La
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) pidió a México que preste atención a
las informaciones en la prensa sobre presuntos casos de corrupción
transnacional que implican a empresas e individuos de su país.
En su
informe de supervisión sobre cómo se aplica su Convención contra la Corrupción
Transnacional de Funcionarios Extranjeros presentado hoy, la OCDE recomienda que México adopte “urgentemente” medidas para tener
en cuenta lo que revelan los medios de comunicación internacionales.
En concreto,
sugiere que las embajadas deberían
ocuparse de hacer ese tipo de búsquedas y traducir las informaciones de los
medios extranjeros cuando contienen alegaciones de que empresas mexicanas han
corrompido a individuos.
Esta propuesta inédita parte de la
constatación de que en México sólo se están investigando actualmente cuatro
casos, y todos ellos fueron señalados por el grupo de trabajo contra la
corrupción de la OCDE porque los vio publicados en la prensa.
De hecho, el
grupo de trabajo considera que la
situación de la lucha contra la corrupción transnacional en ese país genera
“serias preocupaciones”, sobre todo teniendo en cuenta que en los 19 años que
la convención para combatir ese fenómeno lleva en vigor no se ha instruido un
solo caso.
Esa preocupación se justifica
teniendo en cuenta la importancia de las exportaciones mexicanas en sectores de
“alto riesgo de corrupción” como la industria extractiva, la producción
manufacturera y los productos agrícolas.
Para el
conocido como “club de los países desarrollados”, que ha terminado la cuarta
fase de evaluación de cómo se aplica su convención, México tiene que dar “más prioridad” a la lucha contra la corrupción
transnacional.
México no es
el único país que no ha instruido ningún caso en el marco de ese convenio, ya
que eso mismo ocurre en 22 de los 41 que lo han ratificado.
Pero es el país de la organización en
el que hay una mayor percepción de corrupción, según el índice que elabora
Transparencia Internacional, que la OCDE reproduce en su estudio.
Sus autores
reconocen que se han llevado a cabo una serie de reformas que han conducido a
la creación del Sistema Nacional Anticorrupción y reconocen que una vez
enteramente desplegadas “podrían reforzar” la aplicación efectiva de su
convención.
Formulan una lista de recomendaciones
para la puesta en marcha urgente de esas reformas, que incluyen la designación
de un fiscal especial anticorrupción, el nombramiento de jueces en el Tribunal
Federal de Justicia Administrativa, del Fiscal General, y aplicar el nuevo
protocolo anticorrupción.
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