Darío Ramírez.
“[Humberto] Moreira
es un político que desprende [un] hedor corrupto; que en el mejor de los
escenarios fue omiso ante terribles violaciones a los derechos humanos
cometidos en Coahuila, y que, finalmente, es un abanderado de la renombrada
impunidad mexicana”.
Opinión que le valió
una demanda interpuesta por Humberto Moreira en contra de Sergio Aguayo por 10
millones de pesos. La opinión del investigador de El Colegio de México fue
escrita en su columna semanal del diario Reforma y se dio en el contexto de la
detención de Moreira en España: “Humberto
Moreira se enfrenta, finalmente, a una justicia: la española, que con ese acto
muestra que las instituciones mexicanas son virtuosas en la protección de los
corruptos.” El texto seguí “El Auto judicial tiene la sequedad y aridez de
la meseta castellana. Según el documento (tengo copia), en el 2013 Humberto
Moreira recibió de empresas mexicanas 199,079.48 euros. La autoridad sospechó y
en marzo de 2014 iniciaron las pesquisas que llevaron a su arresto por los
“delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de
caudales públicos y cohecho”. De ser condenado, se pasará once años en la
prisión. Como el caso que se lleva en Estados Unidos es independiente del de
Madrid, Moreira dará tumbos durante varios años.”
Todos los que creemos
en la libertad de expresión y opinión deberíamos haber reproducido la columna
de Sergio Aguayo en el momento que nos enteramos (hace 8 meses) que Sergio
había sido demandado por el ex Gobernador Humberto Moreira por lo que escribió
en su columna de opinión.
El caso está todavía
en primera instancia. Pero desde ya da visos claros de la podredumbre de
nuestro sistema de justicia. El juez décimo quinto de lo civil de la Ciudad
de México, ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ
(lo escribo en mayúsculas porque ese nombre hay que aprendérselo para
identificar a uno de los peores jueces que tenemos en México) ha admitido a
favor de Moreira un cuestionario psicológico parcial y tendencioso porque da
por hecho la existencia de un daño. En
otras palabras, quiere evaluar si el “daño” (supuesto) fue hecho con plena
conciencia. Un ejemplo de lo tendencioso del cuestionario es:
“La perito deberá́
determinar si a partir de las descalificaciones, insultos, burlas y falsas
acusaciones de corrupción, robo y nexos con la delincuencia organizada que
atribuyó el Periodista Sergio Aguayo Quezada, al actor Sr. Humberto
Moreira Valdés se ha denostado su imagen y credibilidad como figura pública”.
Ya no solo fueron los
sentimientos ofendidos del presunto corrupto, sino que también se añadió las
supuestas burlas e insultos y falsas acusaciones (ambas inexistentes si ustedes
leen el texto original de Aguayo). Ante los embates –no solo de Moreira-
sino del juez ALEJANDRO RIVERA RODRÍGUEZ, la defensa de Aguayo argumentó “Ante
la violación sistemática de la legalidad y la ausencia de debido proceso, la
representación legal de Aguayo
presentó este lunes 13 de febrero de 2017 un escrito recusando al juez Rivera
y solicitando al Consejo de la Judicatura del DF (presidido por Edgar Elías
Azar) que envié el asunto a otro juzgado.”
Según documentos del
juicio, Moreira afirmó que las palabras atentaron contra sus “sentimientos,
afectos, creencias, decoro, reputación, así́ como la consideración que de mi
persona tienen los demás” (por favor, no se ría, esto es serio). Tasó en 10 millones de pesos la
reparación con la cual mitigaría el “daño moral” y sus sentimientos. Al analizar la demanda de Moreira se puede
desprender que lejos de haber lastimado sus “afectos y sentimientos”, el
político priista busca corromper la justicia –de la mano del juez Rivera- para
inhibir a una voz crítica de la sociedad mexicana. Porque más allá de buscar
ganar la demanda, el tortuoso proceso judicial hará que recursos y tiempo sean
empleado en la defensa en vez de las actividades cotidianas del investigador
para generar conocimiento.
El caso que está
perdiendo Sergio Aguayo (en primera instancia) nos debería de preocupar a
todos. Todos podemos estar en los zapatos de Sergio. No es un caso aislado ni
un caso sin repercusiones. Es un intento de inhibir la expresión por parte de
un político que claramente tiene muchas cuentas que rendir, una de ellas en
materia de violaciones a derechos humanos y corrupción.
Moreira debe de
perder, claro, si la justicia y el derecho prevalecen. Elemento que no
puedo sostener como verdad. Ahí tenemos al juzgador de primera instancia que lejos de proteger uno de los derechos más
fundamentales en democracia –la libertad de expresión- está preocupándose más
por los sentimientos heridos del priista coahuilense que por probar
fehacientemente el supuesto daño ocasionado por las expresiones vertidas en la
columna de opinión.
El juzgador hace mal en preocuparse por los sentimientos heridos
o burlas y ofensas. Lo que parecía una acción inútil y colérica de Moreira ha
llegado a niveles altamente preocupantes, en términos de libertad de expresión.
Por la argumentación del caso, éste
debería haber sido desechado como improcedente inmediatamente.
La intención de
acallar una voz y someterla a un juicio sin fundamento es lo que hacen los
espíritus autoritarios. No sugiero que Moreira no tenga derecho a una
defensa, sin embargo, en sus mismo argumentos se devela que la intención del demandante no es
resarcir el daño, sino crear uno al investigador.
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