Más de 153
mil viviendas en Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla y Estado de México registran
algún tipo de daño tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, de acuerdo con
censos oficiales. Para el proceso de reconstrucción, el Gobierno federal tiene
recursos de la Federación y de los estados, pero la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) ha detectado irregularidades en la aplicación del Fondo de
Desastres Naturales (Fonden) y los fideicomisos locales. La falta de control en
las contrataciones de empresas, tienden a la corrupción, advirtió la
organización México Evalúa.
En esta
línea, la agrupación Nosotrxs ha llamado
a un fondo único que reúna todas las aportaciones internacionales, bancarias,
partidarias, sociales y privadas con el propósito de “coordinar los recursos,
aumentar la capacidad de vigilancia y evitar el uso político-electoral en
términos de transparencia” mediante
un comité técnico con perfiles profesionalizados, observadores internacionales
y con autoridad moral sin afiliación partidista que gocen de la suficiente
credibilidad para impulsar el proceso que requiere un conocimiento en políticas
públicas, administración y ejercicio de recursos, dijo en entrevista su
director Luis F. Fernández.
Por ahora, el Gobierno federal lanzó la plataforma
“Fuerza México” para publicar una base de datos y dar seguimiento con
transparencia y rendición de cuentas el uso de los recursos públicos destinados
al reto de la reconstrucción.
Con pérdida
total, hasta el momento se reportaron 33 mil viviendas en Oaxaca; 16 mil 813 en
Chiapas; 3 mil 319 en Puebla; mil 695 en el Estado de México; mil 527 en
Guerrero y 349 en Morelos, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano (Sedatu).
Los recursos
públicos disponibles para la población afectada en situación de extrema pobreza
son el Fondo de Desastres Naturales (Fonden) con un saldo de 9 mil millones de
pesos para 2017 y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
(FAIS) de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con un monto de 27 mil
millones de pesos etiquetados para todos los estados en el Presupuesto de
Egresos de la Federación de 2017 y fiscalizado anualmente por la Auditoría
Superior de la Federación.
Fiorentina García, investigadora del
Centro de Investigación Económica y Presupueataria (CIEP), explicó que la
fuente de financiamiento más importante ante desastres como los sismos es el
Fonden, el cual se financia de dos formas. Una parte son recursos federales (6
mil 400 millones de pesos asignados este año) y otra parte es un fideicomiso (3
mil millones de pesos disponibles desde el año pasado). Para 2018 se propusieron
7 mil millones de pesos, un 5 por ciento más.
Los recursos
no se entregan directamente a los estados porque existe un mecanismo con
lineamientos específicos. Cuando el Gobierno federal levanta la declaratoria de
emergencia y señala a las entidades afectadas, éstas son responsables de hacer
un Comité de evaluación de daños, integrado por un representante del ejecutivo
federal o estatal, de Protección Civil y de diferentes sectores (educación,
salud, infraestructura…). Tras evaluar y cuantificar los daños, el Comité
estatal hace una petición de recursos a la Secretaría de Gobernación, expuso
García.
No obstante, resaltó que desde la Ley de Disciplina
Financiera se obliga a los estados a contar con su propio fondo para atender
los desastres naturales, pero no existe un registro de ello. Hasta el primer trimestre
de 2017, se había empleado el 5 por ciento del Fonden por los desastres
naturales anteriores (en Oaxaca, Guerrero y Chiapas), documentó.
Fiorentina García dijo que la
principal herramienta para evitar que exista un desvío de recursos es seguir el
proceso de los comités de evaluación de daños, así como los avances de las
obras.
Mariana
Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas en la
organización México Evalúa, alertó que
estos recursos federales que forman “un sistema de fondos” se depositarán en
fideicomisos estatales, los cuales se encargarán de contratar obras y
servicios. Aunque estos se caracterizan por “su opacidad y riesgo de
corrupción” por la falta de control en la contratación y evaluación de las
empresas –al haber adjudicación directa por caso extraordinario– por parte de
las autoridades locales.
Sobre las auditorías al ejercicio de
los recursos del Fonden, ejemplificó que tras las inundaciones que sufrió
Chiapas en 2011 los resultados fueron “lamentables”. El Fonden se emplea cuando los daños
ocasionados por los fenómenos naturales superan la capacidad financiera de las
entidades o dependencias de la administración pública.
“Las autoridades estatales [de
Chiapas] contrataron a empresas que no contaban con la capacidad técnica ni con
los recursos materiales y humanos para ejecutar los contratos. El gobierno
estatal no se aseguró de haber conseguido las mejores condiciones de
contratación para el erario en 84 contratos de obra pública por mil 250
millones de pesos”,
dijo Campos con base en la ASF.
“Una de las observaciones más graves
fue que no se integró la información y documentación que acreditara la
existencia legal de 47 empresas contratadas. Las obras avanzaron lentamente por
lo que no se cumplió con el principio de inmediatez, que es el elemento
fundamental en la respuesta que se debe dar en caso de emergencia”, agregó.
Por ello,
Campos enfatizó que en la discusión que realiza el Congreso actualmente sobre
el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2018 deben establecerse mecanismos para una mejor ejecución del Fonden a
nivel local y federal. Además, urgió a la Secretaría de Hacienda y a la
Secretaría de Gobernación a capacitar a los estados para el control y
transparencia de la contratación.
Además, el
colectivo de analistas Data4 expuso que
pueden pasar muchos meses para que las entidades que sufrieron un desastre
reciban los recursos del Fonden, por lo que se creó la figura de los “Apoyos
Parciales Inmediatos” (APIN) para financiar en situaciones urgentes y
críticas, pero el proceso también es tardado. En 2014 pasaron 55 días para su
aprobación, documentó.
LAS OTRAS
IRREGULARIDADES DE FONDEN
En la cuenta
pública de 2013, la Auditoría Superior de la Federación observó que el Fonden
puso a disposición de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)
recursos por 432 millones 789 mil pesos para la reconstrucción de obras en el
estado de Oaxaca para atender los fenómenos naturales ocurridos en 2012
(huracán Carlota) y 368 millones 190 mil pesos para los registrados en 2013 (huracán
Ingrid y Manuel). También se puso a disposición de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) un importe de 25 millones 976 mil pesos para la reconstrucción
de obras en Oaxaca.
De esos
datos, el organismo fiscalizador
concluyó que la Secretaría de Gobernación, la SCT y la Conagua “no cumplieron
con las disposiciones legales y normativas aplicables” porque la Conagua y la
SCT adjudicaron contratos mediante invitación a cuando menos tres personas
cuando debieron hacerlo mediante el procedimiento de licitación pública; y la
SCT no acreditó la contratación y el ejercicio de 210 millones 657 mil pesos
autorizados, aunque el plazo para ejercerlos ya se había cumplido.
En el mismo
informe de 2013, la ASF también revisó los 3 mil 025 millones de pesos del
Fonden para la atención de los desastres provocados por las fuertes lluvias en
Guerrero, pero las secretarías de
Hacienda, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y
Transportes y la Comisión Nacional del Agua “no cumplieron con las disposiciones
legales y normativas”.
La Sedatu inició obras y acciones con atrasos de más
de cien días, comprometió recursos mediante contrataciones por 445 millones 403
miles pesos, superior a los 120 millones 582 mil pesos autorizados. Asimismo,
no acreditó el cumplimiento del plazo de ejecución de las obras establecido en
52 contratos y tampoco corroboró que las viviendas fueran entregadas por parte
del contratista a la dependencia en la fecha estipulada en el contrato.
La SCT, por su parte, no comprobó que un
contratista diera cumplimiento al plazo de ejecución de la obra y comprometió
recursos mediante contrataciones por 3 mil 626 millones de pesos, más de los
mil 769 millones autorizados por el Fonden.
LOS OTROS
FONDOS Y LOS “CRÉDITOS PREFERENCIALES”
Contra la
catástrofe ocasionada por los sismos, además del Fonden y el FAIS también se
puede recurrir al Fondo de Reconstrucción (Fonrec) con siete mil millones de
pesos a través de una línea de crédito solicitada por los estados que
administra Banobras con los bonos cupón cero.
Si el Banco Mundial los autoriza
hasta la primera quincena de octubre, de igual manera se contaría con el Bono
Catastrófico hasta por 150 millones de dólares.
En el caso
de la Ciudad de México, que concentra más de 500 casas en nivel rojo, está el
Fondo de Desastres Naturales de la Ciudad de México con 9 mil 400 millones de
pesos. Este fin de semana el titular de
Protección Civil, Luis Felipe Puente, aseguró que la capital no tendría acceso
al Fonden federal porque es exclusivo para los mexicanos en situación de
pobreza, algo “que no le queda”. Además, afirmó que el Fonden está en “cero pesos” por lo que “requiere en
estos momentos de una atracción de fondos de la Secretaría de Hacienda”.
Sin embargo,
el domingo el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera
Espinosa, declaró que la capital del
país es “la primera entidad” en entregar documentación completa de los reportes
de daños en las delegaciones para acceder a los recursos del Fonden. En la
Ciudad hay 155 mil personas en pobreza extrema y 2 millones 434 mil en pobreza,
de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo
Social (Coneval).
Con ello,
dijo, se apoyará para el retiro de cascajo en la fase de demolición con un
gasto aproximado de 2 mil 500 millones de pesos, de los cuales el Fonden
aportaría mil 250 millones de pesos y el resto serían recursos de la metrópoli.
El segundo destino es para las personas damnificadas aunado a los apoyos que
brinda el gobierno local.
Por su
parte, la Secretaría de Hacienda aseguró que las personas de la Ciudad de
México; Cuernavaca y Jiutepec, en Morelos; Cuautlancingo, Puebla, Cholula, San
Martín Texmelucan y San Miguel Xoxtla, en Puebla; y Tlaxcala, Papalotla de
Xicohtén, Xicohtzinco y Apizaco, en Tlaxcala, tendrán acceso a “créditos
preferenciales” los cuales se alimentarán con recursos federales, estatales o
municipales para la reconstrucción o reparación de sus viviendas.
Serán
provistos por la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y el Fondo de Operación y
Financiamiento Bancario a la Vivienda (FOVI), la cuales emitirán créditos
hipotecarios para la adquisición, reconstrucción y atención de daños
estructurales parciales de vivienda.
Para los
municipios de Guerrero, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala declarados
en emergencia, las familias recibirán recursos directos del Fonden, al igual
que en los estados de Chiapas y Oaxaca, según el tipo de daño y sustentado en
un censo.
El Banco de México, la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, Banjercito y la Asociación de Bancos de México
también lanzaron el “Plan Billetes”, el cual consiste en establecer Módulos de
Atención de Servicios para el retiro de efectivo con tarjetas bancarias que
faciliten el acceso al Fondo de Desastres Naturales.
Son cinco
módulos de atención y servicios en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, operados por
Banjercito, para la disposición de efectivo con la tarjeta de débito emitida y
entregada por BANSEFI a los beneficiarios de los recursos del FONDEN. Serán
custodiados por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional.
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