La Comisión
Nacional del Agua (Conagua) informó que
postergó la entrada en vigor durante seis meses del nuevo sistema Conagua
Digital. La decisión se debió no a las protestas que se generaron en torno a
este sistema, sino, argumentó la Comisión, debido a que no todos los usuarios
de aguas nacionales cuentan con su Firma Electrónica Avanzada (FIEL) necesario
para realizar el trámite para la obtención de concesiones en línea.
El pasado 11
de octubre, diversas organizaciones
sociales denunciaron que Conagua pretendía “abrir las aguas nacionales a su
masiva privatización a través del otorgamiento automático e incondicional de
las concesiones” por internet hasta que se agoten, con este nuevo sistema que
entraba en vigor hoy.
Ayer, Mario
Delgado, coordinador de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) en la Cámara de Diputados, exigió al titular de la Conagua, Roberto
Ramírez de la Parra, que suspendiera la entregada en vigor del sistema en línea
debido a que, acusó, éste “acelera el proceso de privatización de este recurso
natural”.
Hoy, en un
comunicado, la Conagua informó:
“Debido a que el nuevo sistema
Conagu@-Digital requiere de manera obligatoria contar con la FIEL, emitida por
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), y que algunos de los usuarios
de aguas nacionales no cuentan con ella, hoy se decidió emitir un acuerdo para
postergar el inicio de operaciones del sistema por seis meses, con el fin de
permitir a todos los usuarios que no cuenten con ella realizar los trámites
necesarios para obtenerla”.
Además, la Comisión justificó que Conagua Digital
no reduce ni cambia el procedimiento de los trámites establecidos en la ley, ni
otorga en automático concesiones de aguas nacionales.
“Lo que hace es digitalizar el
proceso para dar una mejor y más rápida respuesta a las solicitudes de los
usuarios, fortalece la transparencia y lleva un mejor control de la
disponibilidad del agua. Todo ello con base en el artículo 84 de la Ley General
de Mejora Regulatoria, que estipula que los trámites previstos en leyes podrán
ser simplificados mediante acuerdos generales que publiquen los titulares de
las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el Diario
Oficial de la Federación”, dijo.
“Esta plataforma mantiene todos los
requisitos contemplados en la Ley de Aguas Nacionales, por lo que no altera el
procedimiento para la obtención de concesiones, solo lo digitaliza y reduce
tiempos de respuestas”, recalcó.
Conagua informó también que “para facilitar” que los
usuarios tengan la FIEL estableció una coordinación con el SAT a fin de que
puedan llevar a cabo el trámite a través de las oficinas de la comisión.
Para las
organizaciones Agua para Tod@s, Agua para la Vida, la Asociación Nacional de
Abogados Democráticos y la Central Cardenista Campesina, con este nuevo sistema, Conagua pone en disposición automática
concesiones de aguas nacionales hasta agotar existencias.
En una conferencia la semana pasada
expusieron que una de las consecuencias de este sistema sería la “privatización
inmediata” de las aguas nacionales “vulneradas” luego de que el Gobierno
mexicano emitiera en junio pasado un total de diez decretos para suprimir vedas
existentes en 295 de las cuencas hidrológicas del país, por ello, en su momento,
investigadores y académicos especialistas en materia urgieron a Peña Nieto a
abrogarlos.
En un
comunicado, ayer el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, acusó que ese acuerdo “busca sospechosamente trasladar
beneficios públicos a particulares a unos días del cambio de Gobierno”.
“Este acuerdo maximiza los efectos
privatizadores sobre el agua de los diez Decretos emitidos por el presidente
Enrique Peña Nieto el pasado 6 de junio, pues va a permitir que las concesiones
puedan realizarse de manera sumamente rápida y sin sustento técnico”, alertó Mario Delgado.
El legislador aseguró que este nuevo
sistema en línea no garantiza la presentación de estudios técnicos que avalen
el aprovechamiento sustentable del agua y que señale la no afectación al medio
ambiente y detalló que con esta “simplificación administrativa” se podría
reducir a un “mero trámite burocrático” el respeto al derecho al agua.
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