La empresa Woonter Well solo estuvo
activa tres años, pero fueron suficientes para ganar 24.2 millones de pesos en
contratos por sus servicios a autoridades estatales, municipales y partidos
políticos de Puebla.
En esos años
de bonanza lo mismo vendía botas para
policías al ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que equipaba escuelas,
vendía servicios de vallas publicitarias al gobierno de Puebla u ofrecía
servicios de logística para el Instituto de Cultura de la capital poblana.
A pesar de sus fructíferos contratos
con entidades de gobierno, incluido el Comité Directivo Estatal del PAN
poblano, la compañía Woonter Well, fundada en febrero de 2014 por dos mujeres,
Verónica Morales León y Araceli León Cruz, se disolvió el 25 de enero de 2017.
Un mes después, el 28 de febrero el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) recibió un documento de su oficina
en Veracruz, donde le notificaba la presunción de que Woonter Well era en
realidad una empresa de papel.
El pasado 26 de octubre la sospecha
se confirmó. La empresa apareció en un listado de 242 compañías y personas
físicas identificadas como fantasmas, publicado por el SAT en el Diario Oficial
de la Federación (DOF). Estas empresas no pudieron “acreditar activos, personal o infraestructura,
capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios”,
según el artículo 69B del Código Fiscal Federal.
La colonia
Ampliación Momoxpan está justo en el lindero entre dos municipios conurbados a
la capital poblana: San Pedro Cholula y Cuautlancingo. Ninguno de los dos tiene
altos niveles de marginación, pues son zonas de desarrollo habitacional medio y
residencial.
Pero el
desarrollo en esos dos municipios no es parejo. En Cuautlancingo, por poner un
ejemplo, 38 mil 756 personas, de las 103 mil 457 que ahí habitan, según la
medición de Coneval de 2010, viven en condiciones de pobreza.
Araceli León Cruz y su hija Verónica
Morales León viven en la calle Independencia de la Ampliación Momoxpan en un
terreno que comparten con otras cuatro familias. Entre 2013 y 2014 –no precisan la fecha– las registraron en un padrón
de Sedesol, y les dijeron que era para recibir un apoyo, pero dice Verónica,
“nunca nos hablaron ni nada para ese apoyo”.
Pero al poco tiempo las dos mujeres dieron de
alta una empresa en la notaría número 1 de la ciudad de Puebla.
La notaria Sandra Giovanna Rivero
Pastor registró la creación de Woonter Well SA de CV, una empresa especializada en la
compra y venta de productos de exportación, comercialización de software, en
resumen, como dice en su punto del objeto social: “La comercialización y
distribución de toda clase de insumos, así como la prestación de toda clase de
servicios”.
Incluso
servicios de desarrollo de campañas políticas, consultoría jurídica, publicidad
para ese tipo de campañas y estudios de mercado. La lista de actividades de su
objeto social es larga y amplia.
Verónica Morales quedó registrada en
el acta constitutiva –de la que tiene copia este portal— como directora general
de la empresa con el 70% de las acciones, y el resto quedó en manos de la
señora Araceli León.
De acuerdo
con 27 contratos y procesos de adjudicación consultados por Animal Político la
empresa ubicó sus oficinas en el número 4321, Torre 1 A del bulevar héroes del
5 de mayo, donde se ubica una empresa de oficinas virtuales.
Pero ni Verónica ni Araceli saben
nada de esa compañía. La única referencia que tienen es que hace unas semanas
le hablaron por teléfono preguntando por la empresa, “pero yo no sé nada de
eso, yo sólo firmé lo de Sedesol”, dice Verónica.
Araceli
confirma lo dicho, “¿usted cree que, si
tuviéramos esa empresa que dice, con esos contratos de millones, viviríamos
así?”.
No respondió
al INE
En junio de
2016, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado y representante del PRI en el
Consejo General del Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia
señalando un presunto rebase de tope de campaña de Antonio Gali Fayad, entonces
candidato a la gubernatura de Puebla.
En la investigación que inició la
Unidad de Fiscalización del INE el nombre de Woonter Well apareció como una de
las proveedoras de servicios de la campaña, específicamente para la rotulación
de autobuses de pasajeros.
El INE envió
un escrito a la empresa pidiendo información sobre la relación comercial con la
coalición Sigamos Adelante que postuló a Gali Fayad, montos, contratos y
servicios prestados, la empresa nunca
contestó el requerimiento.
El PAN estatal, que preside Jesús
Gilles, y que hasta el sábado pasado tuvo como secretaria general a Martha
Erika Alonso, esposa del exgobernador Rafael Moreno Valle, presentó documentos
para comprobar el pago de 850 mil pesos por la rotulación de 850 vehículos.
No fue la
única ocasión en la que Woonter Well vendió servicios publicitarios. En
noviembre de 2016 el organismo estatal Puebla Comunicaciones reconoció en una
solicitud de información que se le pagaron 957 mil pesos por un servicio de
“vallas” para promocionar las acciones de gobierno de la administración que
encabezó Rafael Moreno Valle.
¿Contratos
fraccionados?
El 4 de
noviembre de 2016, dos meses antes de que la empresa se disolviera, el Comité
Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee)
emitió el fallo de siete contratos, todos realizados bajo la modalidad de
licitación cerrada –invitación a cuando menos tres personas–, y por el mismo
concepto: suministro de mobiliario y equipo para un aula de medios para
bachilleratos ubicados en diferentes municipios poblanos.
En seis de
los siete contratos el monto fue exactamente el mismo: 1 millón 301 mil pesos,
en el séptimo la variación del monto fue mínima: 1 millón 323 mil pesos. Un
monto por debajo del tope de 1 millón 724 mil pesos que la ley de egresos de
Puebla del 2016 estipula para los contratos en la modalidad de adjudicación por
invitación.
El número de
expediente asignado por el sistema Compranet a los contratos del Capcee fue
seriado, del 263 al 269. Esto significa que los expedientes ingresaron uno
detrás del otro al sistema. En todos los casos el funcionario responsable fue
David Servando Rodríguez Sánchez de la Dirección de Desarrollo y Seguimiento
Operacional del Capcee.
Todos los contratos fueron asignados
a Woonter Well por un total de 9.1 millones de pesos.
De hecho, en 24 de los 28 contratos
que Animal Político pudo revisar, el proceso de adjudicación fue el mismo,
invitación a cuando menos tres proveedores. En los otros cuatro los documentos
consultados no detallan la modalidad de adjudicación.
Se disuelven
cuando ganaban millones.
Noviembre y diciembre de 2016 fueron
de los mejores momentos para la empresa; en esos dos meses obtuvo contratos por
11.7 millones, incluidos los 9.1 millones del Capcee.
El último de sus contratos lo firmó
el 8 de diciembre de ese año, cuando el ayuntamiento de Puebla le contrató una
serie de servicios de papelería e impresión, pero una semana después, el 17
diciembre, las socias Verónica Morales y Araceli León decidían entregar sus
acciones a Reyna Trinidad Ortega González y Salvador Conde Arbizu quienes de
inmediato iniciaron el proceso de disolución contratando al abogado José Karim
Velasco Esquivel como liquidador de la sociedad.
Aunque el
movimiento se hizo oficial hasta el 25 de enero que se registró el acta
notarial de la asamblea de socios.
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