Por Efrén Flores.
El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) busca dotar a México de autonomía
energética con una estrategia central: fortalecer a Petróleos Mexicanos (Pemex)
y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Sin embargo, no hay tiempo ni
dinero suficientes para grandes cambios y la urgencia obliga a la nueva
administración, a 95 días de mandato, a dar resultados a corto plazo.
Entre las principales
promesas del Presidente López Obrador están no aumentar el precio de los
combustibles más allá de la inflación, dejar de comprar energéticos al
extranjero y reducir el costo de la energía eléctrica en la franja fronteriza.
El proyecto del nuevo
Gobierno federal plantea generar autosuficiencia petrolífera con la
flexibilización del mercado de las gasolinas y el incremento de la exploración
y de la producción. En el caso de la autosuficiencia eléctrica, pretende
transformar las termoeléctricas para hacerlas más eficientes y benignas con el
medio ambiente, así como dar impulso a las hidroeléctricas y a las energías
renovables.
Las propuestas de López
Obrador –al menos en el discurso– son “buenas” y “ambiciosas”. No obstante,
existe “una brecha entre la narrativa del Gobierno y las expectativas del
mercado”, ya que “el fortalecimiento que plantea la nueva administración
requiere de tiempo y dinero, que es lo que no tiene”, dijo a SinEmbargo el analista energético
de la consultora Mercury, Arturo Carranza.
A más de tres meses de
gobierno, Pemex y CFE no han presentado un diagnóstico claro y/o eficiente. Más
bien, algunas de las políticas de la nueva administración reflejan “un país
pensado por un solo hombre” (es decir AMLO), coincidieron los doctores Miriam Grunstein Dickter
(Brilliant Energy) y Fabio Barbosa Cano (UNAM).
Según los analistas, el
panorama que pinta el Presidente de México parece ser uno de “fobia a lo
privado” en que el Estado “quiere asumir todos los costos de la generación”,
aunque depende de la iniciativa privada para lograr el desarrollo pensado.
En ese sentido, Grunstein recalcó que “no es la modalidad pública o privada la que hace que algo
sea eficiente o no”, sino la toma de decisiones con conocimiento (know-how)
técnico, basada en un proyecto nacional que requiere, pero que no depende por
completo, de las decisiones políticas.
Ella, como Carranza y Cano, refirió que las opciones del Presidente son acotadas y deben ser
quirúrgicas. AMLO deberá evitar la “impaciencia que devora al actual Gobierno”
(Cano) y pensar de manera “inteligente” si quiere impulsar la autonomía
energética de México.
Por un lado, el
Gobierno de AMLO deberá ir a donde está el dinero. Es decir, estrechar lazos
con el sector privado para generar asociaciones que permitan desarrollar
proyectos definidos, al mismo tiempo que reestructura a Pemex y CFE para
volverlas más eficientes. Ello implica liberar presiones fiscales –como en el
caso de Pemex– sin generar riesgo de más endeudamiento (que es la crítica al
proyecto de AMLO por parte de las calificadoras crediticias a nivel
internacional).
Por el otro, deberá
responder con medidas a corto plazo sin afectar al mercado interno –como
sucedió este año con la crisis de distribución de gasolinas por la
implementación de medidas contra el robo de combustible o “huachicoleo”–. Ello
implica, por ejemplo, el impulso a una cultura de ahorro de energía
(institucional y social) para la disminución de la demanda y el uso eficiente
de los recursos energéticos a nivel nacional (mientras se logra el desarrollo
de las políticas a mediano y largo plazos).
RESCATAR A PEMEX.
Durante su sexenio,
AMLO ha propuesto modernizar las seis refinerías existentes; construir una
nueva en Dos Bocas, Tabasco; impulsar las energías renovables y nuevas
tecnologías de producción; ampliar y modernizar la infraestructura de
almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos, así como fortalecer
y hacer más eficientes los sistemas financiero (con la evaluación y revisión de
licitaciones y contratos) y operativo (con una “estructura vertical de la
cadena de suministros de petróleo y gas”) de Pemex.
Las medidas de apoyo
del Gobierno federal a Petróleos Mexicanos incluyen un aumento de 19 por ciento
al gasto neto total de la empresa productiva del Estado. Para 2019, Pemex podrá
ejercer 466 mil 946 millones de pesos. Esto es 75 mil millones de pesos más que
el año pasado, de acuerdo con los presupuestos de egresos de la Federación.
Entre las medidas
anunciadas para 2019, están reducir en 15 mil millones la carga fiscal de Pemex
(que utiliza el 46.02 por ciento de sus ingresos, 932.8 mil mdp en 2018, para
el pago de impuestos y derechos sobre la producción); capitalizar a la empresa
con 25 mil millones (cantidad equiparable al 13.24 por ciento de los gastos de
inversión de la petrolera, o al 2.95 por ciento de sus gastos operativos); y
darle 35 mil millones de pesos adicionales para el pago de su deuda (2 billones
5 mil 800 millones de pesos, equivalentes al 98.95 por ciento de sus ingresos
en 2018).
A estas medidas (por un total de 75 mil mdp) sumarían 32 mil millones adicionales, que
según el Gobierno federal, resultarán del combate al robo de combustible o
“huachicoleo”, y que son equiparables al 1.58 por ciento de los ingresos de
Pemex en 2018. En total, el Gobierno prevé apoyar a Pemex con una inyección de
107 mil millones de pesos para revertir su déficit fiscal (el año pasado la
compañía registró pérdidas de 63.2 mil mdp).
Sin embargo, la
estrategia de rescate y la promesa de no endeudar más a Pemex no convencieron a
calificadoras como Standard and Poor’s, Fitch y Moody’s, que castigaron a la
petrolera con una baja perspectiva y/o reducción de su calificación crediticia.
Ayer, la agencia Standard and Poor’s señaló que “el riesgo de
ejecución para Pemex es elevado”, ya que “la implementación del plan de
negocios de la empresa sigue expuesto a decisiones políticas que podrían entrar
en conflicto con los objetivos financieros y de negocio. Además, la constante
supervisión de parte del Gobierno federal podría resultar en trabas no deseadas
que pueden afectar las operaciones de la empresa y posiblemente retrasar la
puesta en marcha de sus proyectos”.
La semana pasada, CitiBanamex refirió que “Pemex no se
volverá más eficiente ni rentable” con las estrategias anunciadas, “ya que
asignará capital a actividades de bajo rendimiento [y] no mejorará
significativamente los procesos operativos y de gestión”, además de que el
proyecto no contempla asociaciones público-privadas en la “mayoría de las
actividades”.
El desempeño de Pemex
es elemental para las finanzas del Gobierno mexicano. En promedio en los
últimos cinco años, la cuarta parte (23 por ciento) de los ingresos
presupuestarios del sector público mexicano provino de ingresos petroleros.
No obstante, entre
2013 y 2018 la producción de crudo decayó en 26.5 por ciento (pasó de 2.5 a 1.8
millones de barriles diarios). Hoy en día importamos el 38 por ciento de los
petrolíferos y el 74 por ciento de las gasolinas, y las seis refinerías
nacionales operan, en promedio, al 40.27 por ciento de su capacidad productiva
(procesan 620 mil barriles diarios de petrolíferos).
En este contexto, las
estrategias propuestas por AMLO –incluidas las de su “Proyecto de Nación
2018-2024”– buscan impulsar la eficiencia de Pemex, lo que implica una
inversión de 288.4 mil millones de pesos en inversión (36 por ciento más que en
2018), sobre todo para exploración y producción, con la finalidad de reducir la
dependencia nacional al extranjero, generar mayores ingresos petroleros a
través de las exportaciones, y por ende, detonar el desarrollo nacional.
El problema con la
estrategia de López Obrador es que implica procesos a mediano y a largo plazos,
en la mayor parte de los casos, además que la apuesta a la exploración y
producción, con la “dotación geológica [de petróleo actual], ya no permite
ilusiones para que sobre ella descanse un programa de crecimiento económico
basado en los hidrocarburos”, dijo a SinEmbargo el especialista en economía del
sector energético, Fabio Barbosa Cano.
Según el académico del Instituto de Investigaciones
Económicas de la Universidad Autónoma de México (UNAM), “todavía hay mucho petróleo en el subsuelo de México. Pero ni siquiera
en Cantarell se ha sacado el 50 por ciento y nuestro factor de eficiencia, en
promedio en este país, es abajo del 20 por ciento. Quiere decir que el 80 por
ciento del petróleo […] todavía está en el subsuelo”, explicó.
Aunque la
rehabilitación del “deteriorado aparato de refinación es un acierto” para
“aminorar” el repunte de los precios de los combustibles, el “error
fundamental” del proyecto de AMLO es creer que “a Pemex se le pueden encargar
tareas como si fuera una rama de exploración y producción que apenas está
naciendo. La mayoría de nuestros campos petroleros se encuentran en severa
declinación. […] La mitad de nuestra extracción petrolera depende de un sólo
complejo que se llama Ku-Maloob-Zaap” cuya producción “se va a desplomar en los
próximos años”,
abundó Cano.
De acuerdo con la información de la Comisión Nacional de
Hidrocarburos (CNH), la Secretaría de Energía (Sener) y Pemex, Ku-Maloob-Zaap tiene el 38.99 por ciento (3
mil 308.5 de 8 mil 483.7 millones de barriles) de las reservas probadas de
petróleo crudo a nivel nacional. Al ritmo de producción actual (1.8 millones de
barriles diarios de crudo y 5 mil millones de pies cúbicos diarios de gas) las
reservas probadas (recursos listos para ser explotados) durarán cerca de nueve
años.
Inclusive si
pudiéramos explotar todo el petróleo del subsuelo, estaría el problema de las
refinerías que fueron construidas entre los setentas y ochentas para procesar
crudos ligeros.
Según Pemex, el 58 por
ciento del crudo que produce México es pesado, el 31 es ligero y el 11
superligero. Esto supone que las refinerías trabajen más lento y con menor
eficiencia. Para revertirlo, serían necesarias décadas y miles de millones de
pesos anuales en inversión tecnológica, tiempo y dinero con los que el actual
Gobierno no cuenta (aunque pueda generar avances importantes).
¿QUÉ OPCIONES TIENE AMLO?
En febrero de este año,
el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, aseguró que durante el
sexenio serán desarrollados 20 nuevos campos de exploración y producción de
hidrocarburos mediante contratos de servicios múltiples (el modelo previo a la
Reforma Energética de 2013) y no de asociaciones público-privadas o “farmouts”.
De acuerdo con Arturo Carranza, los contratos de servicios “permiten que Pemex decida en dónde, cómo y
qué yacimientos explotar. Le permite tener el control de lo que se va a
explotar y realizar actividades en tiempo más breve”. Sin embargo, añadió, “con
estos contratos Pemex tiene que asumir todo el costo financiero y Pemex, en un
contexto general, lo que menos tiene es dinero”.
En cambio con los
farmouts, Pemex y sus socios compartirían riesgos y ganancias. Es decir,
dividirían la inversión y las utilidades, lo que significa que Pemex no se
vería tan beneficiado o fortalecido, pese a que tendría la opción de
capitalizar proyectos que por sí sola no puede.
Al respecto, Carranza señaló
que lo ideal sería que Pemex utilizara los dos mecanismos. Por ejemplo,
“contratar servicios en aguas someras –frente a Campeche y Tabasco– y generar
asociaciones en aguas profundas con grandes empresas” (Exxon, Shell, entre
otras).
Grunstein refirió, en
cambio, que no existe una estrategia adecuada por parte de la nueva
administración y que, sin un diagnóstico claro, será difícil sacar adelante a
la empresa productiva del Estado.
La socia fundadora de Brilliant Energy señaló que el problema es que la iniciativa privada no ha dado los
resultados esperados –ya que nunca estuvo “sometida a una planeación de largo
plazo realizada por el Estado”– y que, por otro lado, regresar a los contratos
de servicios será insuficiente porque Pemex es un operador “inidóneo”.
Para mejorar las condiciones, urgió la necesidad de profesionalizar y hacer más eficiente al personal
de Pemex, establecer un mayor rigor en el cumplimiento de los programas de
exploración y producción, además de generar una verdadera fiscalización y
rendición de cuentas que impulse, en parte, las propuestas de modernización de
la compañía.
También dijo que sería
importante dotarla de contrapesos al interior, para evitar el manejo de Pemex
desde lo político y empezar a tratarla desde una visión técnica y empresarial
que incentive a privados a invertir con ella.
Al respecto, entre las
propuestas del Proyecto Nación de AMLO, están pendientes la eliminación de
“asimetrías regulatorias en la cadena de valor” de Pemex, la abrogación de
impedimentos “que le prohiben la libre competencia” (en México y el mundo),
darle autonomía presupuestal y de gestión, así como “integrarla como una sola
empresa y modificar su gobierno corporativo”.
A corto plazo y en un
contexto de caídas del precio del petróleo desde 2014, malas gestiones –con
perfiles más políticos que técnicos– y elevados cobros de impuestos que han
impactado las finanzas de Pemex, Cano mencionó que lo más importante sería
“eficientar” el uso de los energéticos.
“Si desde el lado de la
oferta no puede hacerse mucho y tampoco pueden lograrse resultados en el corto
plazo, lo que el Gobierno tiene que hacer es emprender medidas […] para cortar
la demanda”, comentó. Esto implica, por ejemplo, impulsar sistemas de
transporte en todo el territorio nacional y evitar el crecimiento “exacerbado”
del mercado de motores fósiles. “Sólo en la Ciudad de México, cada año,
ingresan alrededor de 200 mil nuevos autos”, recalcó.
La propuesta de Cano,
no obstante, figura entre las “Diez líneas de Acción de la Propuesta del
Programa del Petróleo” de López Obrador.
Según el proyecto, la
“reducción de la demanda” partiría de “mejorar la manera como se manejan los
recursos energéticos del país”, a partir del ahorro y uso eficiente de la
energía y mejores procesos de transformación; de elevar las normas de
eficiencia en el uso de petrolíferos en el sector transporte; del impulso a la
cogeneración en todas las industrias y de la creación de “ciudades inteligentes
de bajo consumo”, con cultura de ahorro de energía.
Entre otras propuestas
que podríamos ver a corto plazo, también está la “fiscalización de
combustibles” para reducir costos ambientales y “desactivar el uso de los
automóviles particulares”. Con los impuestos coligados, el nuevo Gobierno
financiaría el transporte público, la transición energética y la preservación
del medio ambiente.
RESCATAR A CFE.
El 25 de febrero pasado,
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el Proyecto Integral
Morelos y la termoeléctrica en la Huexca seguirán adelante, ya que la consulta
popular realizada –y que ha sido rechazada por las comunidades de Morelos– fue
aprobatoria con el 59.5 por ciento de los votos a favor.
Este proyecto, como el
de siete gasoductos detenidos por diversas problemáticas de índole social,
serán parte de los grandes retos del Gobierno de AMLO.
Para el analista energético Arturo Carranza, la situación de los ductos y de la
termoeléctrica de Huexca reflejan la falta de planeación de la Comisión Federal
de Electricidad al momento de realizar proyectos que involucran a la iniciativa
privada.
En el caso de los
gasoductos que atraviesan por al menos 15 estados de la República Mexicana y
que están a cargo de las empresas privadas Carso Energy, Fermaca, IEnova y
TransCanada, refirió que se trató de contratos “adecuados” –porque buscaron
aumentar la capacidad de distribución de gas, “el principal energético de CFE
para generar electricidad”– cuya gestión falló por falta de estrategia y tacto
sociales.
El plan del nuevo
Gobierno, reconoce la necesidad de invertir en proyectos sociales, en los que
incluye ocho “Programas de Energías Alternativas” que contemplan, por ejemplo,
apoyos a “45 mil comunidades marginadas de hasta 300 habitantes cada una”, mismas
que se encuentran “aisladas del Sistema Eléctrico Nacional”.
Más allá de las
problemáticas sociales a las que se enfrenta la administración de AMLO,
Carranza reconoció que la situación financiera de CFE “es muy diferente a la de
Pemex”, que reporta utilidades (18.1 mil mdp en 2018) y su deuda consolidada
(1.1 billones de pesos a 2018) no es tan amplia como la de la petrolera. “Eso
le permite tener más tiempo y recursos para sus proyectos”, refirió.
Al igual que los doctores Miriam Grunstein Dickter (Brilliant
Energy) y Fabio Barbosa Cano (UNAM), Carranza refirió que el reto de CFE será “que pueda repartir el pastel” con la
iniciativa privada, en un proceso que garantice la eficiencia y la autonomía
energéticas, así como el desarrollo de fuentes renovables para diversificar
mercados y preservar las condiciones ambientales.
El Proyecto Nación del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) plantea “conservar la generación
termoeléctrica actual”, lo que implica evitar el retiro de aquellas que no
operan de manera adecuada, que no operan o que fueron desmanteladas, para
modernizarlas, repotenciarlas o ajustarlas para la quema de “combustibles más
económicos” y para “combustión dual”, o en su defecto, para utilizar los
predios para nuevos proyectos.
A la par, como parte del plan de rescate de la Comisión, el Gobierno federal anunció inversiones
para las 60 hidroeléctricas del país, con erogaciones por 34 mil millones de
pesos (24 mil mdp para el mantenimiento y reactivación de centrales eléctricas
y 10 mil mdp para fortalecer a la CFE, con la finalidad de igualar sus
condiciones de competencia frente a la iniciativa privada).
Según los analistas consultados, el aspecto más importante del proyecto de AMLO es el impulso que busca
dar a las hidroeléctricas (que producen el 14.3 por ciento de la electricidad a
nivel nacional), en un escenario en que la mitad (el 48 por ciento, de acuerdo
con datos de CFE y Sener) de la producción de electricidad es generada por
privados, y en que el 84.7 por ciento de la electricidad es generada en
termoeléctricas.
No obstante, recalcaron
que el proyecto sigue siendo “ambicioso” y de difícil consecución en un periodo
de seis años, sobre todo porque no hay diagnósticos claros. En su Proyecto,
Morena extiende las perspectivas del sexenio sin explicar cómo y de dónde obtendrá
los recursos necesarios para su consecución.
Propone, por ejemplo, la
inversión “privada” y “escalonada” de 121.3 mil millones de pesos para la
instalación de 112 centrales hidroeléctricas, que para el año 2030, generarán
un total de 13 mil 255 teravatios por hora.
Asimismo, plantea la
necesidad de sustituir a los Productores Independientes de Energía –que hoy en
día generan el 27 por ciento de la electricidad nacional, de acuerdo con cifras
oficiales– ya que, a pesar de que producen a un costo 30 por ciento menor que
el de la CFE, su tarifa doméstica “tiende a incrementarse debido a que dependen
de los costos de cada uno de los procesos que intervienen en hacer llegar la
electricidad a los hogares, como son generación, transmisión, control de energía,
distribución y comercialización”, se lee en el “Proyecto de Nación
2018-2024”.
A corto plazo, al igual
que con Pemex, los analistas observaron el potencial de sanar las finanzas de
CFE con el combate a la corrupción y la austeridad gubernamental.
Empero, destacaron la
necesidad de comenzar, “desde ya”, las inversiones con privados en materia de
energías renovables, que según el plan de Morena, para 2024, podrían alcanzar
un 23 por ciento de crecimiento y representar el 16 por ciento del volumen de
generación eléctrica del país, con una reducción de emisiones de carbono de
hasta 10 por ciento.
Por el momento, el
nuevo Gobierno podría sacar adelante los Certificados de Energía Limpia (CEL’s)
cuyo valor comercial, hasta el año pasado, fue de 300 pesos.
Comercializar los
CEL’s, de acuerdo con el plan del Gobierno federal, “podría significar un
recurso importante para las energías limpias y dar un valor agregado a la
generación hidroeléctrica, aparte de la reducción de las emisiones de
carbono de efecto invernadero. Se estima que, para 2024, la obtención de CEL’s
podría aportar 189 millones de dólares adicionales” al país.
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