La mayoría priista en el Congreso
podría realizar un albazo y revivir el polémico “pase automático”, con el que
el titular de la Procuraduría General de la República (PGR) en funciones
llegaría a dirigir de manera automática la futura Fiscalía General de la
República (FGR), advirtieron hoy integrantes del Comité de Participación
Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
El abogado
Luis Manuel Pérez de Hacha, integrante del CPC, recordó que, si bien las cámaras eliminaron el pase automático de la
Ley Orgánica de la FGR en diciembre pasado, esta decisión aún no está efectiva:
requiere la aprobación de por lo menos 17 gobiernos estatales, y hasta la fecha
solamente tres entidades la respaldaron.
Por lo
tanto, el dictamen de ley sigue
virtualmente intocado, y si los priistas decidieran aprobarlo en su forma
actual, el texto entraría en vigor con todo y pase automático.
“Definitivamente la posibilidad existe,
no sería la primera vez en el régimen parlamentario mexicano que se diera un
albazo en un nombramiento”, insistió Pérez de Hacha, al añadir: “por lo tanto
nuestra amable petición al Senado de la República para que no apruebe la ley”.
Marieclaire
Acosta, integrante del CPC y presidenta del Comité Coordinador del SNA, estimó por su parte que este nombramiento
“podría tener consecuencias muy graves, no solamente para la procuración de
justicia en general, sino también para el SNA”.
El pase
automático fue una de las inquietudes acerca del SNA que Acosta y Pérez de
Hacha expresaron esta mañana en conferencia de prensa.
Los activistas insistieron en la
urgencia de reformar el artículo 102 de la Constitución para garantizar que la
futura FGR sea “autónoma y eficaz”, pero afirmaron que ello solo será posible
después del proceso electoral, pues “consideramos que la situación política en
este momento, la conformación de las cámaras de diputados y senadores, harían
inviable una reforma constitucional”.
Pidieron que se haga una convocatoria
amplia a un “foro nacional”, cuyo objetivo consistirá en determinar los
alcances de una FGR “verdaderamente independiente” y profesional, y definir el
perfil de su titular.
También denunciaron la opacidad en la terna de magistrados
anticorrupción que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado, sin
explicar con base en qué criterios elaboró su lista, y exhortaron los diputados
a designar el próximo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Los pasados
23 y 24 de febrero, los integrantes de los 20 comités de participación
ciudadana que ya operan en el país se reunieron con el CPC nacional en
Monterrey, donde constataron los “insatisfactorios resultados obtenidos hasta
ahora en el combate a la corrupción” así como el “atraso y el rezago en la
constitución de muchos sistemas locales anticorrupción”.
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