La Auditoría Superior del Estado (Aseg)
llevará a cabo una revisión específica del gasto en publicidad en el último año
de la administración del gobernador Miguel Márquez Márquez, a través del área
de la Coordinación General de Comunicación Social que encabezó en ese periodo
Enrique Avilés Pérez, por la detección de posibles irregularidades que
derivarían en actos de corrupción.
Algunas de las anomalías enunciadas
se refieren a la asignación de contratos a FBM Comercializadora, una empresa
reportada por el SAT que trianguló publicidad en periódicos de la cadena OEM
por varios millones de pesos, así como el incremento injustificado de más del
250 por ciento en el gasto publicitario del gobierno de Miguel Márquez en los
últimos 4 años, lo que significaría un sobre-ejercicio según la Cuenta Pública.
Durante
2017, el gobierno de Márquez destinó a
publicidad casi un millón de pesos diarios.
También se menciona la contratación sin
justificación de publicidad en medios que no son proveedores del gobierno del
estado, o cuyo ranking es mínimo, así como personas físicas con páginas que no
tienen actividad y contribuyentes no localizados o empresas “fantasma” o de
otras entidades que tampoco aparecen en el padrón de proveedores de las mismas.
La auditoría
recibió una denuncia interpuesta por el
periodista Arnoldo Cuéllar, que pidió a la ASEG revisar el manejo de la
publicidad oficial en el último año del gobierno de Miguel Márquez Márquez.
El 28 de
agosto, el director general de asuntos
jurídicos de la ASEG requirió al entonces director de Comunicación Social un
informe sobre los hechos que se le imputaron, mismo que Enrique Avilés Pérez
remitió el 18 de septiembre.
El informe incluyó una serie de
capturas de pantalla, contratos y facturas. Sin embargo, para la ASEG esto fue
considerado insuficiente para aclarar los puntos referidos en la denuncia,
puesto que “no fueron relacionados ni enunciados en el informe correspondiente
con los hechos concretos con los que se pretendían desvirtuar, a efecto de
formar convicción en esta resolutoria”.
Por ello, la ASEG advirtió “que hay elementos que
hacen necesaria la revisión de los hechos denunciados”.
Así, el gobierno del estado deberá presentar los
libros de registro contable con el objetivo de que se pueda llevar a cabo la
fiscalización del “proceso de planeación, programación, presupuestación,
ejecución y cumplimiento de los contratos y demás actos relacionados con los
hechos denunciados”.
De acuerdo
con el dictamen emitido para el expediente ASEG/DGAJ/09/2018, se aportaron las pruebas suficientes, tanto
notas periodísticas como documentos oficiales que fueron considerados como
“elementos probatorios” para llevar a cabo una revisión de los hechos
denunciados.
Varios de estos documentos de prueba
fueron resultado de solicitudes de información vía Transparencia realizadas por
la periodista Kennia Velázquez, de las que resultaron numerosas inconsistencias
entre contratos, montos, contenidos publicitarios y testigos de lo que se
difundió como publicidad oficial del gobierno del estado.
Algunos de
los informes oficiales arrojaron que la
empresa FBM Comercializadora había recibido contratos por más de 5 millones de
pesos a pesar de estar boletinada por la Secretaría de Hacienda, ante la
“presunción de actividades inexistentes”, y de ser investigada por el Comité de
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
FBM recibió esa suma millonaria para
contratar publicidad en periódicos de la Organización Editorial Mexicana (OEM),
a pesar de que de manera directa, la cadena había recibido contratos del mismo
gobierno de Guanajuato por 24 millones de pesos, sólo entre 2016 y 2017.
La empresa tampoco tenía el domicilio
fiscal en el sitio donde lo reportó.
Por esta y
otras anomalías, el 15 de agosto se
presentó la denuncia de “investigación de situación excepcional”, que se da
cuando se presume un daño a la hacienda pública.
Por este
mismo caso, se presentó una queja ante
el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción.
Además, se solicitó a la Procuraduría de los
Derechos Humanos del Estado iniciar un proceso en contra del coordinador de
Comunicación Social de Guanajuato, Enrique Avilés Pérez, por atentar contra el
derecho humano a la información, por discriminación y por vulnerar el ejercicio
del periodismo y el interés público.
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