Por Ricardo
Ravelo.
Proyecta una
imagen de hombre impoluto, probo y sin mancha. El mismo pregona haber rechazado
cañonazos de dólares del crimen organizado y de haber pacificado dos
territorios sangrientos –Tijuana y Ciudad Juárez –cuando el narcotráfico rebasó
a las autoridades y convirtió esos lugares en verdaderos campos de batalla.
Sin embargo,
detrás del rostro duro y firme de Julián
Leyzaola Pérez –el teniente coronel retirado que aspira a ser Alcalde de
Tijuana por el PRD –se oculta una historia negra: la de un violador de los
derechos humanos que hizo de la tortura su mejor instrumento para posicionarse
como combatiente de la inseguridad.
Imparable en
el autoelogio, Leyzaola Pérez grita por
todos lados que él pacificó Ciudad Juárez y Tijuana cuando fungió como
Secretario de Seguridad Pública en esos municipios. Pero la paz fue efímera:
esos territorios volvieron a ser dominados por el narco y su violencia atroz.
En Juárez las balaceras y secuestros van en aumento y lo mismo ocurre en
Tijuana, ciudad del crimen, donde todos los días ocurren unos siete asesinatos
entre grupos criminales.
La historia de torturador que carga
Julián Leyzaola cobra vida ahora que el militar sinaloense busca ser Alcalde de
Tijuana –cuna del cártel del mismo nombre –abanderado por el Partido de la
Revolución Democrática (PRD), una institución con muy mala fama porque en el
pasado reciente lanzó como candidatos a personajes vinculados con el
narcotráfico ya la corrupción.
La postulación de Leyzaola Pérez en
Tijuana genera preocupación y no menos miedo. Y no es para menos: su historial
como militar y policía está manchada por 19 recomendaciones por violación a los
derechos humanos, 20 indagatorias siguen abiertas en el fuero federal y común,
además de que también tiene expedientes que se revisan en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Penal Internacional por
presuntos crímenes de lesa humanidad.
Pese a sus negros antecedentes, a
Leyzaola le apasiona la política. En el pasado reciente las voces de protesta
se alzaron cuando el Partido Encuentro Social lo postuló como candidato a
diputado federal. De inmediato las críticas se desataron: “Un torturador en el
Congreso”, “No queremos a un asesino y torturador como diputado”, rezaban las
consignas.
Leyzaola se
retiró de la contienda. Su argumento: “Yo
no sirvo para ser diputado”. Luego reveló su ambición de poder: “A mí me gusta
gobernar”.
Después de
su paso por la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana –(2008-2010) fue inhabilitado por cinco años para ocupar
cargo público en Baja California.
Este castigo derivó de una denuncia
que interpuso Luis Hernández Gálvez, un policía de Tijuana que – aseguró –fue
torturado por el militar en el año 2009.
Este caso ha
sido uno de los más polémicos, no
obstante que Leyzaola carga con un expediente que acumula una veintena de
denuncias dentro y fuera de México por violación a los derechos humanos.
Y es que el caso Hernández Gálvez
formó parte de las cinco recomendaciones que organizaciones públicas de
derechos humanos emitieron entre 2009 y 2011 contra Leyzaola Pérez por tortura
y detenciones arbitrarias durante su paso como jefe de seguridad pública en
Tijuana.
En total, esas acusaciones involucran a 37 víctimas
y, de ellas, 29 son policías municipales a los que torturó e intentó relacionar
con el cártel de Tijuana.
De acuerdo
con testigos de estos hechos, la peor
época para los policías de Tijuana fue la que encabezó Julián Leyzaola. Se
afirma que en ese periodo ocurrieron unos sesenta crímenes cuando en otros
tiempos no tan lejanos la ciudad sólo registraba entre tres y cuatro
asesinatos.
Y lo peor de todo es que Leyzaola no acabó
con la delincuencia –él pregona lo contrario –pues el crimen organizado se
afincó con mayor arraigo en esa ciudad fronteriza. Lo que se le atribuye a
Leyzaola es el acierto de abrirle la puerta al cártel de Sinaloa golpeando al
de Tijuana.
En su
denuncia ante los organismos defensores de derechos humanos, a los que recurrió para hacerse escuchar y lograr
que le hicieran justicia, Hernández Gálvez expuso que, según le consta, a
Julián Leyzaola no le gusta mandar a torturar a la gente. “Él personalmente lo
hace”, asegura.
Y habla con
conocimiento de causa: “Yo fui torturado
directamente por él –dijo en su relatoría de hechos –y otras tres personas,
entre ellas, el capitán Gustavo Huerta, quien en ese tiempo fungía como
director de la Policía y Tránsito municipal.
“En el protocolo de Estambul que me
aplicaron se dieron cuenta que me causaron 85 lesiones. Ese señor (Se refiere a
Julián Leyzaola) me brincó sobre mi cadera y me rompió una placa que tengo en
la pelvis por un accidente que tuve hace años y durante tres meses no pude
caminar”.
Este
testimonio desgarrador, en voz de Hernández Gálvez, fue publicado también por
Gloria Leticia Díaz, reportera del semanario Proceso.
Luego, la víctima narró algunos
detalles sobre las prácticas de tortura que suele utilizar Leyzaola:
…” Le gusta usar una bolsa para
asfixiar, son métodos de tortura que han sido denunciados en otros casos que
después conocí”.
Hernández
Gálvez no sólo se ocupó de denunciar su
caso: mediante una larga tarea de investigación se convirtió en una pieza clave
para documentar casos de tortura, cometidos por Julián Leyzaola, que forman
parte de al menos unas veinte carpetas de investigación, las cuales están
vigentes tanto a nivel federal como en el estado de Baja California.
Por ejemplo,
la Comisión Mexicana de Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos, así como la Comisión Ciudadana de Derechos
Humanos del Noreste han documentado que, de un total de 52 denuncias por
tortura, el militar que ahora pretende ser candidato del PRD a la Alcaldía de
Tijuana participó en unas treinta agresiones contra policías municipales.
Todos estos hechos, documentados en
su totalidad, fueron denunciados en el año 2009 ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos. De estos casos también conoce la Corte Penal
Internacional.
Lo peor en
este caso es que el militar sinaloense
nunca ha sido llamado a cuentas. Con este negro expediente en su haber,
Leyzaola pudo ser Secretario de Seguridad Pública, precandidato a diputado
federal y ahora se apresta a lanzarse como abanderado del PRD a la presidencia
municipal de Tijuana como si nada debiera ni temiera.
Después buscó ser asesor del Gobierno
de Quintana Roo en materia de seguridad, pero la sociedad lo rechazó debido a
sus antecedentes.
La impunidad lo cobija, pues en el
estado de Baja California las autoridades estatales no han procedido en su
contra. Y la Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz
Manero, tampoco se ha ocupado de darle el seguimiento a las denuncias que pesan
en su contra.
Mediante
argucias legales, Leyzaola pudo zafarse
la inhabilitación para ocupar cargo público, pero no escapó del juicio social.
Después de nueve años de haber fungido como el responsable de la seguridad de
ese municipio, al militar se le recuerda por sus excesos de fuerza y la
práctica de la tortura; porque no pudo con la delincuencia organizada –a
diferencia de lo que él pregona –, porque durante su gestión fueron asesinados
cincuenta policías y porque, además, la policía de Tijuana fue vetada para ser
capacitada por organismos nacionales e internacionales debido a la mala fama
que arrastra desde esos tiempos.
Lo cierto es que actualmente Tijuana
y buena parte del estado de Baja California es un territorio en disputa por
parte de los grupos del crimen organizado. Ahí todos los días se baten por la
plaza los cárteles de Tijuana, Sinaloa y Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Todos los días ocurren crímenes. No importa si es de día o de noche. Las
balaceras no paran. De ahí que otros aspirantes políticos a dirigir el estado y
el municipio consideran que el principal problema es la inseguridad y para ello
se diseña una estrategia de alto nivel y con el personal más capacitado. (De
esto hablaremos en otro momento).
La historia no miente y existen
razones para que la sociedad de Baja California, y en particular los habitantes
de Tijuana, sientan miedo al ver que Julián Leyzaola maniobra para ser el
candidato del PRD a la presidencia municipal de ese municipio.
Y no es para
menos. De ser este hombre Alcalde, a
Tijuana volverían los tiempos del miedo y del terror. Posiblemente la tortura
–su práctica preferida –se institucionalice como en los tiempos de Miguel Nazar
Haro y Fernando Gutiérrez Barrios en la Dirección Federal de Seguridad y el
narcotráfico se convierta en el amo y señor del estado, como en los tiempos de
Ernesto Ruffo y su hermano Claudio, quienes terminaron embriagados de poder.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.