La falta de planeación, transparencia
y competitividad son los principales factores que determinan que un proyecto de
infraestructura tenga o no un sobrecosto superior a 25 por ciento o se demore
más de lo permitido por la Ley de Obra Pública; por lo cual, analistas ven con optimismo el planteamiento del Presidente electo,
Andrés Manuel López Obrador, de que éstos se sujeten a la legislación.
El pasado
domingo, López Obrador afirmó que
durante su gestión las licitaciones para proyectos de infraestructura estarán
apegadas a la ley, por lo que participarán empresas que se sujeten por ley a
cumplir con las fechas y los costos pactados inicialmente.
“Las empresas que tengan obras
tiradas; es decir, que hayan dejado obras en proceso o que no hayan cumplido,
no van a poder participar en las licitaciones de proyectos”, acotó el Presidente electo en
Villahermosa, Tabasco.
En este sentido,
el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco) recordó que si bien el sobrecosto de las obras es uno de los
factores que más aqueja a la industria, la actual ley de obras permite un
margen de maniobra en costo y tiempo de alrededor de 25 por ciento.
En
entrevista Ricardo Corona, director jurídico del Imco precisó que ese incremento de costos se permite por temas específicos
externos a la obra en sí; por ejemplo,
aumentos en las tasas de interés o volatilidad en el tipo de cambio; no
obstante, mencionó que aunque la ley permite este margen de maniobra, en muchas
ocasiones este factor en vez de ser la excepción, termina siendo la regla.
Mencionó que el planteamiento es
positivo, siempre y cuando se cumplan con las condiciones básicas de
competitividad y transparencia que se necesitan para estas acciones.
Corona aseguró que se deben tener procesos
abiertos de licitaciones, así como un manejo adecuado de las finanzas públicas
y planeación para que se cumpla con la responsabilidad de eliminar la
discrecionalidad que hay en los procesos licitatorios.
Sin embargo,
el especialista refirió que si bien
estos temas son importantes, se debe tomar en cuenta que los planteamientos del
próximo Presidente no se deben quedar sólo en declaraciones, sino que se
tendrán que puntualizar las consecuencias que conllevará continuar con una
problemática que aqueja al sector infraestructura desde hace tiempo.
Cabe recordar que varias
organizaciones civiles han denunciado que los sobrecostos en la mayoría de los
programas de infraestructura en el país se elevan por arriba de 70 por ciento.
En este
tenor, Eduardo Ramírez Leal, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria
de la Construcción (CMIC), comentó que
como representante de más de 12 mil empresas, este pronunciamiento les da
tranquilidad, pues el gremio siempre ha pedido que se tenga libre y real
competencia.
“Si se trata de premiar a empresas
que han cumplido con la ley, eso está muy bien, pero si se trata de empresas
que no han cumplido o que han dejado obras tiradas, que no son formales, ésas
nos hacen una competencia desleal, por eso creemos que no hay mucho qué
inventar, pues tenemos una ley que es muy clara”, destacó el empresario.
No obstante,
coincidió con el IMCO en que más allá de
las prácticas desleales que genera la discrecionalidad en los procesos de
licitación, se tiene otro factor que complica desde el origen la entrega de los
trabajos y el costo de los mismos.
La planeación, dijo, está bien
sustentada en la Ley de Obras; sin embargo, en
muchos proyectos, aún ni se cuenta con un proyecto ejecutivo concluido, cuando
las obras ya han comenzado; lo cual se da principalmente en situaciones en las
que se utiliza el anuncio de obras para términos políticos.
“No pueden ser un gusto o una
ocurrencia de un personaje, tienen que ser proyectos estudiados en todos los
aspectos, desde el punto de vista técnico, financiero, social, en materia de
efectos económicos; todo esto tiene que hacerse antes de arrancar una obra,
para que quienes ganen las licitaciones, sepan que tienen que cumplir con
calidades, con tiempos y costos”, apuntó.
Comentó que al contar con una ley tan
específica, responde a una situación planteada con anterioridad por parte de la
industria, quienes han exhortado a las autoridades “piso parejo” para todas las
compañías.
“Pareciera que se concentra el
ejercicio de las obras en unos cuantos”, refirió.
Se debe tener un manejo adecuado de
las finanzas públicas y planeación para que se pueda eliminar la
discrecionalidad en los procesos de licitación que se realizan.
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