Adela Navarro Bello.
Hace 35 años se
descubrió en México el hasta entonces más sonado, grave y delicado caso de
corrupción por parte de un funcionario, además amigo del Presidente de la
República. Efectivamente fue en 1982 cuando en la campaña por “la renovación
moral” de México que emprendió Miguel de la Madrid Hurtado, se inició la investigación
para detener a Arturo Durazo Moreno “El Negro”.
Amigo personal y
cercanísimo a José López Portillo, cuyo gobierno recién había concluido, “El
Negro” Durazo fue durante la presidencia de éste, de 1976-1982, el Jefe de la
Policía del Distrito Federal, desde ahí no sólo robó, se coaligó con criminales
y delincuentes, y amasó una enorme fortuna, también fue señalado de otros
excesos, incluso de encabezar bandas de ladrones y grupos de sicarios.
Hace 35 años se conoció que “El Negro” Durazo había tenido una fortuna por los 700 millones de
pesos, que poseía decenas de propiedades pero dos que resaltaban por sus
dimensiones y derroche, una en el Estado de México y “El Partenón” como se le
conoció a la mansión que en un predio de 20 mil metros cuadrados se construyó
en una bahía de Zihuatanejo, Guerrero.
Sin un sistema nacional anticorrupción, pero empeñado en dar
resultados y ejemplos de combate a la misma con la campaña “por la renovación
moral de México”, la justicia de Miguel
de la Madrid alcanzó al “Negro”, no así a su amigo López Portillo, quien también erigió lo que se conoció como
“La Colina del Perro”, otra mansión de épicas dimensiones, y lujos.
“El Negro” Durazo huyó de México, al tiempo que sus
tropelías, excesos, abusos y horrores fueron dados a conocer por autoridades y
medios independientes de investigación. Dos años después sería capturado en
Puerto Rico, y en 1986 trasladado a la República Mexicana donde fue juzgado por
acopio de armas, fraude y evasión fiscal. Se
fue libre por peculado, enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de
procedencia ilícita, lavado de dinero y otros.
La renovación moral
de México acabó con el gobierno de Miguel de la Madrid, y otros serían
aprehendidos para legitimar una presidencia como la de Carlos Salinas de
Gortari. De ahí a la fecha, sin
considerar el fiasco que resultó la detención del hermano incómodo, Raúl
Salinas de Gortari, durante la presidencia de Ernesto Zedillo Ponce de León,
y acaso contando la detención de la
maestra Elba Esther Gordillo, cuando ésta ya se había convertido en un enemigo
político del actual sexenio, no han caído peces gordos de la corrupción en
México.
35 años después el
sistema político y de gobierno mexicano han establecido los elementos y los
niveles de impunidad y corrupción en el País para crear otro “Negro” Durazo.
Javier Duarte de Ochoa, sabemos ahora, se dedicó a robar el erario, a defraudar
al Estado de Veracruz, y a acumular riqueza, en los seis años que fue
Gobernador de aquella entidad.
De acuerdo a la
narración oficial de sus excesos y abusos, sabemos de la adquisición de más de
40 propiedades, el descubrimiento de una bodega de los tesoros, el desvío de
más de 3 mil millones de pesos acusado por el actual mandatario veracruzano, y
el hurto de unos 675 millones de pesos, acciones ilícitas realizadas de manera
sistemática, siendo un gobernador amigo del Presidente de la República, en este
caso, Enrique Peña Nieto, quien no hizo su “Colina del Perro”, pero a cuya
esposa se le descubrió en una investigación periodística independiente, “La
Casa Blanca” en las Lomas de Ciudad de México, y valorada de acuerdo a
independientes profesionales, en unos siete millones de dólares.
Las similitudes entre lo que sucede ahora y lo que aconteció
hace 35 años son hartas, también comparten la devaluación del peso, y la
negociación con los partidos de la oposición para ocultar corrupción y mala
administración.
La realidad ante esas semejanzas, es que si Javier Duarte de
Ochoa no es capturado, es porque el Gobierno de la República no lo desea.
Porque no lo buscan, porque no hay interés de juzgarlo, nada menos se puede
concluir de una administración que sí ha tenido la capacidad de aprehender ¡Y
en dos ocasiones! A Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”.
Las Fuerzas Armadas
han demostrado en el pasado que si quieren, aprehenden. Lo hicieron con el capo
sinaloense, y lo hicieron también hace ya algunos años con Benjamín
Arellano Félix, el líder mafioso del cártel que lleva sus apellidos y se
asienta en Tijuana, Baja California. Por
eso resulta increíble que ni en la Procuraduría General de la República, ni en
la Comisión Nacional de Seguridad que depende de Gobernación, ni en la Marina
ni en el Ejército, hayan tenido la capacidad para aprehender al gobernador
acusado de corrupción, que a diferencia de los capos de la droga no cuenta con
una estructura criminal y corruptora para emprender la huida y sobrevivir en el
intento.
Javier Duarte de
Ochoa tiene esposa y tiene hijos, una familia no puede desaparecer sin ser
percibida por completo. Una familia que tiene necesidades educativas,
alimenticias, de vestido y techo, económicas. Cuando el Ejército Mexicano
aprehendió a Benjamín Arellano, lo hizo
después de seguir el dinero que el capo mandaba de manera regular a su esposa
para la manutención de las hijas. Es decir, si el Gobierno de Enrique Peña Nieto quisiera, ya había detenido a
Javier Duarte, si no lo hace, quizá
no se deba a la habilidad del regordete ex mandatario para burlar a la
justicia, sino a los compromisos que éste estableció con quienes encabezan el
gobierno federal en el primer círculo del Presidente.
La otra teoría para
justificar la no captura del ex Gobernador de Veracruz, es que quizá, solo
quizá, haya sido convertido en el nuevo Manuel Muñoz Rocha, aquel diputado
federal acusado de ser el autor intelectual del asesinato de José Francisco
Ruíz Massieu en septiembre de 1994, y que fue desaparecido de la faz de la
tierra.
La hipótesis que guste, política,
criminal, pero Javier Duarte de Ochoa debe ser detenido por el Gobierno de
Enrique Peña Nieto; no hacerlo es confirmar que en este gobierno como en el de
López Portillo, lo que prevaleció fue la corrupción institucional en extremo y
la impunidad política propia de un País sin Estado de Derecho.
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