La organización civil
Ciudadanos Observando denunció penalmente a los diputados Josefina Salazar Báez
y Mariano Niño, ambos del Partido Acción Nacional (PAN), por cobrar supuestos
apoyos destinados al Congreso local a través de facturas de una empresa
fantasma.
Días atrás la
agrupación detectó el mismo modus operandi, con facturas emitidas por la
presunta proveedora Adriana Angélica Peredo Gómez –incluida en la denuncia que
ayer fue entregada en la Fiscalía General del estado (FGE)– a favor de los
legisladores Héctor Mendizábal Pérez, Enrique Flores y Héctor Meraz, también
panistas.
“Tan solo en el mes de
octubre de 2015, las facturas repartidas por estos cinco diputados representan
un daño por 327 mil 458 pesos, monto que se presume podría incrementarse hasta
los 5 millones de pesos si se revisan los meses siguientes”, señaló a Apro, vía telefónica, el
vocero de Ciudadanos Observando, Lupillo González.
Detalló que en el
Sistema de Administración Tributaria (SAT) fue posible verificar que las
facturas a nombre de Adriana Angélica Peredo fueron cobradas el 28 de octubre
de 2015 (un mes después de que entraron en funciones los cinco diputados) y
canceladas por esa misma persona el 29 de febrero de 2016, luego de que
Ciudadanos Observando hizo pública la irregularidad.
Los recursos recibidos
por los diputados se quedaron sin soporte documental, lo que generó “un daño al
erario”, por lo que los diputados tendrían que devolver el dinero, señaló Lupillo González.
En una primera búsqueda en el Congreso local, la organización civil, que se enfoca en la
transparencia de la función pública, encontró una serie consecutiva de facturas
expedidas a Héctor Mendizábal, Enrique Flores y Héctor Meraz, para justificar
“apoyos legislativos” presuntamente pagados por mensajería, gestoría y apoyo
administrativo.
En una siguiente revisión vía transparencia, “en la que nos
pusieron trabas, nos tardaban la respuesta y no nos daban la información”, se detectaron facturas que correspondían a
la misma numeración consecutiva, pero esta vez para los diputados Josefina
Salazar y Mariano Niño Martínez.
Este último ha sido
señalado por Ciudadanos Observando y otras organizaciones civiles, de utilizar
la identidad de distintas personas que le solicitaron apoyos, para gestionar
recursos autorizados por la Junta de Coordinación Política del Congreso local.
Los recursos nunca llegaron a manos de las personas que supuestamente los
habían pedido para la compra de cisternas y materiales de construcción, según
los oficios que el legislador entregaba.
Incluso, en noviembre de 2016, Niño Martínez se valió de la identidad de una persona ya fallecida para
cobrar 86 mil pesos para despensas, y hasta reportó a la Junta de Coordinación
Política una carta en la que el beneficiario “agradecía” la ayuda recibida, aunque
éste en realidad había muerto un mes atrás.
Las facturas que en su
momento utilizó Josefina Salazar para supuestamente comprobar apoyos
legislativos son la 99, 100 y 101, mientras que Mariano Niño presentó los
folios 105, 106 y 107, todas consecutivas a las utilizadas por los diputados
Héctor Mendizábal, Enrique Flores y Héctor Meraz (102, 103 y 104,
respectivamente).
“Esto demuestra una
acción colectiva, planeada y ejecutada”, advirtió el vocero de Ciudadanos Observando, quien exigió a
la FGE responder con una investigación a fondo que deslinde las
responsabilidades en que incurrieron los legisladores y la presunta proveedora.
La organización
verificó el domicilio fiscal de Adriana Angélica Peredo Gómez en la calle
Tinaja 110 de la colonia Las Julias de esta capital potosina. Allí encontró al
esposo de la mujer, quien declaró que vendían las facturas a cambio de una
comisión del 8% de lo facturado.
“Hay una asociación
delictuosa entre los diputados y la persona que les vendió las facturas. Por
eso pusimos la denuncia y esperamos respuesta de la Fiscalía”, concluyó Lupillo González.
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