El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, creó la Secretaría de Movilidad y
Transporte para unificar los dos sistemas de transporte que operan en la
entidad; sin embargo, desde septiembre pasado que tomó posesión, los empleados
de uno de los organismos de la nueva dependencia no han recibido salario.
La dependencia pretende dar de alta a los empleados en sus cargos a
partir del 1 de enero de 2017. Esto significa que sólo les pagarían dos meses,
sin reconocer los cuatro meses previos de 2017, según consta en documentos
obtenidos por Animal Político.
Este medio solicitó entrevista con
el secretario de Movilidad, Rufino León Tovar, pero en 15 días no hubo
respuesta por parte del área de comunicación social.
La nueva dependencia agrupa al Sistema de Transporte Convencional
–microbuses y taxis– y al Sistema Integrado de Transporte Masivo de Hidalgo,
conocido como Tuzobús –autobuses de tránsito rápido en carriles confinados que
recorre la ciudad de Pachuca–.
Sin embargo, la falta de pago sólo afecta a alrededor de 60 empleados del Tuzobús, toda
vez que el sistema convencional es “autogenerador”, es decir, solventa sus
gastos con los propios ingresos que genera.
Los empleados más afectados son los contratados bajo el régimen de
confianza: además de no recibir salario, tampoco han tenido el resto de prestaciones
como aportaciones a la seguridad social y aguinaldo.
Sin sueldo y sin transparencia
Al ingresar a sus puestos de trabajo, cada empleado firmó un acta de
entrega recepción y es la única prueba que tienen sobre el inicio de labores,
pues la administración de Omar Fayad nunca cumplió con la entrega del
“nombramiento”, es decir, el documento de asignación de las plazas.
De acuerdo con las actas de
entrega recepción obtenidas por Animal Político, el personal inició la recepción en agosto de 2016 y concluyó en
octubre del mismo año. En el documento se advierte, además, que el recién
contratado ocuparía la plaza a partir del 6 de septiembre de 2016, un día
después de la toma de protesta de Fayad como gobernador de Hidalgo.
Sin embargo, la secretaría, a cargo de Rufino León, pretende pagar sólo
el tiempo que corra a partir de este año. En oficios emitidos la semana
pasada, la secretaria de Finanzas del sistema de transporte, Yazmín Alcántara, solicita a la titular de
Finanzas de Hidalgo, Jessica Blancas Hidalgo que realice el “movimiento de
alta” de los empleados de Tuzobús a partir del 1 de enero de 2017 y no del 6 de
septiembre, fecha de inicio de labores.
Dichos oficios, además, debieron ser avalados por el secretario de
Gobierno del estado, Simón Vargas y la directora general del Tuzobús, María de
los Ángeles Muñoz, aunque esta última renunció la semana pasada.
Mientras que las actas de entrega
recepción fueron firmadas por la encargada de la contraloría interna del
Tuzobús, María Dolores Corona Gómez. En ellas se informa el estado del Tuzobús
en las áreas de normatividad, planeación, programación presupuestal, estatus
financiero, recursos materiales, documentos y archivos, adquisiciones y
servicios, obra pública, organización, fiscalización, asuntos leales, sistemas
de información y reporte de folios de las solicitudes de información.
En la administración pública suelen haber retrasos porque los recursos
deben ser liberados por el área de finanzas estatal y aún más ante un cambio de
gobierno. Sin embargo, los empleados sólo han recibido falsas promesas de pago
total en estos meses.
El más reciente compromiso era pagar este 28 de febrero, pero tampoco
ocurrió. Así han pasado seis meses
esperando a que llegue el pago de todas las quincenas atrasadas, aseguran
trabajadores que denunciaron el caso.
Otro dato: el sistema Tuzobús no ha transparentado el ejercicio del gasto sobre
los recursos personales, es decir, los salarios de empleados. En el reporte
del estado de las finanzas de 2016, reportó en ceros cada trimestre ante la
secretaría de Finanzas del Estado. Ademas, fue avalado por la titular de
Finanzas del Tuzobus, Jazmín Alcántara y la exdirectora, María de los Ángeles
Muñoz.
Dichos reportes son revisados por
la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental para verificar que
hayan cumplido con las obligaciones de transparencia. Aunque se ocultó el ejercicio del gasto, la evaluación al portal de
transparencia es de 100% de los criterios cumplidos.
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