Diputados del Movimiento Regeneración
Nacional (Morena) acusaron al precandidato presidencial de la coalición “Todos
por México”, José Antonio Meade Kuribreña, de plagiar literalmente su propuesta
para combatir la corrupción.
En
conferencia de prensa, la bancada de
Morena denunció que hace un año presentaron dicha iniciativa, misma que fue
negada por los legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
“[Meade] avienta una iniciativa de
combate a la corrupción, una iniciativa que el Grupo Parlamentario de Morena
presentó hace un año. Es la misma, que es la extensión de dominio del artículo
108 y la presentó el Diputado Virgilio Caballero”, dijo Rocío Nahle, coordinadora
parlamentaria del partido.
El ex Secretario de Hacienda tomó la
propuesta con los mismos términos, bajo las mismas condiciones, agregó Nahle. “Yo me imagino que no habrá impedimento del Revolucionario Institucional
para dictaminar en comisiones, porque ahora la presenta su precandidato”.
La Diputada también criticó que otra de las propuestas
de Morena que ha bloqueado el PRI y sus aliados es sobre la reconstrucción y
austeridad para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre.
“No es posible que el partido de
Meade actúe sólo en tiempos electorales. Urge que se apruebe la iniciativa para
apoyar a la gente”.
Este día,
José Antonio Meade presentó ante los coordinadores del PRI, Verde Ecologista
(PVEN) y Nueva Alianza (Panal) en el Senado y la Cámara de Diputados su
proyecto en materia de combate a la corrupción.
Meade es el
abanderado de un partido implicado en decenas de casos de corrupción cometidos
durante este sexenio, y eso le ha traído fuertes críticas.
“Para dar
una muestra clara de que hablo en serio, no voy a esperar a que termine la
elección para trabajar una iniciativa formal, que acabe de una vez con la
corrupción”, dijo hoy el aspirante presidencial.
“En vez de
prometer, hay que ponernos a trabajar. Voy a fondo contra la corrupción y la
impunidad”, agregó.
Como parte
de “su propuesta”, anunció reformas legales para confiscar el dinero,
propiedades y bienes de funcionarios corruptos, incluidos los que tengan
registrados a nombre de testaferros.
“El combate
efectivo a la corrupción requiere de un marco jurídico bien diseñado,
instituciones sólidas, eficaces y bien coordinadas que no rindan cuentas a los
políticos, sino permanentemente a la sociedad”, aseveró.
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