dólares.
Sobre KBR, está
la demanda que impuso la Comisión Nacional del Mercado de Valores ante el
Tribunal de Distrito de Estados Unidos contra esta empresa por idear entre 1995
y 2004, un plan para sobornar a funcionarios del gobierno de Nigeria para
obtener contratos por más de 6 mil millones de dólares. Y los ganó.
Para
ocultarlos, señala la demanda, KBR simuló la celebración de contratos de
“consultoría” o “servicios” con intermediarios que luego canalizaría en sus
tarifas “supuestamente legítimas” a los nigerianos.
Para toda
esta operación utilizaron una empresa fantasma de Gibraltar controlada por un
abogado desde Estados Unidos.
La Comisión
interpuso el recurso contra KBR para solicitar “medidas cautelares permanentes
para prevenir futuras violaciones de las leyes federales de valores, y para
buscar sus ganancias mal habidas”.
Lo mismo
ocurrió con Technip, también por acusaciones en Estados Unidos por pagar 338
millones de dólares de sobornos a cambio de contratos.
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