Alberto Bazbaz Sacal, quien fue
designado en la dirección del Centro de Investigación en Seguridad Nacional
(Cisen), es uno de los artífices de la fracasada política de combate al lavado
de dinero en México: entre 2013 y 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF), que él dirigió hasta hoy, interpuso solamente 317 denuncias por
presuntos hechos de lavado de dinero.
Informes recientes del Grupo de Acción Financiera (GAFI), de
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y del gobierno federal mostraron que el gobierno mexicano deja
operar con impunidad a los grupos criminales, los políticos corruptos, los
evasores fiscales y los demás criminales de cuello blanco, como lo documenta la
revista Proceso en su edición 2149 que circula esa semana.
En 2016, por ejemplo, la
Procuraduría General de la República (PGR) incautó 50 millones de dólares
procedentes del lavado de dinero, apenas 0.1% de los 56.5 mil millones de
dólares de dinero ilícito que cada año se genera en el país, según el gobierno
federal.
En este esquema deficiente, la UIF -que dirigió Bazbaz- juega un papel fundamental: esta unidad
centraliza millones de reportes sobre transacciones bancarias sospechosas y
tiene acceso a los datos fiscales de los mexicanos y las empresas, los
registros de comercio exterior, los expedientes judiciales y la información
corporativa, entre otros.
Según el GAFI, la UIF
tiene los “recursos y los conocimientos para recolectar y utilizar una gran variedad
de inteligencia”, pero “la diseminación espontánea (de inteligencia) relativa
al lavado de dinero y a otros delitos a la PGR es generalmente baja”.
En otras palabras: la
UIF genera una enorme cantidad de información -su base de datos tiene más de 650
millones de registros-, pero pocas veces la comparte con la PGR para que ésta
persiga los delitos -con una ineficiencia, además, de 98%-.
El GAFI observó que las
autoridades mexicanas no consideran a la corrupción como una amenaza importante
en materia de lavado de dinero; es decir, no dan prioridad a los delitos
perpetrados por servidores públicos, aun cuando surgieron casos muy sonados de
desvíos de dinero público en los últimos años.
Bazbaz renunció hoy a su cargo en la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público (SCHP) para sustituir a
Eugenio Ímaz Gispert -un hombre muy cercano a Miguel Ángel Osorio Chong, hasta
ayer secretario de Gobernación- en la dirección del Cisen.
Bazbaz fungió como procurador en el Estado de México entre
2008 y 2010, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
El 25 de mayo de 2010 renunció a ese cargo, apenas cuatro
días después de que la dependencia a su cargo informó que la muerte de la niña
Paulette Gebara Farah fue producto de un accidente. En ese entonces, su gestión
de la investigación fue severamente cuestionada.
Posteriormente, se dedicó a dar servicios de abogado y de
consultor en el sector privado, hasta que Peña Nieto lo nombró al frente de la
UIF en enero de 2013.
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