Ericka Guevara Rosas, directora de
Amnistía Internacional para América Latina, alertó que “otro caso como Ayotzinapa
podría darse en cualquier momento” en Guerrero y, en particular, en su capital
Chilpancingo, ante el grave contexto de tolerancia y de impunidad en que
ocurren las desapariciones forzadas.
Al señalar que “es
escandaloso que la impunidad por estas graves violaciones a derechos humanos
siga siendo la norma” en la entidad sureña, dio a conocer en un comunicado la
documentación de cinco casos de desaparición forzada ocurridos durante la
última semana de diciembre en Chilpancingo.
La investigación de la organización, encabezada por Madeleine
Penman, investigadora de Amnistía para México, confirmó la participación de policías municipales y ministeriales en la
desaparición de Alan Alexis Vélez y dos menores de edad, ocurrida el 27 de
diciembre pasado, así como en la desaparición de Jorge Arturo Vázquez Campos y
Eduardo Catalán Cabrera, el 30 de diciembre en la feria local.
Los primeros tres, aparecieron con
vida el 3 de enero con huellas severas de tortura, en tanto que los otros dos
jóvenes fueron encontrados en la vía pública ejecutados con un tiro en la
cabeza.
Guevara Rosas consideró que “trágicamente, la desaparición forzada de estos jóvenes es la última de
una larga serie de horrores ocurridos en el estado de Guerrero. Los signos
alarmantes de corrupción y terribles violaciones a derechos humanos permanecen
a la vista de todos y aquellos servidores públicos que negligentemente los
ignoran, son cómplices”.
De acuerdo con la información recabada por Amnistía, Alan Alexis y los dos adolescentes fueron
privados de su libertad por policías municipales y ministeriales durante siete
días. El 27 de diciembre fueron llevados a la estación de policía de
Chilpancingo y después “conducidos a una casa de seguridad y luego
transportados en un viaje tormentoso a Acapulco”, donde estuvieron en celdas
“al menos tres días sin acceso a comida y con el temor de ser asesinados”.
La organización señaló
que el pasado 3 de enero los tres jóvenes fueron retornados a Chilpancingo y
“arrojados con vida detrás de un supermercado local, presentando claros signos
de tortura y envueltos con cinta adhesiva de cuerpo y ojos”.
De acuerdo con la investigación de la organización
internacional, en el caso de los tres jóvenes “la policía los habría torturado con la intención de obtener
información, en concreto una ‘confesión’ ilegal”.
Sobre los otros muchachos, cuyos
cuerpos aparecieron el mismo 3 de enero en un lote abandonado, Amnistía contó
con indicios de que “habrían sido desaparecidos por policía municipal,
supuestamente en coordinación con el crimen organizado”.
“NADIE ESTÁ A SALVO”
En entrevista con Apro, la investigadora para México de la
organización internacional, Madeleine Penman, sostuvo que después de cuatro días de entrevistarse con autoridades del
Poder Judicial, de la Fiscalía General del Estado, de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos (Coddehum), así como con familiares de víctimas y tres
sobrevivientes, es posible afirmar que de la desaparición forzada en el estado
y en Chilpancingo en particular, “nadie está a salvo de ser víctima de crímenes
atroces, tocan a todos los sectores lo mismo marginados que privilegiados, es
alarmante”.
La investigadora destacó
que lo que más preocupa a la organización es la “impunidad casi absoluta” en la
que, no sólo no hay castigo para los responsables, sino que ni siquiera se
realizan investigaciones oportunas por parte de autoridades, ya que, en ambos
casos, aunque los familiares denunciaron los hechos de manera inmediata, no hay
evidencias de que las autoridades hayan tratado de dar con su paradero.
“Todos los casos se denunciaron ante
autoridades, todos tenían conocimiento de los hechos. En el caso de Jorge
Arturo y Marco Eduardo, los familiares denunciaron desde el primer momento y
hubo mucho ruido alrededor de estos hechos, que terminan en la presentación sin
vida de los chicos, con balazos en la cabeza, al parecer un tiro de gracia.
“Los tres sobrevivientes vivieron una
situación tremenda. Durante siete días estuvieron detenidos a manos de policía
municipal y con involucramiento de policía ministerial del estado de Guerrero,
sufrieron incomunicación durante varios días. A los familiares se les negaba
dar información del paradero a pesar de que los estaban buscando. Por los
testimonios de los sobrevivientes sabemos que la tortura incluyó técnicas de
asfixia, amenazas de muerte, desnudez forzada, golpes tan fuertes que aún hay
evidencias de moretones en sus cuerpos. Son indicaciones contundentes de
violaciones graves al derecho internacional”, comentó la defensora.
Madeleine Penman señaló que en Chilpancingo se vive un “clima de terror y destacó que en los casos
de los jóvenes que aparecieron ejecutados sólo hay un policía municipal
procesado, pese a indicios de más involucrados.
En tanto, en el caso
de los sobrevivientes, “todo indica que no ha se ha abierto carpeta de
investigación por tortura, pese a que desde el 3 de enero las autoridades
tienen conocimiento de los hechos, desde que aparecieron los chicos golpeados”.
Consideró que hay una
“grave demora cuando hay tiempos que se tienen que imponer, cuando estamos
hablando de huellas frescas que se tienen que analizar por medios forenses, que
se tienen que preservar las evidencias. Sin duda, la impunidad es lo que más
preocupa”.
La investigadora agregó que para Amnistía Internacional es lamentable que en casos de desaparición
“sean las familias las que se tienen que movilizar para que se esclarezcan los
hechos, cuando las autoridades del estado de Guerrero son los que deberían
esclarecer. En estos cinco casos, desde el primer momento hubo una fuerte
denuncia y movilización ciudadana importante, lo que permitió de alguna manera
que tres jóvenes aparecieran con vida y que de otros dos se supiera el destino
final”.
Sin embargo, destacó que
la norma en Guerrero es “la impunidad casi absoluta” pues, de acuerdo con datos
que les proporcionó la Coddehum, “desde 2002 a la fecha, ninguna recomendación
por desaparición forzada ha sido cumplida”.
Y puntualizó: “estamos
hablando de un ambiente de tolerancia, de evidencias fuertes de colusión de
autoridades con crimen organizado. Estamos hablando de un contexto de que en
cualquier momento pude fomentar o permitir otras desapariciones forzadas
masivas, incluso otro Ayotzinapa puede ser posible”.
Amnistía Internacional recibió reportes de las desapariciones
de dos jóvenes más durante el mismo periodo en Chilpancingo: la de Efraín
Patrón Ramos, ocurrida el 29 de diciembre y atribuida a policías municipales; y
la de Abel Aguilar García, cuyos familiares denunciaron su desaparición desde
el 25 de diciembre.
Ambos casos fueron denunciados ante la Fiscalía General del
estado de Guerrero, sin que se conozca su paradero ni se haya identificado a
los responsables.
En el comunicado de Amnistía Internacional, su directora
Ericka Guevara Rosas, resaltó que en estos casos es indispensable que las
autoridades garanticen “una investigación imparcial, pronta y exhaustiva que
establezca la totalidad de las circunstancias que apunta al involucramiento de
autoridades a todos los niveles en esas desapariciones forzadas, así como con
relación a los actos de tortura contra tres personas y la muerte de otras dos.
Mientras tanto, la seguridad de los sobrevivientes, familiares, y testigos es
primordial y deben ser protegidos”.
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