Baja California, Chiapas, Estado de
México, Michoacán y Oaxaca han manejado de manera irregular 3 mil 27 millones
de pesos del presupuesto que recibieron para el Seguro Popular, lo que
significa una violación al derecho a la protección de la salud, advierte el
estudio
“Irregularidades financieras del Seguro Popular”, realizado por la organización
Impunidad Cero.
La
investigación, encabezada por Julio Copo, demuestra,
además, que el esquema de financiamiento del Seguro Popular fomenta el desvío
de recursos y favorece la discrecionalidad, debido a que los recursos son
entregados a los estados a través del Ramo 33 del presupuesto, lo que hace más
difícil verificar su correcta aplicación.
Por tanto, “mientras en la administración de los
recursos del Seguro Popular prevalezca la opacidad con respecto al destino
último de éstos por parte de los estados, y no se publiciten adecuadamente las
acciones correctivas tanto de índole penal como administrativo para sancionar a
los responsables de su malversación, prevalecerá la repetición sistemática de
la impunidad en perjuicio de todos los mexicanos”, dice el estudio.
El análisis,
que será presentado este martes 16 de octubre, recomienda que los recursos del Seguro Popular sean transferidos a los
estados, en su totalidad, desde la Comisión Nacional de Protección Social en
Salud (CNPSS) hacia los Regímenes Estatales de Protección Social en Salud
(REPSS), para evitar la opacidad.
También urge a la puesta en marcha del Sistema
Nacional Anticorrupción, y particularmente la designación del fiscal
especializado, toda vez que actualmente el limbo en el que se encuentra el
sistema “solamente genera mayor incertidumbre jurídica”.
Las
irregularidades.
La
investigación seleccionó a cinco
entidades gobernadas por distintos partidos, para evitar la interpretación de
un posible sesgo político, y para resaltar que la malversación del presupuesto
del Seguro Popular es una práctica generalizada en mayor o menor medida por
parte de los estados; se trata de un programa que, solo en 2017, recibió 167
mil millones de pesos de presupuesto.
Chiapas es la entidad con el mayor monto de
irregularidad, de acuerdo con la auditoría financiera y de cumplimiento
realizada por la Auditoría Superior de la Federación en 2016.
Según la
Auditoría, Chiapas manejó 948 millones
de pesos de forma irregular porque la entidad no realizó registros específicos
del presupuesto de ese año, y no se pudo identificar los traspasos a otras
cuentas.
Además, dejó de aplicar recursos correspondientes
al programa, y tampoco reportó ante el SAT el ISR retenido a los trabajadores
de febrero a diciembre 2016.
La entidad, gobernada por Manuel
Velasco, tampoco presentó evidencia documental del pago correspondiente de las
aportaciones de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, de 2016.
Michoacán fue la entidad con más irregularidades y
por un monto que ascendió a 927 millones de pesos. El estado, gobernado por
Silvano Aureoles, no entregó documentos que comprobaran el gasto, “por lo que
se refleja un faltante en las cuentas bancarias del programa”.
Tampoco proporcionó evidencia de la
formalización de 2,009 contratos de personal correspondientes, ni la firma del
trabajador y el titular de los servicios de salud de Michoacán en 359
contratos. Mil 801 contratos tienen sello del delegado administrativo, en lugar
de la firma autógrafa del titular de los servicios de salud de Michoacán.
A esto se
suma que se detectaron pagos a personal
que no desempeñaban las funciones para las que fue contratado. Y el estado
adquirió medicamentos a un precio superior al de referencia.
En tanto, el Estado de México tuvo un manejo
irregular por 820 millones de pesos debido a que la entidad, encabezada en 2016
por Eruviel Ávila, gastó el presupuesto “sin proporcionar documentación
justificativa y comprobatoria que acredite la aplicación de los recursos de la
Cuota Social y Aportación Solidaria Federal”, y tampoco pagó el ISR entre
octubre y diciembre de 2016, según la Auditoría.
Baja California y Oaxaca utilizaron
de manera irregular 155 millones y 175 millones de pesos, respectivamente, de
acuerdo con las auditorías analizadas en 2016.
Oaxaca gastó el presupuesto del
Seguro Popular “sin proporcionar documentación justificativa y comprobatoria”
de que se hubiera aplicado para los objetivos del programa. Tampoco comprobó
las erogaciones realizadas por medicinas y productos farmacéuticos, gasto
operativo de unidades médicas, acciones de prevención y promoción de la salud,
pagos a terceros por servicios de salud y apoyo administrativo.
En Baja California transfirieron los
recursos del Seguro Popular a otra cuenta bancaria del ejecutor, y no
proporcionó documentación que acreditara su destino ni su aplicación a los
fines del programa.
La entidad renombró algunas de las
percepciones de la nómina de los trabajadores de los servicios de salud que son
gravadas por la Ley del ISR y las cambió por percepciones exentas, “lo cual generó una exención del
impuesto”. Y tampoco presentó documentación comprobatoria y justificativa
correspondiente al pago de medicamento adquirido.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario
Gracias por tu comentario.