Organizaciones y autoridades
indígenas de la Montaña de Guerrero impugnaron la reforma a la Constitución de
la entidad que criminaliza a las policías comunitarias.
Este martes,
en representación de los quejosos, la síndica procuradora del municipio de
Malinaltepec, Evangelina Martínez Bernardo, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN) contra la modificación al artículo 14 de la
Constitución de Guerrero, sobre derechos y cultura indígena, promovida por el
gobernador, Héctor Astudillo Flores, y aprobada por la mayoría en el Congreso
de la entidad el pasado 17 de agosto.
El alcalde
de ese municipio indígena, Abel Bruno Arriaga, explicó que la inconformidad con la reforma constitucional local se
debe a que “viola los derechos de los pueblos indígenas, a su derecho a la
libre determinación el derecho a organizarse internamente, a que sean efectivos
sus sistemas normativos indígenas y prácticamente consiste en que desaparece
del texto constitucional local la policía comunitaria, cuando ya era un avance
significativo en la lucha de los pueblos indígenas en el estado de Guerrero”.
Vidulfo
Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan, -organización que asesora a las autoridades indígenas en la
controversia constitucional-, explicó
que en el texto constitucional local de 2014 “se reconocía la policía
comunitaria en tareas de seguridad pública y de prevención del delito”,
dándoles así sustento jurídico a la Ley 701 de Reconocimientos de Derechos y
Cultura Indígena, emitida en 2011.
No obstante,
apuntó que, con la reforma
constitucional promovida por Astudillo Flores, al desconocerse la existencia de
la policía comunitaria, “se abroga de facto la ley 701, lo que significa una
regresión al principio de progresividad”.
Rosales agregó que entre los alegatos presentados a
la SCJN destaca que en la reforma no hubo consultas apegadas a los estándares
internacionales fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que
“establecen que la consulta debe ser previa, informada, adecuada y accesible”.
Sin embargo, siendo que los afectados por esa reforma
eran los 200 pueblos indígenas en los que opera la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC), las consultas nunca
llegaron a las comunidades, sino que “se trató de foros abiertos, a los que no
fue invitado el destinatario de la reforma que era la CRAC-PC, lo que hace esa
consulta violatoria a la Constitución y a los tratados internacionales”.
El abogado destacó que el marco normativo abrogado fue
en su momento reconocido por el Poder Judicial de la Federación, que permitió
la liberación de policías comunitarios detenidos durante el gobierno de Ángel
Aguirre Rivero.
El diputado
federal por Morena, Rubén Cayetano, agregó
que la reforma constitucional promovida por Astudillo “deja en estado de
indefensión a los pueblos indígenas, los deja al margen de la ley”.
Al recordar que, pese a tener
sustento jurídico han sido detenidos integrantes de la CRAC-PC, como en su
momento fue la actual senadora Nestora Salgado, “sin esta ley será
criminalizado el uso de los sistemas normativos de los pueblos indígenas”.
Sabás Aburto
Espinobarros, vocero de la CRAC-PC,
sostuvo que la controversia constitucional es respalda por 450 pueblos de seis
organizaciones indígenas que, antes de la reforma, habían presentado propuestas
al Congreso local para realizar modificaciones a la constitución local y a la
Ley 701, pero no fueron tomadas en cuenta.
Juan Orta
Cruz, consejero de la CRAC-PC de San Luis Acatlán, resaltó que el temor de ser “perseguidos y hostigados” está latente, ya
que “a pesar de que hay 20 agrupaciones armadas civiles en Guerrero, algunas
señaladas de estar involucradas con el narcotráfico y otras infiltradas, la
CRAC-PC, que es la única reconocida legalmente, es la más reprimida”.
En la entrega de la documentación,
también acompañaron a las autoridades de Malinaltepec, los diputados federales
Idalia Reyes Miguel y Manuel Huerta Martínez, así como el director del
Tlachinollan, Abel Barrera Hernández.
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