Raymundo Riva Palacio.
Lo publicado en este espacio, el 19 de enero de 2015, se
mantiene 26 meses después: Elba Esther Gordillo es prisionera política del
presidente Enrique Peña Nieto. El viernes pasado se le volvió a negar el
beneficio de la prisión domiciliaria para que ahí, por razones de edad,
enfrentara el proceso que se le sigue. Hasta ahora, ninguno de los delitos por
los que se le acusa se ha probado, y está en la cárcel porque los jueces avalan
el argumento de la PGR, de que puede escaparse. Para un gobierno al que uno de
los gobernadores consentidos de Peña Nieto, Javier Duarte, de Veracruz, se le
fugó hace más de 150 días y dicen no saber en dónde se encuentra, y permitió
que por razones de salud pagara su condena en casa uno de los fundadores del
Cártel de Guadalajara, Ernesto Fonseca, la forma como se enfrenta a la maestra
Gordillo en tribunales toca la sevicia (Crueldad excesiva-Malos tratos).
La maestra fue detenida cuando varios miembros del gabinete,
tras una reunión en Los Pinos donde analizaron la entrevista que le dio a Adela
Micha días antes, alegaron que Gordillo había llegado a un punto sin retorno en
la confrontación con el gobierno y que, con ella al frente del magisterio, la
reforma educativa no iba a poder ser concretada. Las voces que alertaron que el
problema no era ella, sino la Coordinadora magisterial, fueron ignoradas. La
decisión, que aún sin gustarle, la ordenó Peña Nieto, fue como para un criminal
de alta peligrosidad: un comando de la Marina la detuvo en el aeropuerto de Toluca
en febrero de 2013, donde aterrizó en víspera de viajar a Guadalajara, con una
artimaña que le tejió el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Desde enero de 2015, las cosas no han cambiado mucho en la
sustancia del caso. El expediente mantiene las mismas fallas, omisiones y
errores tan grandes como inexplicables. En aquél entonces se planteó: “El
pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo [fue]
suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los
dictámenes de los peritos del Sistema de Administración Tributaria (SAT) y de
la PGR. Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero,
respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación.
“No es el único desaseo. El principal delito imputado a
Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre la cual se
montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que,
según el SAT y la PGR, movió Gordillo en diferentes operaciones financieras
cuando presidía el sindicato nacional de maestros, no tienen una procedencia
ilícita. Provienen de los maestros que, a su vez, recibieron sus dineros del
gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude
o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado,
hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.
“La ley establece que el delito de operaciones con recursos
de procedencia ilícita sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de
Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no
existe la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la
representación legal de la Secretaría de Hacienda. Esta inconsistencia en el
expediente es una de las más grotescas de todo el caso, que arranca con la
averiguación previa el 13 de febrero de 2013, una vez que, establece, recibió
la querella –la inexistente– en forma de imputaciones.
“La querella que señala el acuerdo del Ministerio Público
adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia
Organizada fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por
Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos
Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete
provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia,
de quien tampoco se precisa su cargo. Esta ambigüedad no es relevante, dado que
hay dependencias donde por razones de seguridad no se identifica la posición o
el nivel de quien lo porta.
“Lo que sí es fundamental es la constancia número 32,
firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos y
Materiales de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la
Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia
Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La constancia 32, cuyo
propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de
Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013”.
¿Cuál es el problema? Que la averiguación previa está
fechada el 13 de febrero de 2013, al dar entrada el Ministerio Público a una
denuncia suscrita por un funcionario que no tenía su personalidad ni
representatividad legal acreditada en el momento que la presentó. A partir de
esa querella, el Ministerio Público ordenó solicitudes oficiales al gobierno de
Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y pidió
dentro del gobierno federal información para respaldar el caso. Aun así, la
maestra ha ido derrotando a la PGR en tribunales.
Dentro de la PGR no hay mucha convicción de que pueden
mantenerla en la cárcel, con la imputación por defraudación fiscal interpuesta
en octubre de 2014, parte del expediente cuestionado, pero no se trata de la
ley, sino de que no salga de prisión, ni siquiera domiciliaria, por razones
políticas. No aceptan en el gobierno que así se le llame, pero no hay
argumentos que sostengan lo contrario.
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