El gobierno de Silvano Aureoles pagará 121 millones de pesos a la
empresa Estrategia en Finanzas e Infraestructura, que planeó la
reestructuración de la deuda pública de Michoacán, cuyo apoderado legal,
Octavio Salazar Guzmán, tiene tres sanciones de la Secretaría de la Función
Pública (SFP) por negligencia administrativa y violación a las leyes de
normatividad presupuestal.
“Dicha persona fue boletinada en 2004 por la Función Pública, para que
cualquier dependencia se abstuviera de contratar sus servicios”, dijo
Miguel Ángel Villegas, diputado local del PAN en Michoacán.
En entrevista el legislador advirtió que en el proyecto de
reestructuración elaborado por Estrategia en Finanzas e Infraestructura, hubo
falta de ética profesional, opacidad, conflicto de interés e incompetencia.
El panista aseguró que el trabajo que realizó Estrategia en
Finanzas e Infraestructura, en realidad debió realizarlo la Secretaría de
Finanzas sin ningún cargo al erario, pero de forma inexplicable se licitó el
proyecto y se concedió a la citada empresa.
Miguel Ángel Villegas agregó que al otorgar el contrato a esa
empresa se genera un posible conflicto de interés, pues se trata de una
subsidiaria de Grupo Financiero Interacciones.
Con ésta última el Gobierno de Michoacán tiene dos de los
cinco créditos que pretende reestructurar, uno por mil 923 millones de pesos y
otro por 576 millones de pesos. Además, el gobierno de Silvano Aureoles le
pidió un tercer crédito, este de corto plazo, por 3 mil millones de pesos.
El diputado Villegas cuestionó el trabajo de Estrategia en Finanzas e
Infraestructura, pues de su proyecto que entregó, “fueron 121 millones de pesos
tirados a la basura, porque del documento que esta empresa presentó ante el
pleno, casi el 50 por ciento fueron
desechados por el Congreso, ya que eran inviables”.
“Por ejemplo, –indicó– quería que
al gobierno de Silvano Aureoles se le diera un plazo de gracia de 72 meses
(poco más de seis años) para comenzar a pagar el capital e intereses de los
créditos, en otras palabras, pretendían
heredar el pago total de la deuda a la siguiente administración”, aseguró
el legislador.
Ayer, el Congreso de Michoacán
aprobó la reestructuración de cinco créditos por un monto de 11 mil 500
millones de pesos. Derivado del saneamiento, los michoacanos pagarán 2 mil 400
millones de pesos por nuevos intereses.
“Terminamos haciendo el trabajo de esta empresa, que resultó
incompetente”, dijo el diputado Miguel Ángel Villegas. Sin explicación. La
reestructuración de la deuda debió realizarla la Secretaría de Finanzas local,
sin ningún cargo al erario, señala diputado.
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