El Comité de Transparencia de la
Secretaría de la Función Pública de Chihuahua (SFP) clasificó como reservada
por 5 años, y por estar en proceso de “solventación”, la información relativa a
las dependencias y el monto del presunto desvío de recursos públicos cometido
durante la administración del gobernador César Duarte.
La información
relativa a los presuntos desfalcos a través de la administración pública, y por
la cual César Duarte es buscado por la justicia en por lo menos 192 países que
integran la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), no se podrá conocer hasta dentro de cinco
años, o hasta que “sean inexistentes los motivos de la reserva”.
De acuerdo con la SFP de Chihuahua,
el motivo de la reserva responde a que la información se encuentra en proceso
de “solventación”.
A través de
la plataforma del sistema Infomex, se
solicitó a la SFP de Chihuahua informar cuáles programas sociales, de educación
y salud, fueron afectados por los desvíos de recursos públicos durante la
gestión del exmandatario de Chihuahua, César Duarte.
La
Secretaría argumentó que, a pesar de que
se han realizado auditorías a diversas dependencias y se han detectado posibles
irregularidades, la información es clasificada. La dependencia también reservó
la información relativa a los programas sociales que quedaron inconclusos, o
que nunca se llevaron a cabo durante la administración de Duarte.
Lo que sí
respondió la SFP.
Con base en la respuesta de la SFP,
durante la gubernatura de César Duarte pudieron haberse creado programas
sociales simulados que nunca llegaron a beneficiar a los ciudadanos.
La Unidad de Transparencia de la
Secretaría de la Función Pública de Chihuahua, a cargo de Gabriela Gómez
Montaño, tardó un mes en atender a la solicitud de información.
A lo largo
de este proceso, la unidad solicitó información complementaria a fin de dar una
respuesta puntual, e instó a que, en lugar de solicitar los montos
correspondientes al desvío de recursos en las diversas instancias del gobierno
estatal de Chihuahua, se solicitaran “montos aproximados”.
En la resolución final de la SFP se
argumentó que la información es clasificada, pues su difusión “podría vulnerar”
los procedimientos de las investigaciones.
Públicamente
la titular de la SFP en Chihuahua, Rocío Stefany Olmos Loya, dijo que el modo en que operó la presunta
red de corrupción de César Duarte consistió en concentrar una “gran capacidad
de decisión en pocas instituciones”, entre ellas la Secretaría de Hacienda;
pero al solicitar dicha información de manera formal, la unidad de
transparencia informó que esas declaraciones no pertenecían a la titular.
La SFP de
Chihuahua realizó auditorías a por lo menos 38 secretarías, dependencias,
comisiones y fideicomisos cuya información fue reservada en acuerdo con el
Comité de Transparencia de la Secretaría de la Función Pública.
Por su parte, la titular de la SFP de
Chihuahua, Stefany Olmos, no accedió a la solicitud de entrevista realizada por
Yo Ciudadano.
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