Alejandro Páez Varela.
Por muchas razones, diría que la Ley
de Seguridad Interior no está en mis preocupaciones en este momento. Por un
lado, no es una Ley que no se pueda revertir en el corto o en el mediano plazo;
queda acudir a la Suprema Corte; queda todavía presión internacional no sólo de
los comisionados, sino de instituciones y países poderosos. Queda que la
próxima Legislatura revierta la mayoría del PRI y retome el mandato y lo
transforme. Quedan caminos a la sociedad civil. Queda lo que hará la Comisión
Nacional de Derechos Humanos. Queda que se publique una sola foto de militares
controlando una protesta social para que México sufra una presión que realmente
no ha visto.
¿Para qué quiere el Gobierno a los
militares en la calle en estos momentos?, ¿para controlar qué?
Tiene en su poder a una prensa adicta
al dinero público, que es capaz de actuar como eso, como adicta frente a la
amenaza de que se le corte un flujo que alcanzará los 60 mil millones de pesos
en este sexenio. El Gobierno no necesita en estos momentos un Ejército armado
para intimidar a sus opositores. Sí, la Ley manda un mensaje durísimo y es un
riesgo (subrayo un riesgo).
Pero lo que pasa con la prensa ya,
ahora, es peor: es un ejército que ya está en la calle y que actúa a favor de
un régimen corrupto y corruptor. El Gobierno federal y los gobiernos de los estados le van a
cobrar hasta el último centavo a esa prensa a la que le ha dado todo durante
cinco años consecutivos. Le hará saber
que no fue gratis tanta bondad. Le exigirá que José Antonio Meade esté
permanentemente en las portadas y en los noticieros principales de radio y
televisión, por poner un ejemplo.
Insisto en que no minimizo el riesgo
de la Ley de Seguridad Interior, que es mayúsculo y termina con una separación
histórica entre el Ejército y la vida civil. Pero me parece que estamos frente
a riesgos de corto plazo que ponen en juego nuestra “democracia”.
Las autoridades electorales,
por ejemplo. A pesar de que declaramos el inicio de la normalidad democrática
en 2000, todas y cada una de las fuerzas políticas del país siguen alegando
fraude. El PAN, por ejemplo, acaba de enfrentarse al aparato de Estado en
Coahuila y marchó contra la imposición. Lo mismo Morena, en el Estado de
México. El IFE está muy lejos de ser una autoridad que contenga la fuerza
corruptora del PRI y sus aliados.
El Tribunal Electoral es un cuerpo
vetusto y siempre en duda, y si el Gobierno federal vuelve a mover todos los
hilos de la chapuza para no soltar el poder, allá por 2019, cuando el fraude
esté consumado, el Tribunal dirá que “hubo irregularidades”. Eso me preocupa
más, de verdad, que
la posibilidad de que el Ejército salga a las calles. Para que salga, se
necesita que el INE y el Trife no hagan su trabajo, antes. Y si no hacen su trabajo, el sistema democrático mexicano estará
derrotado, vencido 18 años después de que, se suponía, el PRI había sido
dominado.
Me preocupa que el crimen organizado
intimide a los votantes, sobre todo en zonas rurales (aunque en Edomex operó
hasta en zonas urbanas: recuerden las cabezas de cerdo).
Me preocupa que inyecte dinero e imponga candidatos,
como ha sucedido en los últimos años.
Me preocupa que el fenómeno de la violencia, que el
Gobierno tiene bien diagnosticado, intimide a los ciudadanos y se dé una
abstención que sólo beneficia a un partido: el PRI.
Me preocupa el dinero sucio en las campañas, que el
partido en el Gobierno sabe de dónde sacar y cómo distribuir.
Me preocupa el uso de programas sociales, las
operaciones Monex, la promoción ilegal de los candidatos oficiales.
Me preocupa que, como en Edomex y Coahuila, se esté
preparando una elección de Estado con acarreo y compra de votos.
La Ley de Seguridad Interior debe
tenernos muy preocupados a todos, así como la Ley Mordaza y otras tantas
chapucerías –como liberar a Elba Esther Gordillo para comerse al Panal y para
apuntalar a Meade– que el PRI, que es astuto y marrullero,
echó a andar justo a finales de este diciembre mientras todos nos distraemos
con posadas y desveladas.
Pero, como sociedad, deberíamos multiplicar el
esfuerzo en los siguientes meses para evitar que se imponga a un individuo que
no queremos los ciudadanos. Al final, hay una Ley de Seguridad Interior
porque el PRI se impuso con trampa en 2012; lidiamos con esa Ley hoy porque no pudimos contener al partidazo y a su
candidato de plástico.
Y me
preocupa esto: que el fraude sea tan
escandaloso que, ahora sí, en el arrojo se utilice la Ley de Seguridad Interior
para justificar que el Ejército mexicano deje su puesto histórico y se meta a
“controlar” el descontento social.
Es terrible
la Ley de Seguridad Interior. Pero antes de que aplique; antes de que llegue el
Ejército en las calles, debemos empujar
a todas horas y con toda nuestra voluntad para que se respete el mandato
popular no sólo el día de las votaciones, sino desde ahora; que no se manipule
a la gente con el ejército de medios que ya está en las calles; que no se compre
una elección en efectivo con la alcancía de las mega-obras y de las grandes
constructoras.
El Gobierno federal hará todo lo que
esté a su alcance para, otra vez, imponer a uno de los suyos en el poder. Eso,
esperémoslo. Se trata de una élite que desde hace
décadas vive pocamadre gracias a que sabe cómo imponerse y controlar el
descontento que provoca la imposición.
El ejército de civiles que manipula
elecciones ya está en la calle, operando. Ése es el que más debería
preocuparnos ahora mismo. Ése es el que debemos contener, como sociedad civil,
como ciudadanos, a la voz de ya.
Si contenemos al ejército de civiles
que planea cometer otro fraude, habrá paz social. Entonces no debería
preocuparnos el otro, el armado, si contenemos al civil. Así, el armado se mantendrá en el
rol que le ha asignado la Historia.
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