Las empresas
Eléctrica del Valle de México (propiedad de la paraestatal francesa EDF),
GAMESA (eléctrica española) y Eólica Unión (oaxaqueña) buscan este año instalar
tres proyectos eólicos y una subestación de almacenamiento de energía, sin
antes haber consultado a los propietarios “legales y ancestrales” de las
tierras de la comunidad zapoteca de Unión de Hidalgo, al sureste de Oaxaca,
alertó la organización civil ProDESC con base en declaraciones de las
autoridades estatales y municipales.
Para prevenir las violaciones a derechos humanos –ya
ocurridas desde 2011 con la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) en
ese mismo municipio, y documentadas por la organización–, casi 800 firmantes entre comuneros y habitantes presentaron un amparo
en los Juzgados de Distrito de Salina Cruz, Oaxaca, ante la posibilidad de que
las autoridades federales, estatales y municipales les otorguen concesiones a
esas firmas sin su consentimiento.
“El Comité de Resistencia,
la Asamblea de Comuneros y habitantes de Unión Hidalgo exigen que no se inicie
con la construcción de estos tres parques porque no se están llevando a cabo
las consultas en la comunidad. Se
solicitó una suspensión para que no se otorgue ningún permiso a las empresas
hasta que no se realice una consulta libre, previa e informada apegada a los
más altos estándares en derechos humanos indígenas contenidos en diferentes
tratados internacionales”, aseguró Juan Antonio López, Coordinador del Área
de Justicia Trasnacional de ProDESC.
También se busca un
diálogo directo con la comunidad para informarles sobre las afectaciones que
pudieran implicar los proyectos y con ello puedan decidir. López explicó
que con la instalación de los parques se
pueden causar daños ambientales porque hay deforestación en las tierras. Para
la instalación de un solo aerogenerador se necesitan toneladas de cemento, lo
cual se riega hacia la superficie y las dejan prácticamente inservibles para
siembra y pastoreo, dijo.
La actividad
principal de esta comunidad zapoteca es el campo, mediante el cultivo de maíz,
sorgo, mango y sandía, y la pesca en el río homónimo y en la costa.
El Gobernador de
Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca y el Presidente Municipal José López de la
Cruz, quienes han anunciado la instalación de los tres parques eólicos, deben
regirse bajo los más altos estándares de derechos humanos, brindar y asegurar
certeza jurídica y acceso a la justicia para las comunidades que de manera
legal y pacífica se encuentran en procesos de defensa de su tierra, territorio,
bienes naturales y usos y costumbres, demandó la organización civil.
“Hay una violación
clara a los derechos humanos [consulta informada, usos y costumbres,
ambientales] dado que los permisos y
contratos que se vayan a otorgar por las autoridades federal, estatal y
municipal no están cumpliendo con el requisito indispensable de consultar a la
comunidad indígena afectada de manera libre e informada para busca el
consentimiento y dar certeza jurídica. Eso es un derecho contemplado en
tratados internacionales”, reiteró el abogado.
En 2004, la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX),
subsidiaria de la española Renovalia Energy, llegó a Unión Hidalgo, atraída por
las condiciones de viento del área. Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra
Larga para enviar energía a Grupo Bimbo, pero el territorio es de propiedad
comunal.
ProDESC documentó que
la compañía violó la legislación, coludió a notarios públicos y luego de
obtener la concesión de la Secretaría de Energía (Sener) y el permiso de la
Comisión Federal de Electricidad (CFE), representantes de DEMEX acudieron a los
domicilios de los propietarios de las tierras para, de 2006 a 2011, hacerlos
firmar contratos que no estaban traducidos al zapoteco, su lengua materna, y
que tampoco explicaban los alcances o afectaciones del proyecto.
“Derivado de las
acciones de defensa a sus derechos humanos, los integrantes de la Asamblea de
los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el
Territorio (APIITDTT) y del Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión
Hidalgo han sido objeto de actos violentos y amenazas en su contra. Ante estas
acciones, se han interpuesto denuncias penales por el delito de amenazas,
lesiones, disparo de arma de fuego y ataque, y se han implementado medidas
cautelares por parte de la Defensoría del Pueblo de Oaxaca”, denunció la
organización civil ProDESC.
Por ese motivo los
posesionarios de Unión Hidalgo interpusieron una demanda para solicitar la
nulidad de esos contratos. Este proceso aún continúa en los tribunales porque
no se ha determinado la nulidad de contratos, los cuales fueron violados por la
empresa. ProDESC está esperando la sentencia del amparo directo interpuesto
en diciembre ante el Tribunal Colegiado de Circuito en Oaxaca, afirmó hoy el
abogado Juan Antonio López.
En los últimos años, el
incremento de parques eólicos en la región del Istmo de Tehuantepec ha
representado un aumento a las violaciones de los derechos humanos de las
comunidades que habitan en la zona, como el derecho a la consulta y al
consentimiento libre, previa e informada. A la par, se han registrado casos de
hostigamientos y amenazas en contra de las comunidades.
caso de demex: no sabía qué es un proyecto eólico
Hace más de 10 años, representantes de la empresa
Desarrollos Eólicos Mexicanos (DEMEX) llegaron a casas de los propietarios de
tierras en Unión Hidalgo, Oaxaca, para ofrecerles beneficios económicos y la
posibilidad de seguir trabajando en su parcela a cambio de la renta de su
terreno. Buscaba instalar el Proyecto Eólico Piedra Larga.
Sin embargo, la empresa incumplió los acuerdos. En 2011 la
comunidad confirmó un Comité de Resistencia y en 2013 los comuneros demandaron
ante el Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec la nulidad del contrato. El
proyecto eólico acumula ya varios años operando.
“Estoy arrepentido de haber firmado el contrato [de renta de
su tierra]. Yo no quería… Nomás nos ha traído muchos problemas”, aseguró el
campesino Alejandro Ruiz.
De acuerdo con el
contrato, la compañía ofreció un pago de renta por el uso de sus tierras
comunales de 250 pesos anuales por hectárea. Pero al convertirlas ilegalmente a propiedad privada, los campesinos deben
pagar un impuesto por predial de más de mil pesos por la supuesta tenencia
individual de la tierra –a pesar de tratarse de territorio de propiedad
social–, lo cual les impide solicitar créditos.
Comuneros han acusado
engaños, intimidación, agresiones y violaciones a sus derechos humanos durante
este proceso.
“Uno no sabía qué
cosa es un proyecto eólico”, dijo Alejandro Ruiz, quien va a trabajar todos los
días al campo para sembrar maíz y sorgo. “Fuimos engañados. Nos dijeron que nos
iba a ir bien y firmé sin conocer qué era el contrato de arrendamiento”,
aseguró.
La empresa también
prometió a los comuneros que podrían seguir trabajando en sus campos sin
obstáculos. No obstante, ante la presencia de cables entre los aerogeneradores,
es riesgoso acercarse, por lo que DEMEX colocó seguridad privada para vigilar
el acceso a sus cultivos.
De acuerdo con la página de Grupo Bimbo, su cliente
principal, el parque eólico tiene 45 aerogeneradores y genera 800 empleos
directos. Pero, expuso Alejandro Ruiz, ninguno de ellos es para los miembros de
la comunidad. Sólo durante la construcción del proyecto hubo contrataciones
temporales.
El proyecto abastece anualmente una demanda de 38 megawatts
y genera 333 Gigawatts-hora. Suministra a más de 100 instalaciones en México
incluyendo el Papalote Museo del Niño.
“Si no hubiera llegado
este proyecto, mi vida no hubiera cambiado. No es una empresa que venga a traer
cosas buenas a la población. Al contrario”, finalizó el campesino Alejandro
Ruiz.
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