El periodista y analista Sergio Aguayo señaló que tras ser sometido por
tercera ocasión a un cuestionario psicológico derivado de la demanda del ex
Gobernador de Coahuila Humberto Moreira, por un monto de 10 millones de pesos
por daño moral, todo el proceso ha sido muy parecido a “jugar en un casino con
cartas marcadas”, además de que el “juez Alejandro Rivera ha sido muy parcial a
favor del profesor [Moreira].
En entrevista describió que el
desarrollo de su demanda que se encuentra en la primera instancia en el juzgado
15 de lo civil de la Ciudad de México, es “como entrar a jugar a la ruleta en
un casino que administra Kafka, en alguno de los infiernos de Dante”.
Aunque, señaló, aún no sabe cómo va a terminar este proceso, por lo
pronto a él y a su abogado le han dejado muy poco margen.
“El juez Alejandro Rivera ha sido
muy parcial a favor del profesor Humberto Moreira, ya hemos interpuesto quejas
pero no ha servido de nada hasta ahora; al parecer ya lo van a cambiar pero por
lo pronto el balance de los primeros ocho meses es jugar en un casino con cartas
marcadas”.
Sergio Aguayo indicó que en estas pruebas psicológicos tienen como
objetivo conocer la personalidad de los sujetos a través de medir la capacidad
de memorización, asociación de ideas, inteligencia, el nivel de violencia del
individuo, si respeta el las leyes o si es un buen padre de familia.
El analista señaló que el ex mandatario coahuilense sólo quiere
desahogarse con él debido a los problemas que le ha traído la vida en los
últimos años.
“Lo que realmente importa para todo el gremio y para toda la sociedad
es que en México quienes tienen poder y dinero, están utilizando las demandas
por daño moral contra periodistas como forma de intimidación y como maneras
para desgastar porque el gasto que tiene meterse a un litigio es enorme. Solo en
gasto ya llevo 350 mil pesos en ocho meses, entre fianzas”.
Añadió que “no hay un organismo público que se preocupe por la demanda de daño
moral, ni la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ni la del Distrito
Federal, ni el mecanismo para proteger periodistas ni defensores”.
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