La Coordinación General de Damnificados.

Javier Risco.

Ante la ausencia del gobierno local y federal, los cientos de damnificados en la Ciudad de México han decidido unirse. Después de 50 días de incertidumbre, apoyos insuficientes y vacíos legales sinfín, han entendido que son más fuertes en una sola voz.

Han sabido cómo hacer presencia. Ayer, durante la mañana, se organizaron en siete grupos que bloquearon parcialmente siete puntos de la Ciudad: en Osa Mayor; Avenida Universidad y Municipio Libre; Cuauhtémoc y Doctor Navarro; Pacífico y División del Norte; Miramontes y Calzada del Hueso; y dos puntos en Calzada de Tlalpan, uno a la altura del Multifamiliar Tlalpan y otro en el entronque con Avenida del Taller.

Luego, a través de un comunicado se dieron a conocer como la Coordinación General de Damnificados, que, aunque no se trató de una presentación formal, sí marca oficialmente este esfuerzo que costará juntas, estire y afloje, negociaciones y exigencias pero que marca una ruta de esperanza para tratar de disolver la nebulosa “reconstrucción” que, según declaraciones de los propios afectados, se ha quedado en palabras y no en hechos.

Los que han tomado el liderazgo de la Coordinación General de Damnificados son los afectados en el Multifamiliar de Tlalpan, donde el pasado 19 de septiembre murieron nueve personas, y quienes, junto con afectados de 19 zonas más, mostraron su inconformidad con movilizaciones, pero también con exigencias concretas.

Entre los grupos de afectados participaron vecinos de Paseos de Taxqueña, los Vecinos Unidos de Benito Juárez, de Girasoles, de Pacífico 455, de Avenida del Taller y del edificio Osa Mayor.

“Que el gobierno asigne los recursos necesarios para la reconstrucción (por lo menos 50 mil millones de pesos) y no créditos; que se garantice la seguridad de nuestras casas y edificios; que no se pierda en la opacidad el uso de los recursos que ciudadanos mexicanos y extranjeros donaron para ayudarnos a reconstruir nuestros hogares y que haya trato digno para las personas que permanecen en albergues y campamentos”, son parte de lo que consideran como mínimo indispensable para poder aplicar el término de ‘reconstrucción’.

Ninguna es una petición injusta si tomamos en cuenta que los legisladores han demostrado no tenerlos entre sus prioridades y mostrar más interés en negociar bonos millonarios de despedida, que dejar asegurado que estas familias tendrán un techo pronto.

La historia se repite: la sociedad se organiza semanas después como hace 32 años, con la misma indignación y urgencia, pero con herramientas de comunicación más potentes. De aquí saldrán liderazgos ciudadanos que tendrán interlocución directa con el gobierno, aunque hasta este momento no ha sido la mejor.

Ayer, las secretarías de Finanzas, Obras, Educación, Desarrollo Social, Seduvi y Contraloría se reunieron en la ALDF para tratar asuntos relacionados con la reconstrucción y sí… les faltó incluir a los vecinos, a los afectados, a quienes duermen en campamentos o pidieron asilo con algún familiar. Ese es el espacio que se les niega y que tienen derecho.

Un botón de muestra del abuso del que han tenido que defenderse de forma organizada: durante la mañana comenzaron los trabajos de demolición de Saratoga 714, en Benito Juárez, pese a la oposición vecinal. En respuesta, los damnificados acudieron ante instancias federales y un juez concedió un amparo para detener la demolición hasta que el gobierno de la Ciudad justifique por qué lo demolerá y las condiciones estructurales reales del inmueble. Hasta esas instancias han tenido que recurrir para hacerse escuchar.

Si el gobierno se une para dejar fuera a los ciudadanos, hoy ellos demuestran que también pueden unirse para hacerse oír.