El juez de Control Alejandro Legarda
Carreón realizará en la ciudad de Chihuahua una audiencia de debate por la
competencia del caso del homicidio de la periodista Miroslava Breach.
La Fiscalía
Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) solicitó la atracción del caso, y
el juez de distrito especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Javier
Antonio Mena Quintana, resolvió la procedencia de la atracción, mientras que el
gobernador Javier Corral confirmó la semana pasada que el Poder Ejecutivo
estatal decidió no impugnar.
Corral señaló que la Feadle ha sido
la más ineficaz de las fiscalías con las que cuenta la Procuraduría General de
la República (PGR). “No sé en qué hecho se funda el optimismo para que la
Fiscalía resuelva ese caso”, sentenció.
El
gobernador también destacó que la
Fiscalía General de Chihuahua ha tenido resultados importantes y también
consideró que la “politiquería” afectará el caso de Miroslava, y por lo tanto
pierde no sólo la familia, sino los periodistas y toda la sociedad.
Igual aseveró que este caso es la única investigación
de homicidios contra periodistas que ha avanzado, e insistió en que el único
detenido que hay hasta ahora, Juan Carlos Moreno Ochoa “El Larry”, es el
principal instigador del crimen, material e intelectual.
Javier
Corral dijo a medios locales que la PGR
abrió una carpeta de investigación del homicidio de la corresponsal de La
Jornada, el 27 de mayo de 2017, y nunca se conocieron las actuaciones legales,
a pesar de que se solicitaron cuando en Chihuahua se abrió el periodo de
investigación complementaria, una vez que se vinculó a proceso a Moreno Ochoa.
“No sólo no
nos dieron copia, la pregunta me permite
informar que la PGR nos respondió mediante oficio que no tenía interés en
investigar el asesinato”.
Hoy, la organización que lleva la representación
legal de los hermanos de Miroslava Breach, Propuesta Cívica, manifestó su
preocupación sobre el curso que podría tomar el caso, para definir la
competencia, lo que dilatará más la investigación y la justicia.
Junto con la
organización Reporteros sin Fronteras, informó
que la audiencia del caso será este viernes 27, por lo que fueron convocados
los hermanos de la periodista, su hijo mejor y los asesores jurídicos.
Esta
situación, abundó, “genera preocupación
y desconcierto, pues en caso de que el juez local Alejandro Legarda Carreón
sostenga su competencia, oponiéndose a lo resuelto por el juez federal, que
determinó su competencia para conocer del caso el 11 de abril, esto repercutirá
gravemente en el desarrollo de la investigación y el proceso penal, debido a
que se retrasaría sin fundamento legal la entrega de la carpeta de
investigación a la Feadle”.
También denunciaron que, hasta ahora, ni las
víctimas ni el imputado, ni la misma Feadle, tiene la carpeta de investigación
completa, porque la Fiscalía se ha negado a darles acceso.
“Tratándose de las víctimas, fue
hasta el 12 de enero de 2018 (casi diez meses después del asesinato) que la
Fiscalía estatal otorgó copias incompletas de la investigación y con avances
hasta el mes de noviembre de 2017, por lo que, tanto las víctimas como sus
asesores desconocen de manera íntegra la investigación.
“(…) la autoridad estatal ha
desacatado un mandato judicial, ya que desde el 4 de abril de 2018 el propio
juez Alejandro Legarda Carreón ordenó a dicha Fiscalía entregar copias
completas de la investigación, tanto a las víctimas como al imputado, orden que
Erick Alejandro Rangel, coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos
contra la Vida, incumplió con el único argumento de que ‘el juez no era dueño
de su agenda y no tenía tiempo de entregar las copias’, abonando otra violación
más a los derechos fundamentales de las víctimas y al debido proceso”, denunciaron las organizaciones.
Para
Propuesta Cívica y Reporteros Sin Fronteras la determinación del juez federal, anunciada el 11 de abril pasado, es
un avance importante en el caso, ya que es parte del acceso a la justicia y el
derecho a conocer la verdad que le pertenece a los familiares de Miroslava, y a
la sociedad en general.
“Lamentablemente advertimos que las
autoridades locales insisten en seguir ocultando la investigación que han
presumido de ‘ejemplar’. Reconocemos desde luego el trabajo realizado por la
Fiscalía local para la identificación y detención de un imputado, ahora en
prisión preventiva oficiosa, pero no es suficiente, resulta necesario abrir
nuevas líneas de investigación que la autoridad se negó a realizar por
considerarlas innecesarias”, agregan en un comunicado emitido hoy.
El fiscal general César Augusto
Peniche Espejel ha informado que la investigación ya está completa y no hay
otras líneas de investigación que perseguir, sostienen las organizaciones en su comunicado, “pero hay más responsables a quién dirigir
la investigación. En la pirámide criminal del asesinato de Miroslava, la
Fiscalía señala solamente a tres responsables, ni uno más”.
También indican que desconcierta el interés
desmedido con que las autoridades locales quieren ocultar la investigación que
han presumido de ejemplar.
“¿A qué le teme la Fiscalía
chihuahuense, si su trabajo es ejemplar?”, cuestionan.
Por ese motivo, piden la intervención
de la Feadle, porque es la única fiscalía en el país que tiene las facultades y
la especialización para investigar los crímenes contra periodistas.
Ambas
organizaciones hicieron un llamado al
juez de Control, Alejandro Legarda, a que se conduzca con legalidad e
imparcialidad, sin oponerse a la competencia federal, a fin de que no se
entorpezca o dilate el proceso penal y no se violenten los derechos de las
partes.
Asimismo, reclaman transparencia y justicia para que
el caso no siga impune y que su decisión sea motivada en el estricto apego a la
ley, al respeto y protección de los derechos humanos.
A la FGE le exigieron que deje de
obstruir el derecho de las víctimas y permita que el Poder Judicial haga su
trabajo de manera autónoma y apegado a derecho, sin presiones de ninguna
especie.
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